La investigación sobre el escándalo cripto tiene ahora mismo dos mostradores abiertos en simultáneo. Por las dudas, algunos querellantes unen los 20 kilómetros que hay entre Comodoro Py y San Isidro para estar adentro del expediente, siga donde siga, y asegurarse de que la política esté informada de primera mano acerca de hacia dónde se irá moviendo el caso.
Algunas de esas querellas tienen una estructura que responde a Juan Grabois-Cristina Kirchner. Otras, al eje Martín Lousteau-Facundo Manes.
Es año electoral y la oposición no cree que deba seguir esta causa -una piedra en el zapato de Milei- únicamente por los diarios.
La causa original está en Capital. La tiene Servini de Cubría, quien delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano.
En este expediente hubo allanamientos, se analizan cinco celulares y tres notebooks, se esperan entrecruzamientos de llamadas y se preparan exhortos para pedir datos a empresas de tecnología.
Como Servini rechazó el pedido de algunos damnificados para ser querellantes, estos fueron al juzgado de San Isidro de Sandra Arroyo Salgado, quien tomó el caso argumentando que todo se originó por un tuit de Milei alentando a la compra de la cripto $LIBRA, y que ese tuit se emitió desde la Quinta Presidencial de Olivos, que es su jurisdicción.
El propio fiscal de San Isidro consideró que la jueza debía declararse incompetente por el principio de “economía procesal”, ya que la investigación porteña está más avanzada.
Pero Arroyo -de fría relación con su colega Servini- insiste en quedarse con la causa y va a la Cámara Federal de San Martín, su superior, para que allí se tome la decisión final.
Todos creen que la investigación finalmente quedará en su mostrador original de Comodoro Py, pero la jueza Arroyo cita a testigos y ordena medidas sobre la ruta del dinero enarbolando el artículo 49 del Código Procesal: “Las cuestiones de competencia no suspenderán la instrucción…”.
El más importante de “sus” testigos es Martín Romeo, un experto en blockchain que describió con minuciosidad cómo fue damnificado por el escándalo cripto.
La blockchain es el libro contable donde se guardan todas las operaciones de criptomonedas. Lo que queda registrado allí, no se puede borrar.
Romeo describió que esos registros describen otra operación sospechosa con $LIBRA el lunes 17 de febrero, tres días después del escándalo original.
Arroyo emitió una resolución para preguntarle a Taiano si ellos también están investigando eso y, de paso, llamó “reticente” a su colega Servini, que ha decidido ignorar a Arroyo.
Romeo es representado por el abogado Nicolás Oszust, militante junto a Agustín Rombolá -dirigente de la juventud radical porteña- de la línea Yacobitti (vicerrector de la UBA), Lousteau, Manes.
Esta parte de la querella -que además va a representar a 120 damnificados de todo el mundo en una mediación civil-, también pide su lugar en el expediente de Servini-Taiano, después de que la Cámara Federal porteña reconociera el derecho de tres damnificados a ser querellantes.
A ellos los representa Juan Grabois.
Tras este triunfo en la Cámara porteña -por el voto unánime de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico, que fue abogado de Cristina Kirchner en la causa del Pacto con Irán-, Grabois corrió con otro damnificado hasta el juzgado de Arroyo, quien lo aceptó de inmediato como querellante en su causa.
Se llama Braian Quintero y será citado a declarar, aunque la cifra que dice haber perdido no parece significativa comparada con otros casos.
Denuncia que perdió “más del 50 por ciento del valor de mi inversión”, que fue de… 250 dólares.