Las velocidades de acción y de reacción son diferentes. Desde que el presidente Milei tuiteó sobre la criptomoneda $LIBRA, un puñado de personas se enriqueció, más de 40.000 perdieron plata, se frustró en el Congreso la creación de una comisión investigadora, se impulsó la causa en una fiscalía federal y el Gobierno creó una oficina para autoinvestigarse y, de paso, asegurarse de estar bien informado sobre cada prueba que vaya apareciendo.
Esta secuencia fáctica no es equitativa: mientras la estructura de investigación se va armando lentamente, algunos de los sospechosos ya borraron los perfiles de sus cuentas en Instagram, Linkedin y Threads, quitaron posteos en YouTube y movieron dinero de sus billeteras virtuales.
Aquel dinero que, según el primer posteo del Presidente, iba a servir para fondear a las PyMEs argentinas.
En el vértigo de los hechos, especialistas en el mundo del cibercrimen ya anticipan que hay “pistas digitales” borradas que será imposible recuperar. ¿Cómo es esto?
Lo primero que la justicia pide a la empresa de la red social son los datos de una cuenta. Si la compañía los revela o no, es un acto voluntario.
No hay una ley que obligue a entregar ese material a la justicia.
Los datos se hallarán disponibles si la cuenta está “viva” -en uso- y sólo revelarán nombre de usuario, datos de la computadora o el celular desde donde opera y, en el mejor de los casos, un mail asociado a esa cuenta.
Para buscar intercambios de mensajes, ya hay que enviar un exhorto internacional y la proveedora (por ejemplo, Meta, dueña de Facebook, Instagram y Whatsapp) sólo le pasará la información a un juez estadounidense.
Todo el proceso demora meses. Pero si la cuenta fue “matada” por el propio usuario, no habrá información alguna.
Ese “borrado seguro” sobre pistas digitales de, por ejemplo, Hayden Davis -el trader que lanzó la memecoin- ya sería irrecuperable para la justicia argentina, según expertos en áreas de ciberdelitos de fuerzas federales.
No significa que la investigación no pueda avanzar por otros canales.
Ya está registrado que 87 personas compraron coins de $LIBRA -el signo del zodíaco de Milei- casi a valor cero en los 22 segundos que pasaron desde que la operación estuvo disponible hasta que Milei tuiteó su “difusión”.
En ese vértigo de cuatro operaciones por segundo sobre una moneda digital que fue desconocida hasta el inminente tuit presidencial, se movieron más de 13 millones de dólares.
Los traders habituales del mercado dicen que la cripto hubiese sido inhallable sin el tuit de Milei, que además adjuntó un contrato inteligente desde el que se podía invertir casi de inmediato.
El corazón del caso está en esa seguidilla de hechos ordenados en perfecta sincronía: la cripto se crea a las 18.38, las ventas se habilitan a las 18.51, los compradores empiezan a entrar a las 19.01 y Milei tuitea 22 segundos después, disparando el precio hasta que quienes sabían lo que estaba ocurriendo tiraron de la alfombra y se fueron a dormir millonarios, dejando un tendal de damnificados.
El Presidente dijo luego que el que va al casino sabe a qué se expone, pero su tuit presentaba un fondo de inversión para ayudar PyMEs. Así no se presenta un casino.
La oficina que se creó este martes en el Ministerio de Justicia sólo para seguir el caso, sorprendió a los investigadores judiciales.
A los organismos públicos a los que la flamante UTI (Unidad de Tareas de Investigación) les pedirá información ya les llegaron los pedidos de la Fiscalía Federal 3, a cargo de Eduardo Taiano, en quien la jueza Servini de Cubría delegó la investigación del caso.
Es duplicar tareas sin sentido, salvo que se ponga la lupa sobre el quinto párrafo de la resolución 72/2025, que creó la nueva oficina: que los datos obtenidos deberán ser preservados para, entre otras cosas, “prevenir su revelación o divulgación no autorizada”.
Quizá, control de daños.
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