Las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente electo de los Estados Unidos, en línea con sus promesas de campaña, no sorprenden. Cuestiones migratorias, arancelarias y climáticas son pilares de su nueva administración y generan preocupación debido a la influencia geopolítica y el peso económico de EE.UU., cuyas decisiones impactan significativamente a nivel global.
Las medidas adoptadas en materia climática podrían afectar la política ambiental multilateral, al contradecir los compromisos del Acuerdo de París y debilitar los esfuerzos globales para limitar el calentamiento global. Como segundo mayor emisor histórico de dióxido de carbono, Estados Unidos desempeña un papel crucial en la lucha contra el cambio climático. Aunque se comprometió a reducir en un 50% sus emisiones para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, los datos actuales indican que está lejos de cumplir estos objetivos.
La reducción de regulaciones ambientales, el incentivo al uso de combustibles fósiles y el retiro de acuerdos climáticos afectan directamente a la agricultura estadounidense. Si bien podrían aliviar las restricciones para los productores al flexibilizar estándares de emisiones y abaratar el acceso a la energía, también ignoran la creciente vulnerabilidad del sector frente a la escasez de agua, la volatilidad de los rendimientos y el aumento de eventos climáticos extremos.
El respaldo del sector agrícola al presidente Trump en las últimas elecciones fue contundente, reflejando el descontento con las presiones regulatorias impuestas por la administración anterior, una red de seguridad agrícola deficiente y problemas laborales. La nueva administración justifica la reducción de regulaciones ambientales con la necesidad de proteger la economía y combatir la inflación, priorizando la extracción de energías fósiles y reduciendo incentivos para energías renovables. Al mismo tiempo, los agricultores esperan que estas políticas faciliten la adquisición de nuevas tecnologías y la implementación de prácticas de producción más eficientes, lo que podría reducir costos y aumentar la productividad en el corto plazo.
Sin embargo, el impacto de las nuevas políticas no se limita al clima. La promoción de aranceles y deportaciones masivas amenaza el comercio global y la estabilidad del sector agrícola. Alrededor de 2,4 millones de migrantes trabajan en el campo estadounidense, y el 44% de ellos carece de documentos. La expulsión de millones de trabajadores, como promete la administración entrante, podría desestabilizar la producción de alimentos, elevando costos y generando escasez.
En el plano comercial, el presidente electo ha amenazado con un arancel general del 60% a productos chinos y tarifas de entre el 10% y el 25% para importaciones de otros países. Durante la primera guerra comercial (2018-2019), los aranceles impuestos por EE.UU. provocaron pérdidas de exportaciones agrícolas de 27.000 millones de dólares, el 95% de ellas debido a represalias chinas. Una nueva escalada arancelaria podría reducir la demanda de productos estadounidenses y empujar a compradores de granos como China a buscar proveedores más estables, beneficiando a países como Argentina y Brasil.
En resumen, los agricultores ven oportunidades en las nuevas políticas para mejorar ingresos y reducir costos a través de menores regulaciones y beneficios fiscales. Sin embargo, la visión a corto plazo ignora los desafíos climáticos y los beneficios de una transición hacia una economía baja en carbono, comprometiendo la capacidad de adaptación del sector. Además, la posible escalada arancelaria con China y la represión migratoria podrían agravar la inestabilidad del mercado y la escasez de mano de obra, afectando la competitividad del sector agrícola estadounidense.
A medida que se implementan estas medidas, queda por ver cuál será su impacto real en la agricultura. Lo cierto es que no todo lo que relumbra es oro: las aparentes ventajas de menor regulación y costos más bajos podrían quedar opacadas por la incertidumbre comercial, la falta de mano de obra y la vulnerabilidad climática creciente, factores que amenazan la sostenibilidad y competitividad del sector a largo plazo.