El Gobierno, a través del ARCA, apeló una decisión de un fiscal que beneficiaba a Pablo Otero, el dueño de Tabacalera Sarandí, en una causa por presunto lavado de dinero por 33.600 millones de pesos a través de su empresa de cigarrillos.
Hace dos meses, el organismo había presentado una denuncia contra el Señor del Tabaco en la que advertía sobre una serie de maniobras con distribuidoras de cigarrillos que no contaban con una capacidad operativa real y que eran consideradas, según la ex AFIP, como “usinas de facturas truchas”, entre otras irregularidades. Con ese dispositivo Tabacalera Sarandí habría blanqueado dinero, según consta en la denuncia.
La jueza a cargo del caso es María Servini y el fiscal Eduardo Taiano. Este último desestimó la denuncia en tiempo récord y pidió que se cierre porque consideraba que no existía delito o elementos suficientes para avanzar con al investigación.
Tras esa decisión, ahora el organismo se presentó en la Justicia y apeló la la resolución. Pero además cuestionó la actuación del fiscal y le reprochó que no haya dado intervención a la Unidad de Información Financiera, el organismo que detecta posibles acciones de lavado de dinero.
“Se solicitó expresamente como prueba informativa, requerir la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), en el entendimiento de que ése Organismo se encuentra dotado de facultades que podrían complementar la investigación iniciada por ARCA, a la vez que aportarían mayores pruebas e indicios a la presente investigación penal. Tal petición no se ha cumplimentado, y a la fecha UIF no resultaría parte en las presentes actuaciones ni tan siquiera fue notificado de lo actuado al momento”, cuestiona la abogada del ARCA, Felicitas Achabal, en el escrito que presentó este jueves.
La causa del ente organismo recaudatorio contra Otero se hizo en base a un informe que realizó la División de Fiscalización Externa de la Dirección de Grandes Contribuyentes. El área rastreó la venta de cigarrillos de las marcas Red Point, West, Kiel y Master, todas producidas por Tabacalera Sarandí.
En la fiscalización encontraron todo tipo de irregularidades que apuntarían al lavado de activos. La sospecha, según la denuncia a la que accedió Clarín, recae sobre un período específico que va desde el año 2021 al 2023. Según detectó el organismo, en esos años Otero y su empresa habrían lavado fondos por $33.632 millones a través de la venta a de cigarrillos a 23 distribuidoras mayoristas. Todas, según el organismo, tenían un perfil fiscal irregular y serían “usinas” de lavado.
Algunas de las empresas involucradas en la maniobra de lavado eran Ever Friends Distribuciones, Tabaco Distribuciones SRL, Distribuidora Veintidos, Tobaco Minico SA y Laumart SRL, entre otras.
Según detectaron los fiscalizadores de ARCA, esos compradores no tenían capacidad operativa real y revendían los productos a consumidores finales que no estaban en regla. Incluso muchos de los presuntos compradores no tenían ni siquiera “estructura edilicia ni personal contratado”, sostiene la denuncia. Para la ARCA las 23 empresas que habrían simulado las compras a Otero y su empresa eran “usinas” que facilitaban la transferencia de “dinero desde el círculo informal hacia uno formal”.
En la apelación, los funcionarios de ARCA insisten con la hipótesis de que se pudieron constatar las presuntas maniobras de lavado. “Ha quedado más que evidenciado la inserción de dinero en efectivo, cuya trazabilidad se desconoce y no existieron elementos suficientes que pudieran justificar el volumen de operaciones de las 23 distribuidoras, que fueron ingresados a la cuenta recaudadora de Tabacalera Sarandí”.
Otero, en su momento, negó las acusaciones. El empresario, en el último tiempo, anunció que iba a dejar la conducción de la empresa tabacalera en manos de Claudia Romero Roura y sostuvo en una entrevista con el diario El País de España que planeaba instalarse en Uruguay para impulsar negocios inmobiliarios y financieros.