Las medidas del gobierno para que los argentinos saquen sus dólares del colchón no serían suficientes para evitar que dejen “los dedos marcados”. Pese al decreto y las resoluciones oficializadas el viernes que reducen el envío de datos a ARCA hasta ciertos montos, los gobernadores siguen teniendo el poder de mantener regímenes propios de información y aplicar controles que podrían derivar en el pago de impuestos provinciales, como el inmobiliario, automotor e Ingresos Brutos.
“No hay un régimen de adhesión y el país es federal, si algún gobernador quiere hacer inspecciones, tendrá que hacerse cargo de las consecuencias. Hoy las provincias están compitiendo para bajar Ingresos Brutos y tasas municipales, sino lo hacen las empresas van a migrar a otro lugar. Si un gobernador tiene ganas de atacar el nuevo régimen, es su decisión política“, reconoció un funcionario de ARCA, consultado al respecto por Clarín.
Para tentar a los tenedores de dólares fuera del sistema financiero, el Gobierno eliminó regímenes informativos y aumentó los montos mínimos de operaciones (ahora van de $ 30 a 100 millones por mes) a partir de los cuales bancos, tarjetas y proveedores de servicios de pago deben informar a ARCA en forma automática. También oficializó un nuevo régimen simplificado para la declaración del Impuesto a las Ganancias, y un proyecto de ley para “blindar” las reformas.
Hasta ahora, los gobernadores se mantienen en silencio, pero en algunos distritos de peso ya empezaron a analizar la letra chica de los cambios y sostienen que van a seguir con los controles de los contribuyentes, más allá del “plan de reparación histórica de los ahorros”. Ese es el caso de la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador Axel Kicillof mantuvo cruces este domingo con el presidente Javier Milei por el freno del envío de recursos para finalizar obras locales.
“En la Provincia no se modifica nada y sigue trabajando como hasta ahora con las normas que salieron. Hasta el momento no parece haber modificaciones que impacten en el funcionamiento de la agencia de recaudación bonaerense”, dijeron fuentes de la gobernación bonaerense. De esa forma, si bien ARCA ya no recibirá información de los bancos sobre acreditaciones de más de $ 50 millones de individuos, ARBA podrá hacer su propio cruzamiento para determinar impuestos provinciales.
“Si un contribuyente bonaerense expone un patrimonio superior a lo declarado, van a estar pagando ya el impuesto correspondiente en la Provincia, que tiene que ver con inmobiliario y automotor, que es la patente. ARBA tiene distintos regímenes de información, que es lo que hacemos para saber si lo que facturó, si los niveles de consumo se corresponden con lo que pagan de impuesto”, dijeron fuentes del gobierno de la Provincia.
ARBA es el mayor fisco provincial con 1,2 millones de contribuyentes de Ingresos Brutos Simplificado y 800 mil del régimen general, 7,3 millones de inmuebles que pagan el impuesto inmobiliario (edificado, baldío y rural), 1,9 millones de automotores y 55.000 embarcaciones registradas. Los gobernadores siguen con preocupación el desplome de Ingresos Brutos, el principal impuesto en las provincias: en marzo cayó un 17,5% real interanual, según Politilkon Chaco.
En Santa Fe, aseguran que no van a pedir información a las empresas y se van a enfocar en “investigaciones criminales”, pero que si detectan actividades económicas superiores a lo declarado van a requerir un “ajuste o fiscalización”. “No tenés perdón fiscal por lo que no declaraste, ese riesgo lo vas a tener con Nacion también. Si te aparecen cinco departamentos vas a pagar Bienes Personales y en el registro de la propiedad de las provincias vas a aparecer“, dijeron en la gobernación.
Ante la consulta de Clarín, el titular de ARCA, Juan Pazo, respondió el jueves en conferencia de prensa que se va a cobrar a quien adhiera al nuevo régimen de Ganancias “va a pagar por su facturación menos los gastos deducibles, sin mirar el consumo ni el incremento patrimonial”. Con todo, los especialistas entienden que no se libera al contribuyente de sus obligaciones pasadas hasta tanto haya una ley que así lo establezca. Tampoco la capacidad de fiscalizarlo.
En ese contexto, Pazo informó este domingo por la noche a TN que “en las próximas semanas” enviarán un proyecto al Congreso para cambiar la ley penal tributaria, aumentar los umbrales y reducir los plazos de prescripción de las obligaciones fiscales. Cerca del funcionario creen que sería “extraño” que los gobernadores no se sumen a los cambios impulsados por ARCA, ya que de lo contrario se perderían de recaudar el IVA por el supuesto mayor consumo que generaría la compra de bienes.
“Cada provincia tiene que fijar una posición respecto a los Ingresos Brutos para los contribuyentes de su jurisdicción, esto no es un blanqueo. Si alguien transparenta una tenencia de 100.000 dólares y no ha manifestado esa capacidad contributiva frente al fisco local, son dólares que no pagaron Ingresos Brutos Va a tener que actuar el parlamento local. El ultimo blanqueo necesitó adhesión, pero había impuestos que ingresaron”, dijo la tributarista Teresa Gómez.