Como ya hizo en incontables ocasiones, el Gobierno eligió pasar la semana próxima entre la espada y la pared. El oficialismo había conseguido un buen triunfo en la Cámara de Diputados con el proyecto para suspender las PASO y las negociaciones para que también pasara en el Senado venían bien encaminadas hasta que la Casa Rosada avisó que también piensa llevar a la sesión del próximo jueves en la Cámara alta el dictamen para nombrar a Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema.
El Gobierno lleva más de un año caminando como puede en una Cámara en la que tiene solo seis de los 71 senadores que hoy ocupan las bancas. Ese tránsito se le hizo más cómodo por la ayuda de bloques de la oposición como el radicalismo, el PRO y algunos aliados que el oficialismo consiguió en las provincias. En ese paquete de dialoguistas, las opiniones sobre Lijo están divididas y al menos seis legisladores ya avisaron que no lo votarán.
Por eso, el Gobierno está obligado a conseguir que esos rebeldes no participen en la votación y, además, a convencer a un número significativo de senadores kirchneristas.
Allí, hoy hay un cerco que resulta difícil de escrutar. Aún cuando muchos senadores del kirchnerismo están abiertos a votar a Lijo, se aferran a un principio inmarcesible de la práctica legislativa: “¿Y para nosotros que hay?”. No solo el kirchnerismo está hablando en ese idioma. “No hay nada en contra de Ariel, pero el Gobierno no quiere negociar nada. Estamos votando a un juez de la Corte, ¿cómo pretenden conseguir lo que quieren con un bloque de seis senadores? El problema no es Lijo, el problema es que no hay acuerdo”, le dijo a Clarín un senador radical que cualquiera pondría en la lista de apoyos del juez federal.
El Ejecutivo insiste en que buscará poner a Lijo en el temario de sesión de la semana próxima y los funcionarios más informados adelantan que, cuando pase la sesión, se publicará un decreto del Presidente con el nombramiento “en comisión” del otro candidato para la Corte Suprema: Manuel García Mansilla.
Lijo ya le había dicho al Gobierno que no quería asumir con un decreto, porque eso lo obligaría a renunciar a un juzgado federal para asumir en un puesto que, si bien es mucho más tentador, quedará a merced de las ganas que tengan los senadores de destituirlo con un simple rechazo. García Mansilla no puso esa objeción, y por eso habilitó esa agenda del Gobierno.
El plan que la Casa Rosada difunde casi a cielo abierto es nombrar a García Mansilla por decreto en el breve período de una semana que quedará entre el final de las Sesiones Extraordinarias del Congreso y el comienzo de las ordinarias, el 1 de marzo.
El inciso 19 del Artículo 99 de la Constitución Nacional dice que el Presidente “puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. Como la última semana de febrero será el único momento en que el Congreso estará en receso, eso le permitirá a Javier Milei nombrar a García Mansilla y mantenerlo en su cargo al menos hasta el 30 de noviembre de 2025, cuando concluya el próximo período ordinario.
¿Qué fortaleza tendrá ese nombramiento de García Mansilla por decreto? En la Casa Rosada creen que no serán ellos los encargados de darle estabilidad. “Los que lo van a defender a García Mansilla son (Jorge) Rosatti y (Carlos) Rosenkrantz, porque con el ingreso de Lijo, aliado de (Ricardo) Lorenzetti, la Corte va a quedar dividida en dos bloques de dos jueces. La única oportunidad que tendrán Rosatti y Rosenkrantz de armar una mayoría será la de incorporar a García Mansilla. Además, ellos mismos fueron nombrados en primer término con un decreto de Macri, no se pueden oponer a García Mansilla”, considera uno de los mileístas encargados de aceitar el proceso.
Esa lectura estrictamente política sobre el futuro de la Corte se para en varios supuestos pantanosos. El primero es que Lijo consiga los votos en el recinto. El segundo es que Lijo mantenga su alianza con Lorenzetti. El tercero es que, conociendo ese escenario que se les puede volver adverso, Lorenzetti y Lijo – o Lorenzetti solo- no comiencen a trabajar para complicar la integración de García Mansilla.
En el Gobierno están dispuestos a forzar al máximo ese artículo de la Constitución con un experimento sin antecedentes. A fines de 2025, cuando se venza el nombramiento en comisión de García Mansilla, Milei podría volver a sacar un decreto idéntico para prorrogarle su mandato un año más. Por supuesto, si eso ocurre, García Mansilla tendrá que resignarse a ser un juez extremadamente vulnerable al deseo presidencial.
El jueves próximo, cuando el Senado esté tratando el proyecto de ley para suspender las PASO -y cuando ya se sabrá si el oficialismo consiguió hacer avanzar el pliego de Lijo- Milei estará en Estados Unidos. El Presidente ya sabe que no tendrá un encuentro bilateral con Donald Trump, a pesar de que en su diálogo telefónico de esta semana el Secretario de Estado Marco Rubio le dijo al canciller Gerardo Werthein que Trump tiene intenciones de recibir al libertario. A pesar de eso, la burocracia de Washington le hizo saber a los interlocutores argentinos que por ahora tendrán que conformarse con una cita rápida en la conferencia de líderes conservadores CPAC, que es el motivo formal por el que Milei viajará a la capital de Estados Unidos.
Esa negativa de Trump a recibir a Milei casi que podría considerarse una buena noticia para el argentino en el contexto de hoy. Desde que volvió al poder, Trump se dedicó casi diariamente a anunciar aranceles y restricciones al libre comercio mundial. La Argentina, una de las economías de tamaño medio más cerradas del mundo, se verá perjudicada por todas esas decisiones de Estados Unidos. Ningún presidente quiere salir de una reunión con Trump con las manos vacías o, peor aún, irse de Washington sabiendo que al día siguiente a la publicación de una foto sonriendo en el Salón Oval, Trump anunciará otra decisión antipática.