Fiscales advierten que el sistema acusatorio sin recursos pone en riesgo las causas contra la corrupción y el narcotráfico

Los fiscales federales de los tribunales de Comodoro Py apoyaron este martes el nuevo sistema acusatorio y advirtieron que la falta de recursos humanos y materiales antes de su implementación el 11 de agosto puede “desnaturalizar” su rol en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Lo hicieron en una carta dirigida al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal.

La nota está firma por los fiscales Carlos Stornelli, Gerado Pollicita, Franco Picardi, Paloma Ochoa, Eduardo Taiano, María Alejandra Mángano, Carlos Rívolo, Guillermo Marijuan y Ramiro Gonzalez. Se suma a una carta del mismo tenor que habían hecho los fiscales de Casación, encabezados por Raúl Plée.

El reclamo de los fiscales al ministro de Justicia, Cúneo Libarona, encontró eco en el senador nacional por la UCR Maximiliano Abad quien advirtió, además, por la grave situación del Poder Judicial Federal ante la cantidad de vacantes existentes. Abad apoya la implementación del sistema acusatorio pero advierte que sin los recursos necesarios “habrá caos, y el caos será impunidad para los corruptos”.

Luego de apoyar las reformas al Código Procesal para que la investigación de las causas pase de los jueces a los fiscales, advirtieron que “la implementación de un sistema procesal sobre la base de decisiones unilaterales y no coordinadas institucionalmente, en lugar de asentarse sobre un diagnóstico adecuado, la coordinación entre los actores del sistema y una apropiada planificación, resulta un riesgo cierto para su correcta puesta en funcionamiento”.

Más allá de la cantidad de causas que se tramitan en el fuero federal porteño, recuerdan que tiene competencia “sobre la actuación de las principales autoridades nacionales por ser la sede central de los organismos públicos federales y la principal plaza económico-financiera de la República, lo que trae aparejado que se concentren aquí investigaciones de alta complejidad vinculadas con graves hechos de corrupción, delitos económicos, lavado de activos, criminalidad organizada, narcotráfico, trata de personas y otros fenómenos de particular gravedad y relevancia institucional”.

Entonces, la implementación del sistema acusatorio “requiere de una adecuada planificación y la provisión de recursos humanos, herramientas tecnológicas, e infraestructura acorde a los fines del sistema. Solo así podrá garantizarse el correcto funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y el pleno cumplimiento de sus funciones en esta etapa clave de transformación del sistema judicial”.

Para cumplir con los plazos del nuevo sistema acusatorio “resulta imprescindible contar con los recursos necesarios. De lo contrario, existe el riesgo cierto de que los procesos fracasen y se vea comprometido el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en materia de lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada, la criminalidad económica, el narcotráfico, la trata de personas y demás fenómenos delictivos complejos”.

Este establece que la instrucción deberá estar cerrada en 3 años como máximo y la sentencia final en 3 años. De lo contrario, los magistrados podrán ser acusados de mal desempeño de sus funciones.

Sobre el punto, “la carencia de recursos técnicos es notoria, tareas cotidianas en causas complejas como son la extracción forense de teléfonos celulares o de dispositivos informáticos incautados actualmente registran una demora en la asignación del turno de entre tres y seis meses, mientras que el procedimiento para la búsqueda por voces o por palabras clave que permite analizar la información digital secuestrada insume entre cuatro meses y dieciocho meses más”.

Las computadoras con la que cuentan las dependencias “muchas veces no tienen la capacidad técnica para descargar y analizar los programas forenses (por ej. Cellebrite Reader), por lo que los funcionarios de las fiscalías deben dejar las computadoras días corriendo hasta que pueden acceder al programa, cuando no es que se colapsa el procesador y hay que volver a empezar, sin contar que no hay posibilidad de trabajar en línea ni colaborativamente”.

A su vez, en el actual contexto tecnológico, en el que la mayor parte de la evidencia “se recolecta en formato digital, las audiencias se registran mediante medios telemáticos y gran parte de la actividad procesal se desarrolla en entornos virtuales, resulta indispensable contar con herramientas y recursos adecuados”.

Entre ellos, se destacan la necesidad de disponer de “un sistema de almacenamiento en la nube con capacidad suficiente y estándares de seguridad apropiados para preservar archivos y documentos relevantes, así como también de discos portátiles u otros soportes físicos que permitan gestionar eficientemente grandes volúmenes de información digital”.

Recordaron que que la relación de empleados de juzgados y fiscales es de cinco a uno.

“Las nuevas y amplias responsabilidades que impone el Código Procesal Penal Federal no podrán ser afrontadas adecuadamente con la sola incorporación de algunos auxiliares fiscales adicionales que la Procuración pueda asignar”, agregaron.

En las causas complejas que tramitan ante este fuero, “resulta indispensable contar con la colaboración de personal técnico-contable especializado para la elaboración de informes e intervenciones periciales en representación de esta parte, sin embargo, lo cierto es que en la actualidad, Ministerio Público Fiscal, a través de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (dependiente de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos) dispone e apenas once profesionales en ciencias económicas para atender requerimientos en todo el país”.

En esa línea, no resulta desconocido para el Procurador que, en otras áreas del organismo, como ser la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (dependiente de la SIFRAI) “también resulta necesario contar con mayor capacidad técnica y de recursos humanos a los fines de dar cumplimiento a las nuevas funciones”.

Además, el espacio físico disponible también resulta sumamente limitado “las fiscalías federales de primera instancia-al igual que las fiscalías ante la instancia de Casación Federal- cuentan con una superficie asignada en el edificio de Comodoro Py 2002 que no alcanza siquiera a un piso completo, se encuentran sobreocupadas por los puestos de trabajo de sus integrantes por lo que algunas han tenido que operar con, anexos fuera del edificio por falta de espacio”.