La discusión parlamentaria por la movilidad jubilatoria tuvo un coletazo inesperado. La ley aprobada por el Senado el jueves por la que se autoriza el aumento de los haberes mínimos para los pasivos incluye la quita de un beneficio impositivo para una herramienta clave para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas: las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR). La decisión generó rechazo en el sistema financiero y los bancos privados del país salieron a pedir que se revise esta medida. También se sumó el Banco Nación, que solicitó al Congreso de la Nación que articule las medidas necesarias orientadas a dar marcha atrás con la ley.
Por un lado, en un comunicado conjunto las entidades nucleadas en la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE), y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), advirtieron este lunes sobre el impacto negativo de los cambios en las SGR aprobados en el Congreso. “Esta decisión legislativa impacta negativamente en uno de los instrumentos más eficientes, inclusivos y federales para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), al afectar el fondeo de las SGR, que han demostrado ser una herramienta clave para facilitar el acceso al crédito bancario en todo el país”, apuntaron las entidades.
El artículo 10 del “Proyecto de ley de movilidad previsional” propone la derogación del Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), bajo el argumento de su presunto costo fiscal. En concreto, lo que se busca es un ahorro fiscal de 0,2% del PBI para financiar el aumento de los jubilados. En el sector financiero aseguran que esta medida omite considerar el rendimiento netamente superavitario del sistema y su alto impacto en términos de acceso al crédito, inclusión financiera y dinamización del tejido productivo nacional.
Actualmente, uno de cada tres préstamos canalizados a través del sistema financiero cuenta con un aval de SGRs .”Las SGR constituyen un puente esencial entre las PyMEs y el sistema financiero, al ofrecer garantías que, por su calidad, son consideradas autoliquidables por la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esto no solo permite ampliar el universo de empresas con acceso al crédito, sino que también mejora las condiciones de financiamiento al reducir los requisitos exigidos y las previsiones asociadas a eventuales incumplimientos”, destacaron los bancos.
El volumen del potencial de financiamiento garantizado asciende a más de $3,8 billones (USD 3.400 millones), equivalente al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), ello sin contar el efecto multiplicador que el sistema derrama en la economía (crédito, producción, empleo, impuestos). Por eso, los bancos aseguraron que el costo fiscal se compensa por estos beneficios lo que a su vez genera mayor recaudación impositiva de los impuestos nacionales, provinciales y municipales (IVA, Ganancias, ICD, IIBB, Sellos, TISH, etc)
“Modificar este régimen sin un proceso adecuado de análisis técnico y de impacto, representa un grave error de política económica y un retroceso institucional que debilita la previsibilidad de las reglas de juego”, aseguraron las entidades. “El fundamento económico de los modelos de garantía recíproca es que permite eliminar asimetrías de información y genera incentivos comportamentales que facilitan el acceso al crédito de empresas que aún no cuentan con un historial crediticio demostrable”, explicaron a su vez.
“El crédito productivo en la Argentina viene creciendo con fuerza, duplicándose en términos reales en el último año, pero aún se encuentra muy por debajo de los niveles observados en países comparables de la región. Las SGR son un instrumento relevante para sostener e impulsar este proceso. Su desfinanciamiento o debilitamiento afectará directamente a la inversión, la generación de empleo y la competitividad de miles de empresas en todo el país”, remarcaron los representantes de los bancos y pidieron que se revea
Por su parte, el BNA sostuvo que desde hace más de dos décadas, el sistema de SGR ha demostrado ser una herramienta esencial para facilitar el acceso de miles de pequeñas y medianas empresas al crédito formal, potenciando el rol de la banca PyME como motor de la inversión productiva. “Gracias a la solidez de estas garantías, las entidades pueden canalizar una parte importante de sus líneas de financiamiento de mediano y largo plazo”, destacó la entidad en un comunicado.
“Desde enero de 2024 hasta junio del presente año, el Banco Nación ha financiado a más de 11.000 PyMEs por un monto superior a los $ 400.000 millones mediante estos instrumentos, ofreciendo condiciones más accesibles y sostenibles para empresas que necesitan capital para invertir, crecer y sostener empleo”, subrayó.