La Justicia condenó a dos ex empleados del diputado nacional del kirchnerismo Emiliano Estrada en un juicio abreviado a la pena de un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios del delito de intimidación pública. La causa por la campaña que hicieron en redes sociales siguiendo las órdenes del legislador de La Cámpora y que apuntaba a crear fake news contra rivales políticos y empresarios.
Estrada, que es diputado nacional por la provincia de Salta, está imputado como autor intelectual en el caso por las presuntas difamaciones “destinadas a alterar el orden público”, pero por ahora la Justicia no avanzó contra él porque tiene fueros parlamentarios.
La causa contra Florencia Arias Bustamante y Alonso Allemand se inició a partir de una investigación de oficio por parte de la Fiscal de Ciberdelitos Sofía Cornejo Solá tras la viralización de múltiples videos difamatorios contra empresarios, periodistas y políticos hechos a pedidos del legislador Estrada por quienes fueran sus empleados en el Congreso Nacional.
La investigación demostró la existencia de una operación de creación y gestión de cuentas en redes sociales, cuya finalidad habría sido hostigar y difamar a figuras políticas, periodistas y empresarios de Salta.
Como el diputado nacional Estrada logró evitar ser indagado e imputado amparándose en los fueros que se le terminan en diciembre próximo, no se pudo profundizar en su responsabilidad penal como ideólogo del delito cometido por sus subalternos. Mientras tanto la causa que lo tiene como protagonista y que pasó a la Justicia Federal no avanzó mucho más.
Los domicilios tanto de Arias como Allemand fueron allanados -no así el de Estrada- secuestrándose teléfonos y computadoras y en sus testimoniales. Los ahora condenados asistieron a todas las audiencias y prestaron testimonios que señalaron al diputado nacional Estrada como el instigador y quien daba las órdenes para la realización de ese material ofensivo y difamatorio.
En virtud del juicio abreviado celebrado ante el Juzgado de Garantías de 7ª Nominación a cargo del juez Pablo Zerdan los dos exempleados de Estrada fueron condenados y además inhabilitados por un año a ejercer cargos públicos.
Un tercer integrante del equipo del diputado Estrada fue investigado por la fiscal de Ciberdelitos, Sofía Cornejo Solá, pero lo sobreseyeron antes de la elevación a juicio.
Ambos eran empleados del Congreso de la Nación (es decir eran funcionarios públicos al momento de los hechos), contratados por Emiliano Estrada cuando generaron esos contenidos en redes sociales, y aseguraron que lo hacían siempre bajo los lineamientos y órdenes de quien los contrató.
En su defensa, los dos empleados sostuvieron que tomaban las campañas difamatorias como “responsabilidades laborales” y no se habían dado cuenta que eran maniobras ilícitas.
Durante la investigación, además, se secuestraron celulares y computadoras de los que se recuperaron chats que complican a Estrada.
Algunas de las cuentas que usaban se llamaban “La Casta Salteña”, “Casta Salta” y “La Casta de Sáenz”. Según la Justicia las usaban para impulsar las campañas de desprestigio. Aunque el contenido publicado tenía objetivos varios, la mayoría de los ataques eran contra el gobernador salteño Gustavo Sáenz.