En una medida que no ocurría en 60 años, el presidente Donald Trump ordenó desplegar 2.000 miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles para dispersar las protestas que comenzaron en respuesta a las redadas de inmigración, una iniciativa que está en contra de la voluntad del gobernador demócrata al que la Casa Blanca calificó de “irresponsable”.
Es otra muestra de la intención de Trump de escalar la “mano dura” contra los inmigrantes y contra quienes manifiesten contra su política de deportaciones. Además, envía el mensaje a otros estados liberales que son considerados por el presidente como “santuarios” para indocumentados: no le tiembla el pulso para desplegar las fuerzas federales por este tema aún si no lo convocan.
La orden de Trump es la primera vez que un presidente activa la fuerza de la Guardia Nacional de un estado sin una solicitud del gobernador de ese territorio desde 1965, cuando el entonces presidente Lyndon B. Johnson envió tropas a Alabama para proteger a los manifestantes por los derechos civiles.
Las autoridades de inmigración y los manifestantes se han enfrentado durante dos días en el área de Los Angeles y los disturbios comenzaron el viernes después de que decenas de personas fueron detenidas por agentes federales de inmigración en diferentes lugares. Los arrestos se producen en medio de la ofensiva de Trump contra la inmigración, que ha implicado oleadas de redadas y deportaciones en todo el país.
Las fuerzas del orden con equipo antidisturbios desplegaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes en el centro de Los Angeles y la ciudad de Paramount durante los dos días, y las autoridades informaron múltiples arrestos el sábado.
Al anunciar el envío de los efectivos de la Guardia Nacional, la secretaria de prensa la Casa Blanca, Karoline Leavitt dijo en un comunicado: “Estas operaciones son esenciales para detener y revertir la invasión de criminales ilegales a los Estados Unidos. A raíz de esta violencia, los irresponsables líderes demócratas de California han abdicado por completo de su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos”.
El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, calificó el despliegue de tropas como “intencionalmente incendiario” y advirtió que solo aumentaría las tensiones.
“Esta es la misión equivocada y erosionará la confianza pública”, dijo Newsom.
Funcionarios de la administración Trump describieron a los manifestantes como “alborotadores sin ley”. El Departamento de Policía de Los Angeles, por su parte, dijo que las manifestaciones del sábado dentro de la ciudad “se mantuvieron pacíficas” y que “los eventos concluyeron sin incidentes”.
En otras partes del condado de Los Angeles, una multitud de manifestantes en Paramount se volvió “cada vez más agitada, arrojando objetos y exhibiendo un comportamiento violento hacia los agentes federales y los alguaciles adjuntos”, dijo el Departamento del Sheriff de Los Ángeles el sábado por la noche. En respuesta, el departamento solicitó recursos adicionales en todo el condado.
En las cercanías de Compton, un vehículo fue incendiado donde los manifestantes comenzaron a reunirse. El viernes, un video mostró varios proyectiles lanzados contra agentes equipados con chalecos antibalas y escudos protectores fuera de un centro de detención federal de Los Ángeles.
Leavitt argumentó que Trump llamó a los guardias para “abordar la anarquía que se ha permitido que se encone” y que “turbas violentas atacaron a oficiales de ICE y agentes federales de aplicación de la ley”.
Trump invocó su autoridad bajo el Título 10, que permite al presidente llamar a la Guardia Nacional según sea necesario para repeler una invasión, reprimir una rebelión o ejecutar leyes. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que los infantes de marina en servicio activo en Camp Pendleton también serán movilizados si los disturbios continúan.
La medida de la Casa Blanca enfrenta críticas de algunos miembros de las fuerzas del orden. Muchos ven el despliegue de la Guardia Nacional como una reacción exagerada que puede ser contraproducente y solo provocar agitadores adicionales, dijo una fuente policial de alto rango involucrada en la respuesta a las protestas de Los Ángeles.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) opinó sobre la decisión de Trump de federalizar las tropas de la Guardia Nacional, calificándola de abuso de poder incendiario. “Al tomar esta acción, la administración Trump está poniendo en peligro a los angelinos, creando un peligro legal y ético para las tropas y socavando imprudentemente nuestro principio democrático fundamental de que los militares no deben vigilar a los civiles”, dijo Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU.