
La semana pasada, el vocero presidencial Manuel Adorni presentó, en sus clásicas conferencias de prensa, una “renovación curricular educativa”.
Son cinco puntos de un documento que armó Capital Humano, y que contienen -bajo la forma de anuncios- la descripción de programas que ya se vienen desarrollando.
Quizás, en medio de las intensas noticias sobre la interna en el área presidencial a alguien se le haya ocurrido: “¿Y si metemos algo de educación?”. “Hablen con Capital Humano y que preparen algo…”.
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Manuel Adorni anuncia una “renovación curricular educativa”.
Como sea, entre los cinco “ejes programáticos” del documento, el cuarto es el “programa de convivencia escolar”. Allí se habla, a modo de anuncio, de trabajar dentro del marco legal (la ley 26.892), de producir cuadernillos, de instancias de formación para los docentes y del “funcionamiento activo de la línea 0800 de Convivencia”.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, promueve la convivencia y el abordaje de conflictos en las instituciones educativas.
El Programa de Convivencia Escolar es uno de los 5 ejes centrales de enseñanza en la Argentina que define la Renovación… pic.twitter.com/7cug89Cbc3
— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) July 24, 2025
Ahora, quien revise la historia, observará que programas de convivencia escolar existen en el país desde 2004. La ley es de 2013.
Con el correr de los años, los programas fueron cambiando de formato, pero no dejaron de existir. Hay cuadernillos ya editados, a los que se puede acceder libremente en el portal Educ.ar, aunque -es cierto- están bastante desactualizados.
Seguramente en el Gobierno nacional estén pensando en darle un formato más acorde a su ideología. De hecho, hace poco incorporaron las denuncias sobre “adoctrinamiento” en la línea de convivencia.
Pero más allá de eso, lo interesante es que el anuncio de Adorni coincidió con la presentación de un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, que también puso el foco en la convivencia escolar.
Ese informe muestra, con datos oficiales, que seis de cada diez alumnos de la primaria sufren alguna agresión en la escuela o en las redes. Además, el 36% se siente discriminado. Y que el mal clima escolar incide fuertemente en los aprendizajes.
Consultada por Clarín, una de las autoras del informe, Mercedes Sidders, señaló que, si bien la educación básica es responsabilidad provincial, el Gobierno nacional “también puede y debe jugar un rol clave, especialmente en lo que refiere a inversiones estratégicas”.
Dijo que hay antecedentes exitosos, como los programas SUMAR en salud, donde las transferencias a las provincias están condicionadas a resultados, lo que genera incentivos concretos para mejorar. Y que un enfoque similar podría pensarse en el ámbito educativo para promover políticas de prevención de la violencia escolar.
“El gobierno nacional puede funcionar como socio de conocimiento, ayudando a socializar aprendizajes entre provincias, y acompañar con capacidades técnicas además de financieras”, afirmó.
Nada de esto apareció en el anuncio de Adorni, en un contexto en el que la inversión nacional en educación cayó 40% solo en 2024.
A lo mejor con menos apuro, el Gobierno revise estos anuncios, y en la próxima conferencia de prensa pueda presentar nuevas medidas, con su línea de inversión, para un problema que impacta en la calidad educativa.