El Gobierno formalizó el plan que había cerrado a fines de 2024 con las distribuidoras eléctricas para regularizar las deudas que empresas como Edesur, Edenor o Edelap tenían con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) al 30 de noviembre.
Son unos 1.000 millones de dólares que las empresas no abonaron cuando las tarifas estaban congeladas.
El programa está contemplado en el DNU 186/2025, que salió publicado este jueves en el Boletín Oficial, junto con una seria de reasignaciones de partidas presupuestarias.
La deuda corresponde a 79 distribuidoras y cooperativas con Cammesa y suma en total 2,35 billones de pesos. De esos, unos $ 1,14 billón ya había tenido acuerdos de normalización antes de 2023 y otros $ 111.684 millones durante 2024. Por eso lo que quedó sin normalizar fueron $ 1,1 billón (US$ 1.000 millones).
Las distribuidoras y cooperativas eléctricas tendrán hasta 12 meses de gracia y podrán cancelar sus deudas en 72 cuotas (seis años) a una tasa equivalente al 50% de la que cobra el Mercado Eléctrico Mayorista (tasa del Banco Nación).
Por otro lado, las distribuidoras que fueron buenas pagadoras, es decir, que hayan cancelado la totalidad de las transacciones en el 2024 y no tengan deuda no regularizada a diciembre 2023, podrán acceder a créditos blancos.
Este esquema tiene como condición que las distribuidoras paguen la deuda corriente, de lo contrario serán multadas y perderán el beneficio, informaron desde la Secretaría de Energía. También se prevé exigirles a las distribuidoras y cooperativas eléctricas que presenten un plan de inversiones para realizar mejoras en la infraestructura de la red, agregaron en un comunicado.
Este plan de pagos ya fue aprobado por el directorio de Cammesa “y cuenta con condiciones similares a otros planes aprobados en el pasado”, indicaron.
“Es importante destacar que cuando asumimos el Gobierno, en diciembre de 2023, la tasa de cobrabilidad de Cammesa era del 48%, lo que significaba que los importes no cobrados se cubrían con aportes del Tesoro nacional; un círculo vicioso que se traducía en más emisión, más inflación que sufrían todos los argentinos y una descapitalización del sistema eléctrico”, explicaron en Energía.
Y agregaron que, gracias a la recomposición de las tarifas, la focalización de los subsidios y el proceso de desregulación del mercado mayorista, la tasa de cobrabilidad bajó hoy al 97%.
“El objetivo principal de esta medida es que las distribuidoras y cooperativas paguen el 100% de la facturación corriente, lo que permitirá que puedan convertirse en sujetos de crédito y accedan a financiamiento para invertir en mejorar el sistema eléctrico”, aseguraron.
” Además -aclararon-, podrán celebrar contratos de suministro de energía con generadoras privadas”. Esto significa que las generadoras, comercializadoras y distribuidoras podrán hacer contratos de suministro de energía a largo plazo, sin la intervención del Estado (Cammesa) como mediador, tal como sucede en el resto del mundo. En Argentina ocurrió en la década de los 90, pero el sistema colapsó con el fin de la Convertibilidad y el comienzo de los subsidios masivos.