Mientras se demora la discusión sobre una reforma laboral, desde el sector privado advierten que la industria del juicio representa una tendencia imparable, que se agudizó en los últimos meses. En el último año, se generaron demandas por el equivalente a 7 mil millones de salarios mínimos, y en los primeros seis meses de 2025 se iniciaron a razón de 10.000 nuevos juicios por mes.
Los datos corresponden a la UART (Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo), que advierte que con estos números el sistema corre peligro. “La judicialización descontrolada amenaza su sustentabilidad. Solo en 2025 se estima que se superarán las 130.000 nuevas demandas, lo que implica más de 10.000 juicios por mes”, remarcó la asociación empresaria en un informe.
La UART alertó también: “Esta avalancha judicial no responde a un incremento de accidentes ni a un deterioro del servicio. Por el contrario, se produce en un contexto de mejora continua de las prestaciones y reducción de siniestros”. La cámara apunta a la combinación de pericias médicas “infladas” y tasas de interés “desproporcionadas” que convierten, según advierten, “cada juicio en una oportunidad financiera sin igual, no en un reclamo legítimo”.
Mara Bettiol, presidenta de la UART, afirmó: “La situación es absurda. A pesar de la baja en los accidentes y fallecimientos en el ámbito laboral y de que el sistema ofrece coberturas superiores a las de muchos países, con atención médica integral sin costo adicional, actualizaciones automáticas y compensaciones para todas las incapacidades, la litigiosidad sigue escalando sin lógica ni fundamento”.
“No hay sistema ni empresas capaces de sostener esta friolera de judicialidad que erosiona competitividad, productividad y empleo”, aseguro Bettiol.
El informe de la UART apunta directamente contra el Poder Judicial. La cámara recuerda que existe una Ley, sancionada en 2017, que prevé la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) para garantizar criterios periciales objetivos y uniformes.
Sin embargo, en 17 provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires, que adhirieron a esta norma, aún no la implementaron. “En su lugar, las pericias judiciales se determinan sin control ni estándares de ningún tipo y los peritos cobran en función del porcentaje de incapacidad asignado, alimentando un circuito perverso de incentivos”, apuntan en la UART.
Las provincias con mayor litigiosidad laboral son Buenos Aires (40% de las causas), CABA (19%) y Santa Fe (14%),. En la UART también aseguran que se ven “crecimientos preocupantes en Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y San Luis”.