En medio del escándalo y las acusaciones cruzadas que desató la vandalización con caca a la casa del diputado libertario José Luis Espert por parte de militantes kirchneristas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó a la Justicia para pedir la liberación de los cinco detenidos, incluida la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar, advirtiendo que la decisión de la jueza Arroyo Salgado es “forzada y desproporcionada”.
Desde el CELS consideran que la acusación penal contra Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes parte de “criminalizar hechos que son acciones políticas simbólicas, sin que hubiera violencia ni afectara bienes de nadie”.
Desde el organismo insistieron que “la calificación legal en la que avanzó el Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro es forzada y desproporcionada y el rechazo a la excarcelación tampoco cumple con los requisitos legales que se exigen para dictar la prisión preventiva”.
El CELS le solicitó a la justicia ser aceptados como amicus en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. “La acusación penal parte de una descripción de hechos que, lejos de configurar los delitos que se le imputan, se tratan de una acción política de carácter simbólico, sin violencia, ni afectación concreta de bienes jurídicos. Por ese motivo, la calificación legal aplicada resulta forzada y desproporcionada frente al contenido real de la conducta”, señala el texto.
Nos presentamos ante la Cámara de Apelaciones de San Martín para acercar argumentos sobre la excarcelación de las personas detenidas por un escrache.
El encarcelamiento es una medida que en ningún caso debe tomarse por lo que sería una contravención.
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— CELS (@CELS_Argentina) July 3, 2025
En la misma presentación advierten que “los hechos descriptos en la causa, es decir, la colocación de un pasacalle con consignas provocadoras, el arrojo de estiércol en la vereda y el reparto de panfletos, deben ser interpretados en su carácter de expresión política simbólica, dirigida a un funcionario público en razón de sus decisiones o posicionamientos públicos altamente violentos. En este sentido, se inscriben dentro del repertorio legítimo del derecho a la protesta y a la libertad de expresión, por más disruptivos que resulten”.
Abaigar, funcionaria de Kicillof en la Provincia, fue la primera detenida en la causa que lleva adelante Arroyo Salgado y horas después de declarar fue trasladada al penal de mujeres del Servicio Penitenciario Federal en Ezeiza. Además, en la madrugada de este miércoles, y tras una serie de allanamientos que incluyeron a la Municipalidad de Quilmes y domicilios particulares en el conurbano bonaerense, la jueza de San Isidro ordenó la detención de la presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria de Quilmes, Eva Mieri, una dirigente muy cercana a la intendenta de esa localidad y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, y de Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Muzzio y Candelaria Montes, todos “presuntamente involucrados en la planificación y ejecución del ataque”.
Al insistir con su cuestionamiento a las decisiones que adoptó Arroyo Salgado, el CELS advirtió que “el sistema interamericano ha sostenido que el uso del derecho penal frente a expresiones simbólicas o manifestaciones no violentas debe analizarse bajo un estándar de estricta legalidad, necesidad y proporcionalidad, ya que de lo contrario puede configurar un mecanismo indirecto de censura o criminalización de la disidencia“.
En el mismo sentido, agrega que “el tipo penal invocado no sólo es inadecuado para describir la conducta imputada, sino que su uso como herramienta de criminalización política resulta incompatible con las obligaciones internacionales del Estado argentino. No se puede forzar la figura de ‘asociación para imponer ideas por la fuerza’ para criminalizar un escrache político”.