Cristina Kirchnner vive bajo el esquema de prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución desde hace solo 15 días cuando la pena por corrupción en la causa Vialidad determina que deben ser 2.190 días en total.
Las concentraciones diarias frente a su domicilio fueron disminuyendo, cómo era de esperar, de una manera inversamente proporcional a los reclamos y condiciones que exige la ex presidenta a la Justicia a través de su abogado defensor Carlos Beraldi. El más llamativo, que debe ser tratado como “una persona con vida social”.
El destino la ubicó en el lugar menos pensado: desde el retorno de la democracia, ella y Carlos Menem fueron los únicos ex presidentes presos, ambos con domiciliaria. Pero el confinamiento del riojano respondió a una prisión preventiva en la causa por la venta de armas a Ecuador y Croacia. Con el tiempo, se echaron a rodar algunas versiones argumentando que fue un “acuerdo” con el entonces presidente Fernando de la Rúa y el Poder Judicial, porque Menem creía que si iba preso tendría más chances de volver a la Casa Rosada. Casi lo logra cuando ganó la elección en 2003, pero no le alcanzó para enfrentar a Néstor Kirchner y se bajó del balotaje.
Tal vez Cristina busque emular en cierto modo a Menem en la quinta de Armando Gostanián, y recibir una larga fila de visitantes en San José 1111. Para ello, otro de sus abogados Gregorio Dalbón es el artífice de mil emails que llegaron al Tribunal Oral n°2 para pedir ver a Cristina. El Operativo Clamor.
La pelea de la ex presidenta dejó de ser la lista de los candidatos a legisladores y concejales bonaerenses, la política económica de Javier Milei o la estrategia para los comicios nacionales de octubre. Se transformó en la pelea con el tribunal para recibir más invitados de las que estipula la Justicia solo para abogados, familiares y médicos.
Todo se ha desvirtuado. Los fueros para diputados y senadores nacionales fueron creados para protegerlos de ser detenidos o acosados judicialmente por motivaciones netamente políticas. Pero al parecer, los legisladores K le han encontrado un nuevo uso: interpretan que esos fueros los habilitan para, entre otras cosas, visitar a Cristina Kirchner sin autorización judicial.
La batalla cultural que encarna el cristinismo -no se podría decir lo mismo de la totalidad del kirchnerismo y mucho menos del peronismo- es instalar que son otras las causa para que su líder esté presa, y no el de haber convertido en multimillonario a un empleado bancario como Lázaro Báez, transformándolo en tiempo récord en empresario constructor.
Batalla cultural a la que velozmente se alinea la camporista Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, que días atrás aprovechó la inauguración de obras en una escuela secundaria para “explicarles” a los chicos que Cristina está cumpliendo una condena ilegal y que está presa porque levanta la voz denunciando hambre, desocupación y más deuda externa.
Y esa batalla no sería completa sin una canal de difusión claro, directo, sin medias tintas. Qué mejor que la propia Cristina para conducir y analizar la actualidad nacional a través de un programa semanal por streaming. Al menos, así comentaron que podría ocurrir Jorge Rial y Alejandro Fantino, supuestamente ubicados en cada extremo de la grieta mediática. Para colmo, en un canal que se llama Carnaval.
Entre los saludos desde el balcón, la agenda explotada de visitas, la preproducción y la salida al aire del programa, la ex mandataria estará más que ocupada. Pero no se trata de eso. Nadie está preparado para quedar recluído durante seis años, aunque sea en su propio domicilio. Y, mucho menos, para que ese sea el último capítulo de su historia política. ¿Lo será?