El litigio internacional que pesa sobre la petrolera YPF suma más protagonistas. Fondos de inversión que obtuvieron sentencias favorables por la deuda soberana impaga de la Argentina ahora reclaman parte del 51% de las acciones de la estatal, las mismas que la jueza neoyorquina Loretta Preska ordenó entregar a principio de esta semana a los demandantes por la expropiación de la empresa. Estos nuevos fondos buscan prioridad para ejecutar dichos papeles.
Según informó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, los nuevos acreedores iniciaron presentaciones ante la justicia de EE.UU. para acceder a ese paquete accionario y que sea una especie de resarcimiento por los bonos en default. “Beneficiarios de un fallo por deuda en default, también piden tomar posesión de las acciones de YPF en manos del Estado. Adicionalmente, solicitan prioridad sobre los beneficiarios de los casos expropiación YPF y Bainbridge, ya que sus fallos fueron anteriores”, detalló a través de su cuenta X.
El informe de Latam Advisors identifica a los fondos Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee como los nuevos peticionantes. No formaron parte de los juicios por la expropiación de YPF, pero cuentan con sentencias firmes por deuda en default contra la Argentina, dictadas en tribunales estadounidenses. Son fondos que todavía tienen deuda soberana que entró en default luego de la crisis de 2001.
Attestor Master Value y Trinity Investments son representados por el abogado Dennis Hranitzky, el mismo que logró confiscar la Fragata Libertad en Ghana, en 2012, cuando asesoraba al fondo NML – Elliott Capital Management.
Estos fondos solicitaron a la jueza Preska una orden conocida como “me too”, una figura legal que permite extender los efectos de una sentencia anterior a nuevos beneficiarios. El objetivo es sumarse a la ejecución de las acciones de YPF actualmente en manos del Estado, tal como ya dispuso la jueza en fallos previos.
En su presentación, los acreedores alegan que la Argentina mantiene la titularidad del 51% de YPF, y que ese activo debe ser utilizado para satisfacer las sentencias aún incumplidas por el país. Argumentan que su derecho surge tanto de la legislación estadounidense como de normas internacionales aplicables a defaults de deuda soberana.
La situación se complica debido a que estos nuevos fallos datan de antes que los del caso YPF, lo que abre un debate sobre el orden de prelación en la ejecución de los activos. Latam Advisors resaltó este punto clave: “Lo que hace interesante a esta presentación es que los fallos que exhiben los fondos preceden a las causas Petersen/Eton y Bainbridge. El contexto abre un debate adicional sobre el alcance de futuras ejecuciones”.
La petición se suma a una larga lista de demandas pendientes y genera presión sobre el activo más valioso del Estado en el extranjero: el control accionario de YPF.
En paralelo a esta nueva ofensiva judicial, el Gobierno argentino solicitó formalmente la suspensión del fallo de Preska sobre la entrega del 51% de las acciones. Según argumentó, la sentencia es “jurídicamente inaplicable” y su implementación sería inviable desde el punto de vista legal y operativo.
El primero en pronunciarse fue Manuel Adorni, quien desde su cuenta de X confirmó que “el Gobierno solicitó la suspensión del fallo de la jueza Prezka” y que actualmente trabajan en la apelación.
El vocero presidencial definió además a la sentencia como “jurídicamente inaplicable” y explicó que, por un lado, “contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada”. Por otro, que el fallo “desconoce la inmunidad soberana”.
“Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles”, agregó Adorni en su descargo.
La solicitud fue presentada por el estudio Sullivan & Cromwell LLP y en ella se planteó que la decisión debería dejarse en standby, porque “el Gobierno argentino demostró que sus argumentos pueden tener éxito”; además de que “resultaría muy damnificado si no se le concediera la instancia de apelación”; de que “otras partes también podrían resultar damnificadas por el procedimiento adoptado” y que “prima el interés público”.
Además, la Casa Rosada le avisó a la magistrada del Distrito Sur de Nueva York que apelará, tal como anunció el lunes Javier Milei en su cuenta de X. Y también le advirtió que, de no ser concedida la suspensión, acudirá a un tribunal superior para conseguirla.