El juez Jorge Gorini, responsable de ejecutar la pena del caso Vialidad donde Cristina Kirchner es la principal acusada por hechos de corrupción, aautorizó a que el presidente de Brasil, Inacio “Lula” Da Silva, la visite en su departamento de San José 1111, donde cumple el arresto domiciliario, el jueves 3 de julio.
La respuesta del magistrado recordó las normas de comportamiento impuestas a Cristina Kirchner. “En virtud de lo peticionado, autorízase a Cristina Fernández de Kirchner a recibir la visita en el domicilio donde cumple su prisión domiciliaria del Presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a realizarse el próximo jueves 3 de julio“.
Acto seguido, Gorini reiteró algo ya explicado en otros escritos remitidos a la defensa de la ex mandataria: “Hágase saber que deberá darse estricto cumplimiento a la regla de conducta que fuera impuesta en el punto Ill.B del decisorio del 17 de junio último, concretamente, el deber de “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
El martes ingresó al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) -el mismo que condenó el 6 de diciembre de 2022 a Cristina por administración fraudulenta en perjuicio del Estado con una pena de seis años- un pedido de autorización firmado por el abogado Carlos Beraldi.
Las restricciones impuestas por el TOF 2 como reglas de comportamiento para que la expresidenta continúe siendo beneficiaria de la morigeración de la pena, incluyen un pedido de autorización -sin excepción- para toda aquella persona que no está incluida en el listado que hace una semana ingresó al Tribunal.
Ese listado consta de familiares, abogados, custodios, médicos, contadores y apoderados. Toda persona ajena a esas categorías debe contar con el permiso del juez Gorini para ingresar a San José 1111. No cumplir con este requisito, podría considerarse una violación a las normas de comportamiento que determinó el TOF 2 cuando ordenó el arresto de la ex Presidenta.
Si bien dicha restricción fue apelada por Beraldi y el caso llegó a la Cámara de Casación Federal, hasta que no haya un pronunciamiento al respecto, Cristina debe someterse a las reglas que rigen por el momento: un pedido de autorización al TOF 2.
En ese contexto se cursó la nota solicitando que el presidente Lula da Silva pueda ingresar a San José 1111. Ya habían hablado hace poco más de una semana por teléfono, después de conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la sentencia condenatoria. Desde entonces, se habló de un posible encuentro entre ambos en el departamento del barrio de Monserrat.
Al analizar el pedido y sus condicione, el juez Jorge Gorini aceptó que el Jefe de Estado brasileño visite en su arresto domiciliario a Cristina Kirchner.
Pese a que el abogado Beraldi viene cumpliendo con las condiciones requeridas por el juez Gorini, bajo el entendimiento de que la prisión domiciliaria será evaluada trimestralmente, llevó ante la Cámara Federal de Casación Penal una discusión sobre las visitas que recibe la ex mandataria: quiere que sean sin restricciones.
Hasta tanto no se pronuncie el máximo tribunal penal sobre el planteo formulado por la ex vice, ella deberá someterse a las reglas que están vigentes desde el 17 de junio.
Los diputados y senadores kirchneristas desafiaron a la justicia al señalar que ellos no requieren pedir permiso para visitar a Cristina. Pero el juez Gorini les recordó que hay un procedimiento ajustado a las reglas de comportamiento que debe cumplir la ex vice.
La Sala IV de la Cámara de Casación convocó a una audiencia para el lunes 7 de julio, en la que se analizará el reclamo de Beraldi para que las visitas que reciba Cristina Kirchner sean sin límite alguno y sin tener que pedir el permiso del juez Gorini. Asimismo, se analizará la apelación a la colocación de la tobillera electrónica.
A esos planteos se sumó la apelación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, para que Cristina Kirchner cumpla la condena a seis años de cárcel por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en una sede del Servicio Penitenciario Federal.