El titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo denunció maniobras detrás de un proyecto de ley que impulsan los K para declarar la emergencia nacional en la materia en todo el país y dijo que el diputado Eduardo Valdés, que impulsa esa iniciativa, “tiene un conflicto de intereses” entre su rol de legislador y “miembro de una fundación que recibe subsidios”.
Valdés es vicepresidente segundo de la comisión bicameral de Discapacidad y fue miembro del directorio de la fundación Infancia, una de las prestadoras y que actualmente dirige su familia.
En declaraciones a radio El Observador, Spagnuolo dijo que le “llama la atención el período por el este proyecto ley declara una un estado de emergencia en el sector de discapacidad. Desde el año pasado y hasta el 31 de diciembre del año 2027, es decir, lo que sería el primer mandato del presidente Javier Milei” y no la gestión de Alberto Fernández.
Además, si se aprueba la ley y el gobierno tiene que pagar esa supuesta deuda con los prestadores “es un un bombazo directo a la política económica, o sea, ataca la principal política económica que es el déficit cero”.
El proyecto “es una ley hecha a medida de los prestadores, más que de las personas con discapacidad”, afirmó Spagnuolo al programa radial que dirige el periodista Luis Gasulla.
El proyecto “establece gastos altísimos, pero no dice cómo se van a financiar. Es esto es una práctica muy común. Los legisladores kirchneristas pretendiendo atender una causa noble, como en su momento fue el financiamiento de las universidades o el aumento para los jubilados, esconden un ataque directo a una política del gobierno que hasta el momento demostró ser muy exitosa”.
Cuando se le preguntó si Valdés está “de los dos lados del mostrador”, Spagnuolo contestó que “sí, claramente. Esta ley eh establece un incremento muy significativo para los prestadores. Yo no sé cuál es la situación conyugal de Valdés. Pero lo cierto es que Valdés figura como miembro del del directorio”. “Es decir, que si esta ley se llega a sancionar y aplicar, la familia de Valdés va a recibir un incremento importantísimo en sus ingresos. Así que yo te diría que sí, que está de los dos lados del mostrador”, agregó el funcionario.
El diputado K Eduardo Valdes es el vicepresidente segundo de la comisión unicameral de Discapacidad.Por su parte, Susana Re negó otorgar pensiones desde su fundación y afirmó que Valdés ya no forma más tarde del directorio del Instituto Infancias. Re consideró “injurioso” que se la haya presentado como una “gerente de la pobreza” en un programa de TV.
Más adelante, Spagnuolo subrayó que además, el que está al “frente de la Comisión de Discapacidad de Diputados es Daniel Arroyo. Cuando Daniel Arroyo era gobierno, no hizo absolutamente nada de todo esto que pretende hacer, absolutamente nada de todo esto que pretende hacer”.
“Durante el gobierno anterior del que Arroyo y Valdés fueron parte no hicieron nada”, aseguró.
Por ejemplo, “en el año en el año 2023 los prestadores, mientras estaban en función de quienes hoy impulsan la declaración de esta emergencia, perdieron 110 puntos con respecto a la inflación. Y ahí no hicieron nada, no se les ocurría ni declarar la emergencia ni este tipo de iniciativas”, resaltó Spagnuolo.
Explicó que “el nomenclador es común, tanto para lo que es el el el estado nacional, el programa Incluir Salud, como para las obras sociales. Ahora si se aprueba este proyecto el incremento va a ser muy alto”.
Luego dijo Spagnuolo que “en todo el análisis que hicimos el año pasado del sistema de de pensiones, hemos encontrado miles de irregularidades en todo sentido”.
“Hoy estamos llevando a cabo una auditoría general de todo el sistema de pensiones y al largo de todo el país y por ejemplo, descubrimos que el está pagando una pensión no contributiva, por invalidez laboral a una persona que tiene pie plano”, agregó.
Además, si se aplica este proyecto de ley “podrían llegar a entrar por la ventana hasta 700.000 pensiones más para cobrar una pensión. Hoy estamos revisando un millón doscientos mil pensiones”.
Las personas con discapacidad “no demandan asistencia directa del Estado, decir que el Estado les dé el dinero. Lo que demandan las personas con discapacidad son políticas de accesibilidad y de inclusión, tanto en lo laboral, en lo social, en lo deportivo o en lo educativo”.
Así Spagnuolo le respondió a Valdés, que es vicepresidente segundo de la comisión bicameral de Discapacidad, y había dicho que “la única política de discapacidad que están aplicando (este Gobierno) es la de la crueldad”. El diputado K aseguró que el Gobierno “usa la palabra ‘auditar’ como sinónimo de recortar derechos” de los discapacitados.
El ex ministro de Desarrollo Social y actual diputado K Daniel Arroyo, como presidente de la comisión de Discapacidad, afirmó que “el proyecto tuvo mejoras sustantivas de varios bloques. Una, es la del cuidado del sistema de seguridad social. También, da claridad sobre la imposibilidad que una persona tenga a la vez jubilación y pensión por discapacidad, que estaba en el texto, pero quedó más claro”, explicó. Para concluir, afirmó que “necesitamos un sistema de pensiones lógico y razonable; este es un proyecto de humanidad, de pura racionalidad económica y de justicia”.
Al día siguiente de la aprobación del proyecto, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que dirige Spagnuolo manifestó su enérgico rechazo al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad. “Se trata de una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”, agregó en un comunicado.
“Lejos de plantear soluciones sostenibles, esta propuesta multiplica promesas sin una sola mención a cómo se financiarían. Ampliar masivamente el alcance de pensiones o el valor de las prestaciones, sin indicar de dónde saldrán los recursos, es irresponsable”, agregó la ANDIS.
Además, “quienes hoy impulsan esta supuesta emergencia son los mismos que durante la gestión anterior generaron atrasos en los valores de las prestaciones, desfinanciaron al sistema y permitieron utilizar las pensiones por invalidez para hacer política, sin importar que de esa manera perjudicaban a quienes sí realmente lo necesitaban”.
“Los números hablan por sí solos: en 2003 había 80.000 pensiones por invalidez; en 2023, esa cifra superaba el 1.250.000. La gestión anterior flexibilizó los criterios de otorgamiento mediante decretos y resoluciones, habilitando el acceso a beneficios a personas que no cumplían con los requisitos médicos ni socioeconómicos. Al mismo tiempo, dejaron caer el valor real de las prestaciones: mientras la inflación en 2023 fue del 211,4%, los aranceles solo crecieron un 93%”, subrayó.
Afirmó que hubo una “mejora sostenida de los valores prestacionales: en 2024 el aumento acumulado fue del 99%, frente a una inflación del 117,8%, revirtiendo la tendencia heredada”.
Por otra parte, para el martes que viene el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación, del cual depende la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La manifestación se realiza “ante la falta de respuesta del Director Ejecutivo de la ANDIS, Dr. Diego Spagnuolo, y del Ministro de Salud, Dr. Mario Lugones, quienes no han atendido el reclamo urgente de convocatoria a reunión de Directorio para actualizar los aranceles de las prestaciones”.
De no resolverse esta situación, “más de 250.000 personas con discapacidad corren riesgo de quedarse sin atención, debido al ahogo financiero que enfrentan los prestadores de servicios”, aseguró el foro.