En las horas previas a la marcha de jubilados de este jueves 19 a la que se sumarán organizaciones sindicales y con el fantasma de los duros enfrentamientos entre las fuerzas policiales y barras no identificados en la marcha de la semana pasada, la propia Patricia Bullrich salió a comparar la situación de Argentina con el resto del mundo.

Efectivamente, sus comparaciones dan cuenta de una mayor restricción ante la protesta social en las democracias del mundo.

La ministra de Seguridad habló sobre todo de las restricciones para acercarse en la protesta a los edificios públicos. También existen protocolos para evitar los cortes de calle, una obsesión de la jefe de la cartera de Seguridad, y con lo que hizo campaña preelectoral el gobierno de la Libertad Avanza.

Bullrich documentó que en once países usan reconocimiento facial para la prevención, y se quejó de que en la Ciudad de Buenos Aires lo declararan inconstitucional. “No podemos tener reconocimiento facial para saber quiénes son todos los que están. Tenemos que utilizar un mecanismo federal, que sí lo podemos utilizar, y que es un software”.

“Lo que se busca demostrar con estos ejemplo es que Argentina necesita una legislación avanzada e inteligente para enfrentar esta estrategia de violencia callejera. Esa legislación debería estar en línea con lo que se hace en otros países occidentales”, señalan en el Gobierno.

En realidad, el sistema de reconocimiento facial para identificar prófugos y delincuentes, que sí se utiliza en numerosos países -con polémica mediante-, en la Ciudad de Buenos Aires fue suspendido luego de que una jueza lo declarara inconstitucional en 2022. Pero el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mantiene un pedido para la reactivación del sistema.

Los datos que analiza el Gobierno para armar sus propios protocolos son los hechos de que en Bélgica, Luxemburgo, Suecia y Suiza los manifestantes tienen obligación legal de pedir autorización para manifestarse. Más aún muchas, como las de Francia por ejemplo suelen hacerse los fines de semana para no realizarla en día laborables, aunque en los últimos años terminaran con fuertes enfrentamientos entre policías y manifestantes.

Y en ocho países de la Unión Europea está prohibido manifestarse en las inmediaciones de edificios gubernamentales, parlamentos y otros edificios públicos. En Alemania, Italia y el Reino Unido prohibieron la participación en manifestaciones a violentos reincidentes, los que tienen antecedentes, ni siquiera podrían estar en la manifestación, algo con lo que el Gobierno rebate los argumentos de la jueza Andrade que liberó a los detenidos de la marcha del miércoles pasada en menos de 24 horas.

Monumento a John Cockerill en la Place de Luxembourg que han destruido manifestantes frente a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, donde cientos de agricultores protestan contra la disminución de los ingresos, las regulaciones medioambientales y la sobrecarga administrativa. Foto EFEMonumento a John Cockerill en la Place de Luxembourg que han destruido manifestantes frente a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, donde cientos de agricultores protestan contra la disminución de los ingresos, las regulaciones medioambientales y la sobrecarga administrativa. Foto EFE

No todo es acuerdo

Las protestas en teoría organizadas en Europa, o Estados Unidos por ejemplo, son cada vez objeto de tensión entre el aparato del Estado y los organismos internacionales de derechos humanos vienen denunciando un patrón -por ejemplo en Europa- con “leyes represivas, uso excesivo o innecesario de la fuerza, detención arbitraria y enjuiciamiento, restricciones injustificadas o discriminatorias, y uso creciente de tecnologías de vigilancia invasivas, cuyo resultado es un retroceso sistemático del derecho a protestar. Así por ejemplo señala el último informe del Estado de la Protesta de Amnistía Internacional elaborado en 21 países europeos.

“La investigación de Amnistía dibuja el panorama profundamente alarmante de una ofensiva en toda Europa contra el derecho de protesta. En todo el continente, las autoridades están vilipendiando, obstaculizando, disuadiendo y castigando ilegalmente a quienes protestan de manera pacífica”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

También se ve una inusitada violencia por parte de sectores radicalizados que entorpecen, como en Argentina, las manifestaciones pacíficas, tal el caso de Francia, con los chalecos amarillos y las siguientes protestas en las que un sólo aspecto como el aumento de combustibles enciende la mecha para la rebelión destructiva del espacio público y batallas campales con la policía.



Fuente Clarin.com

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