En el medio del viaje que un grupo de funcionarios argentinos está realizando en Washington para negociar la nueva política arancelaria del gobierno de Donald Trump, se conoció un duro informe de la US Chamber, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que coloca a la Argentina en un nivel de protección general de la propiedad intelectual muy bajo.
Incluso ubica al país mucho más cerca de los menos desarrollados y bastante más abajo que el promedio de Latinoamérica.
La primera observación de la 13ª edición del IP Index de la US Chamber, a la que tuvo acceso Clarín, se relaciona con las restricciones de patentabilidad en las áreas biofarmacéutica y computación, a la que relacionan con la violación a tratados internacionales.
Es bien conocido que todos los funcionarios de los Estados Unidos que mantienen conversaciones con sus contrapartes argentinas, desde el nivel de secretarios de Estado a embajadores y líneas menores manifiestan esta cuestión como uno de los aspectos más flojos en el clima de inversiones de la Argentina.
La delegación que se encuentra en los Estados Unidos ahora, empezando por el cónsul en San Pablo, embajador Luis María Kreckler, quien ejerce como Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería de manera “temporal”, enfrenta estos reclamos tanto como las negociaciones arancelarias de la Argentina ante EE.UU, que ahora presentan un nuevo escenario. Trump negoció con el líder chino Xi Jinping desescalar su guerra comercial con una baja de aranceles que durará 90 días.
El informe de la US Chamber reconoce que tras la llegada de Milei al poder, a fines de 2023, Argentina se embarcó en una serie de iniciativas políticas que buscan desregular y reformar la economía. Esto incluye cambios en las leyes laborales, en la administración tributaria y en la regulación de las prácticas comerciales privadas.
Pero dice también: “Aunque muchos de estos cambios tendrán un efecto tangible en el sistema nacional de propiedad intelectual de Argentina al mejorar potencialmente las condiciones comerciales generales, al momento de la investigación no se habían anunciado ni aprobado cambios legislativos importantes con respecto al entorno de propiedad intelectual nacional”.
El informe evalúa los sistemas de propiedad intelectual en las 55 principales economías del mundo, utilizando 53 criterios únicos. Y pretende ilustrar cómo políticas adecuadas pueden fomentar la innovación y la creatividad, estimular el crecimiento económico y generar oportunidades.
Es sabido que al incorporarse al Gabinete, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger apuntó también a intentar una fuerte desregulación en materia de propiedad intelectual y patentamiento que reclaman sobre todo desde hace años los laboratorios internacionales nucleados en CAEME. A ello se resisten los laboratorios nacionales, agrupados en CILFA y al que pertenecen familias muy conocidas como Sigman, Bagó y Sielecki.
Ahora, el índice de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos está en sintonía con los señalamientos de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos
El trabajo enumera una serie de cuestionamientos. Además de relacionar las restricciones de patentabilidad en las áreas biofarmacéutica y computación hace una observación a las “barreras legales” por lo que considera “demoras y dificultades de los titulares de derechos de Propiedad Intelectual para hacer valer sus derechos en la justicia en casos de infracción (piratería, violación de patentes, etc.).
“El costo de estas barreras legales para la economía argentina es considerable, tanto en la pérdida de oportunidades para los innovadores nacionales como en la potencial inversión extranjera directa. En general, los inventores se enfrentan a tiempos excesivos de tramitación de patentes y largas demoras”, indican y señalan que un patentamiento puede demorar hasta una década.
Observan con “preocupación que Argentina sea uno de los pocos países en el mundo que aún no han adherido al tratado PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes)”. Y resaltan que el tratado tiene más de 150 países miembros y constituye una de las iniciativas internacionales más directas y eficaces para ayudar a los inventores a proteger sus innovaciones en todo el mundo. “Los estándares de patentabilidad biofarmacéutica siguen fuera de los estándares internacionales.”, insisten.
Además de que los niveles de piratería y falsificación física son altos, y de que hay un agujero entre el marco legal y las acciones judiciales, el informe subraya también como punto preocupante la total ausencia de incentivos para el desarrollo y protección de tecnología de punta como medicamentos huérfanos (para enfermedades poco frecuentes) y para la protección de secretos industriales y datos de prueba.