El año financiero que empieza tiene varias certezas y apenas algunas dudas a la hora de planificar los portafolios de inversión desde Buenos Aires.
Las certezas surgen de la amalgama entre el programa económico y las necesidades políticas del gobierno. Luego de una recesión algo menor a la esperada en 2024, salvo algún imponderable la economía va a crecer en torno al 4%. El consumo se va a reactivar gracias a la baja de la inflación, la leve mejora de los salarios y el impulso al crédito. Todo esto será sostenido por la variable más importante del programa: el ancla cambiaria.
El gobierno entiende que esa fórmula es la que le va a garantizar un buen desempeño en las elecciones legislativas de octubre, y por ende no va a querer modificarla, al menos hasta esa fecha. De allí la declaración del presidente Milei de que el cepo ya no estará recién el 1 de enero de 2026.
Ese cuadro genera la primera incertidumbre para este trimestre: el devenir de las negociaciones con el FMI. Se sabe que el Fondo no quiere cepo ni tipo de cambio escindido, aún si hoy tiene el aliciente de que el gobierno mantiene la brecha a raya a partir de sus intervenciones en los tipos de cambio financieros. Pero el staff del Fondo está muy a gusto con el sobrecumplimiento de la meta fiscal del gobierno, y con el compromiso del propio Presidente de sostener el déficit cero aún en el año electoral (aún con menos retenciones, sin impuesto PAIS, blanqueo ni adelanto de Bienes Personales, que tuvo en 2024); difícilmente le suelte la mano en un momento político crucial.
Es de esperar, entonces, que el acuerdo en ciernes con el FMI sea lo suficientemente flexible en sus términos para que el gobierno logre un anuncio de plata fresca sin tener que correr el riesgo de abrir el cepo, unificar el tipo de cambio (y devaluar) en la previa del inicio del proceso electoral. Un acuerdo diseñado por etapas de desembolsos y compromisos de políticas podría dejar a ambos lados satisfechos.
Un posible punto de discusión entre el equipo económico y el staff del Fondo puede ser el uso o el nivel del blend de liquidación al CCL (80-20%) que autoriza el gobierno a los exportadores como forma de intervenir en la brecha. El esquema impacta directamente en la acumulación de reservas del Banco Central, el punto más crítico que miran hoy los funcionarios del Fondo, luego de acumular US$ 7.466 millones de déficit de cuenta corriente en los últimos siete meses a pesar del superávit comercial récord de 2024.
Con cepo y ancla cambiaria firmes, el gobierno debería ser capaz de sortear sin grandes dificultades, aunque no libre de riesgos, la clásica dolarización de carteras que se produce en la previa de cualquier elección, sobre todo en un contexto de más de un año de carry trade. Ese número varía según cada proceso político pero la tendencia es constante.
Por eso, además del acuerdo con el FMI, el gobierno también está mirando su posible retorno al mercado internacional de crédito. Ya en 2024, las empresas consiguieron un récord de USD 20.000 millones a tasas razonables. Para que el Soberano vuelva a tomar deuda, el riesgo país debería perforar el piso de los 400 puntos básicos, sobre todo teniendo en cuenta que el sendero de bajas internacionales que había iniciado la Reserva Federal el año pasado seguramente se vea pausado (¿o revertido?) si la nueva guerra comercial genera efectos sobre la inflación.
En resumen, entendemos que el gobierno tiene altas posibilidades de lograr su cometido económico de cara a las legislativas, aún a costo de aumentar algunas inconsistencias que tendrá que enfrentar, sí o sí, una vez que pase la espuma electoral.
* Economista. Director Ejecutivo de Contexto Investments y Mag en Finanzas UTDT