La violencia narco, los delitos organizados y la impunidad han reconfigurado el mapa criminal en varias regiones del país. En ese nuevo escenario, el ataque directo a las fuerzas de seguridad se ha transformado en una herramienta estratégica para disciplinar territorios, enviar mensajes mafiosos y debilitar la autoridad del Estado. Disparar contra un policía ya no es solo un acto criminal: es una declaración de poder.
Frente a este contexto, urge enviar un mensaje claro y sin dobleces. Por eso, impulsamos un proyecto de ley que establece prisión perpetua para quien dispare contra personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones, aun cuando el hecho no cause lesiones ni muerte.
La propuesta busca llenar un vacío legal: actualmente, el Código Penal no contempla una sanción autónoma y contundente para este tipo de hechos, que en muchos casos terminan encuadrándose como tentativa o resistencia, sin penas proporcionales al riesgo que implican.
La norma plantea una figura penal específica. Bastará con acreditar que se efectuó un disparo contra un agente del orden para aplicar la pena máxima prevista por el ordenamiento jurídico argentino. No se trata de una exageración punitivista, sino de una respuesta proporcional al grado de amenaza que hoy enfrentan los efectivos de las fuerzas policiales y penitenciarias en todo el país.
Los datos son elocuentes. Cada semana se registran ataques armados contra uniformados en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y otras provincias. Las balas ya no se reservan para los enfrentamientos: también se utilizan para sembrar miedo, marcar zonas y desafiar abiertamente al Estado. En ese marco, minimizar el intento de homicidio por el solo hecho de que no haya habido lesiones es negar el carácter simbólico y operativo que tiene disparar contra un policía.
Otros países ya han dado este debate. En Estados Unidos, disparar contra un oficial en funciones puede considerarse tentativa de homicidio agravado, con penas equivalentes a asesinato consumado. En Francia y España, los códigos penales incluyen agravantes específicas para hechos violentos contra agentes de la autoridad. Argentina, que empieza a controlar una ola de criminalidad inédita, no puede quedarse atrás.
El respaldo político, legal y social a las fuerzas de seguridad no puede limitarse a discursos. Necesita traducirse en normas claras que fortalezcan la autoridad legítima del Estado y protejan a quienes lo representan en la primera línea. El crimen organizado avanza cuando percibe debilidad institucional. Por el contrario, se retrae cuando el Estado actúa con determinación.
Durante años, sectores ideológicos identificados con el kirchnerismo y la izquierda han impulsado una narrativa que deslegitima el accionar policial, denuncia cualquier uso de la fuerza como abuso y promueve una visión romántica del delito. Esa prédica ha contribuido a erosionar la autoridad de las fuerzas del orden y a naturalizar un clima de confrontación permanente con el uniforme.
No es posible construir una sociedad en paz si se tolera que disparar contra un efectivo de seguridad sea una falta menor. Tampoco se puede proteger a la ciudadanía sin proteger primero a quienes la defienden. En tiempos donde la ley se disputa metro a metro con el crimen, es el Estado el que debe dar el primer paso y reafirmar su autoridad.
Disparar contra un policía es disparar contra el Estado. Y quien lo haga, debe enfrentar la pena más grave que la ley pueda imponer.
Gabriel Chumpitaz es Diputado Nacional por Santa Fe y especialista en seguridad.