Pasó desapercibido para todos menos para los interesados. El viernes caducó el pedido de juicio político que impulsó el kirchnerismo contra los entonces cuatro miembros de la Corte. Aquella embestida iba, sobre todo, dirigida contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, quien se jubiló a fines de diciembre. La nómina también incluía a Ricardo Lorenzetti, cuyos colegas siempre sospecharon que estaba al tanto de la ofensiva que comandaron los diputados Rodolfo Tailhade (ex funcionario de inteligencia), Leopoldo Moreau, que mutó de ser fervoroso alfonsinista a ultracristinista de alta intensidad, y el inoxidable Eduardo Valdés, que siempre da el presente en este tipo de operaciones.
Aquella movida fue política, por supuesto, para presionar a la Corte por la situación de Cristina Kirchner y para abrir camino a un cambio de régimen judicial, dividiendo al Supremo Tribunal en varias salas. El entonces autodenominado experto en derecho, Alberto Fernández, dictaba cátedra desde la Casa Rosada. El kirchnerismo sabía que carecía de número en el Congreso para avanzar más allá del dictamen pero optó por el ruido político y la tensión.
El viernes, formalmente, aquel pedido de destituir a los jueces, o al menos algunos, concluyó.
Ahora, la Corte tiene nombrados en comisión otros dos miembros, Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, después de reiterados y frustrados intentos de obtener en el Senado la mayoría necesaria para que sus pliegos sean aceptados. Javier Milei se creyó el relato de Lorenzetti, el armador de esta maniobra, de que el candidato más complicado -Lijo- tendría los votos necesarios, y esperó hasta el final. Como ese milagro no ocurrió, y con el escándalo cripto creciendo como bola de nieve, metió a los candidatos por decreto.
Manuel García-Mansilla juró en “comisión” y se integró a los restantes tres miembros. Inmediatamente se instaló en el despacho que había ocupado Maqueda, comenzó algunas refacciones para adecuarlo a su estética, y mantuvo como secretaría a la que revistaba a las órdenes del jurista cordobés, se supo en Tribunales.
Rosatti y Rosenkrantz, y Lorenzetti obvio, se adelantaron a la versión de que si se resistían a tomar juramento a los dos nuevos miembros, lo haría Milei. El choque sería tan sonoro como peligroso.
Queda pendiente el juramento de Lijo, juez que ha sido fuertemente resistido y que, se dice, tiene apoyo en el fuero federal. Uno de los argumentos es que Lijo no quiere renunciar a su juzgado, por las dudas de que la “comisión” en la Corte se vea bruscamente interrumpida por una mayoría de senadores que le voltee el pliego. Se quedaría sin el pan y sin la torta. Y también se sostiene que el artículo de la Constitución que le permite a Milei designar a los jueces de la Corte en comisión se refiere a vacantes producidas durante el receso legislativo. Es el caso de García-Mansilla, que ingresa por la jubilación de Maqueda. Pero Lijo fue designado por la vacante de Highton de Nolasco, que ocurrió con el Congreso funcionando. Desde la pureza, son situaciones distintas.

El hecho es político y las consideraciones jurídicas, aunque atendibles, se analizan empapadas por la decisión de la Casa Rosada. La pregunta es cómo enfrentará García-Mansilla este primer test votando o no en favor de tomarle juramento a Lijo si éste no renuncia al cargo de juez. Para algunos se trata de una iniciativa prueba de autonomía; para otros, el académico votará sin duda por el ingreso de su compañero de decreto. Pero antes que eso, habrá que ver si finalmente la Corte decide bloquear esta iniciativa de Milei e ir a una fricción mayor que Lijo podría subsanar si renuncia a su cargo anterior.
Distintas versiones conspirativas circularon el viernes por Tribunales que aludían a una ofensiva del nuevo tridente Lorenzetti, Lijo y García-Mansilla para reponer al rafaelino al frente de la Corte, desplazando a Rosatti de allí y del Consejo de la Magistratura. Todos rumores sin confirmación que hicieron aún más breve el alivio de que aquel pedido de juicio político había expirado.
Milei, ya se sabe, no está dispuesto a ceder la ofensiva, sobre todo cuando la mancha del escándalo cripto se extiende en Estados Unidos y precisa sacar el tema de agenda.
El embate contra Axel Kicillof por la alarmante y letal inseguridad en la provincia reconoce una raíz política y otra de necesidad. La primera es la ola de indignación y temor que el delito desatado provoca en la sociedad. El gobierno bonaerense se ha demostrado impotente para enfrentar esta grave situación y tiene, además, frenos ideológicos que lo inhiben para hacer un cuadro realista de la situación. El estado debe defender a la sociedad y debe hacerlo con los recursos legales de que dispone. Es una obligación indelegable. Los sucesivos gobiernos bonaerenses no han sabido, no han podido o no han querido, por razones políticas, ideológicas o de aptitud, devolver a la sociedad la sensación de protección y punición de la delincuencia.
Milei le pega a Kicillof por esto y pivotea para horadar el último gran reducto del peronismo. Se sabe que el gobernador bonaerense está bajo en la tabla de imagen política: Milei lo elije como sparring sin advertir que este intento de polarizar puede, paradójicamente, serle perjudicial.
El pedido de renuncia e intervención de la provincia ha determinado que el peronismo momentáneamente cierre filas alrededor del gobernador, olvide las grietas que sacuden la estructura del esquema de poder bonaerense, y postergue un debate interno que le esta costando a Kicillof. En enfrentamiento abierto con el kirchnerismo -Cristina y Máximo- estaba en su punto más álgido y hasta Sergio Massa amenazó con ir por las suyas en las elecciones legislativas si se producía la división. Si hay dos listas, habrá tres, advirtió el ex ministro de Economía.
La política no tapará la inseguridad. Eso es tan obvio que no necesita más evidencias y de la crueldad de esas evidencias. Requiere decisiones del gobernador, sin excusas.
La Libertad Avanza necesita acordar con dirigentes del PRO, ya no con Mauricio Macri, en la provincia de Buenos Aires para tratar de vencer al peronismo en ese último bastión, afectado por la inseguridad extrema. Diego Santilli está dispuesto a ese sacrificio, dejando atrás otras lealtades que se han convertido en un lastre. En la Ciudad, el enemigo de Milei es Jorge Macri, quien está ahora articulando líneas de defensa de su gestión -el anuncio de la nueva línea de subte, por ejemplo- y tratando de evitar las fugas que están produciéndose.
Todo este cuadro está, como dijimos, relacionado con los intensos ardores del escándalo $LIBRA. Las revelaciones sobre el presunto precio de las audiencias con Milei, que consignó The New York Times, han sido obtenidas de fuentes del mundo de las criptomonedas, un intrincado y oscuro bosque de billeteras virtuales y cuentas que esconden secretos que de ser develados desatarían tormentas con truenos ensordecedores. Es lo que tratan de descubrir fiscales de distrito en Estados Unidos. Aquí, Yanina Nicoletti, una abogada políglota que representa a Hayden Davis -el que confesó que el dinero de la presunta estafa “pertenece a la Argentina”- está a cargo en Buenos Aires.