Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de Italia del decreto ley que endureció los requisitos para obtener la ciudadanía italiana, muchos argentinos descendientes de italianos perdieron la posibilidad de acceder a la doble nacionalidad. Sin embargo, un fallo del Tribunal de Campobasso, en Italia, volvió a encender la esperanza de miles de italo-argentinos que aún buscan iniciar el tramite.
Hasta hace poco, podían acceder al pasaporte italiano quienes lograran demostrar su descendencia de tercera o cuarta generación de italianos, conforme al principio de ius sanguinis (derecho de sangre). Sin embargo, a partir de la promulgación del decreto de la ministra Giorgia Meloni del sábado 29 de marzo, solo podrán obtener la ciudadanía los hijos y nietos directos de italianos nativos, entre otros cambios introducidos por la nueva normativa
Aunque el gobierno italiano buscó restringir el acceso a la ciudadanía italiana, una sentencia dictada el 1 de mayo por el Tribunal Ordinario de Campobasso rechazó la aplicación retroactiva del Decreto Legislativo N.º 36/2025, marcando un revés para la medida oficial.
El fallo se dio en el caso de tres ciudadanos argentinos cuyos trámites judiciales para obtener la ciudadanía italiana habían comenzado antes de la entrada en vigor del nuevo decreto. El tribunal determinó que la norma no puede aplicarse de forma retroactiva, ya que, según la legislación anterior, los demandantes ya eran considerados ciudadanos italianos desde su nacimiento.
Como resultado, el tribunal reconoció oficialmente la ciudadanía italiana a los tres argentinos y ordenó al Ministerio del Interior que se haga cargo de las costas del proceso judicial. Esta decisión sienta un precedente importante para otros casos similares iniciados antes del cambio en la normativa.
Aunque el Parlamento italiano aún debe debatir más de 100 enmiendas relacionadas con el decreto, cuya definición legislativa se sabrá durante las próximas semanas, el fallo del Tribunal de Campobasso establece un precedente que podría impactar tanto en los juicios en curso como en los que se inicien en el futuro.
El texto aprobado por la Comisión aún debe ser debatido y votado por el pleno del Senado italiano antes del 27 de mayo de 2025. En caso de recibir luz verde, será enviado a la Cámara de Diputados para completar el proceso de conversión en ley.
Si el decreto no se convierte en ley dentro del plazo constitucional de 60 días, perderá validez automáticamente. Sin embargo, si es ratificado en su forma actual, los nuevos requisitos comenzarán a regir de inmediato y se aplicarán a todas las personas que inicien o retomen sus trámites a partir de esa fecha. Los principales cambios que establece el decreto se detallan a continuación.
El valor del trámite para la ciudadanía italiana se incrementó de 640 a 700 euros.