“¿El corralito? Ahora nosotros estamos preocupados por este tema del juicio político, así que no tenemos tiempo para atender y estudiar ese pedido”, le dijo Julio Nazareno, presidente de la Corte Suprema, a Jorge Remes Lenicov, ministro de Economía de la época de Eduardo Duhalde. Era febrero de 2002.
Remes había ido a ver al juez después de que el Presidente dijera que “el que depositó dólares, recibirá dólares”. Le explicó a Nazareno que era fundamental para encauzar la economía que no abriera el corralito porque eso podría hacer que los pesos salieran al mercado e hicieran disparar el tipo de cambio.
“Me recibió fumando un habano —recordó Remes en su libro 115 días para desarmar la bomba, su diario de la función en el Ministerio de Economía en aquel tiempo—, me miró y me dijo que estaban preocupados por su juicio político”.
Para Remes, la frase que había dicho Duhalde había sido un error. Y uno del que el Presidente se arrepentiría a los pocos días. Pero el economista contó que hubo otro error: un grupo de legisladores del PJ y la UCR convencieron a Duhalde y Alfonsín de enjuiciar a toda la Corte Suprema de Justicia. “La consecuencia no deseada de esa decisión fue el serio enfrentamiento con el Máximo Tribunal de Justicia, el que tenía en sus manos la potestad de invalidar cualquiera de las medidas de nuestro plan de emergencia”. Encima el 1 de febrero de 2002 la Corte (fallo Smith) dispuso abrir el corralito poniendo en crisis la política económica de Remes.
“Allí la Corte enjuiciada mostró su poder de fuego. Causar tal enfrentamiento con uno de los poderes del Estado fue completamente irrazonable”, concluyó el exministro.
También por esos días, Oscar Lamberto, secretario de Hacienda, y Eduardo Ratti, secretario de Legal y Técnica, fueron a la Corte a hablar sobre las trabas a la reprogramación de los plazos fijos. Fueron recibidos por Nazareno y Carlos Fayt.
“Díganme, ¿qué tienen pensado hacer con la crisis bancaria?”, les preguntó Nazareno.
Lamberto planteó que “si ustedes pueden mantener por uno o dos meses más la posición que tuvieron en el caso Kiper, eso nos daría un plazo importante para ir resolviendo la situación. Estamos en una situación de emergencia absoluta”.
El titular de Hacienda se refería al fallo de la Corte Suprema con respecto a una medida cautelar interpuesta por el ahorrista Claudio Kiper para sacar US$200.000 de una caja de ahorro. El Tribunal le había ordenado al ahorrista devolverle el monto al Banco Ciudad, por lo cual la Corte se había convertido en el blanco de las protestas.
“Si en dos meses pueden arreglar la situación, esperaremos— contestó Nazareno—, ¿Pero qué pasará con el presupuesto de la Justicia en 2002?”.
Lamberto tomó el mensaje.
Tres lustros después, Mauricio Macri tenía una obsesión no igual pero que también se trataba de quitar restricciones: salir del cepo.
Dos semanas antes de empezar su gobierno y ese camino, la Corte Suprema se interpuso: ordenó a la Nación devolver fondos a favor de tres provincias que habían enfrentado la decisión de Cristina Kirchner (cuyo gobierno estaba a punto de finalizar) de retirarles los fondos. En ocho años de gobierno kirchnerista la Corte jamás dijo nada al respecto.
El Máximo Tribunal obligó a a la Nación a devolver el 15% de la coparticipación de impuestos que desde 1992 financiaba a la Anses (la caja previsional) a las tres provincias que habían judicializado estas transferencias luego de la estatización de las AFJP en 2008. El fallo llevó la firma de tres jueces de la Corte: Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda. Elena Highton no firmó.
Una de las consecuencias de aquella movida de la Corte fue la sugerencia dentro de Cambiemos de que Macri designara un integrante para el Máximo Tribunal que neutralizara y confrontara las decisiones de Lorenzetti, identificado dentro del gobierno de Cambiemos como alguien “no confiable” porque de repente había ordenado la suspensión de eso descuentos a tres provincias ocasionando un impensado costo fiscal para la Nación. “Así llegó Horacio Rosatti a la Corte”, recuerdan hoy cerca de Macri.
En uno de sus últimos libros, El quinto riesgo, el periodista estadounidense Michael Lewis se explaya sobre el peligro más importante que enfrenta hoy Estados Unidos: la administración de proyectos y programas de políticas públicas más que pandemias, guerras o desastres climáticos. “El riesgo más grande es aquel que no se imagina fácilmente”.
“El fallo de la Corte fue sorpresivo”, contó una vez Germán Garavano, el ministro de Justicia de Macri. Y el conflicto con la Corte durante la época de Duhalde, reconoció Remes, tomó un nivel no esperado ni aconsejado. Fueron dos eventos que de algún modo ocuparon la agenda del Ministerio de Economía. ¿Qué pasará con la agenda de Luis Caputo con la llegada de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo a la Corte?