¿Qué es lo que vuelve tan relevante una fecha como para que se transforme en un feriado nacional? Y a la vez, ¿alcanza con una decisión gubernamental para que un día determinado sea significativo para una sociedad?
En estos días de 2025 se cumplen 49 años del comienzo de la última dictadura militar en la Argentina (1976 – 1983) y cuatro décadas del Juicio a las Juntas, por el que los máximos responsables de la implementación del terrorismo de Estado en la Argentina fueron juzgados y condenados. Ha pasado casi medio siglo desde entonces.
Hemos vivido muchas cosas, y no obstante la memoria de la dictadura militar, aunque con significados diversos, ha estado siempre presente. El relato refundacional de los golpistas, instalado a sangre y fuego cuando tomaron el poder, se deshilachó rápidamente una vez que se conocieron masivamente sus atrocidades, sobre todo después de la derrota en Malvinas y gracias al esfuerzo de los organismos de derechos humanos y otros movimientos sociales.
La victoria electoral de Raúl Alfonsín no se entiende cabalmente si no evocamos aquella voluntad social de que la página atroz de la dictadura no fuera pasada con impunidad. El juzgamiento de los responsables, con todas las limitaciones que puede haber tenido, transformó a la Argentina en un ejemplo a nivel mundial.
No habría ni impunidad, ni olvido, y para ello la Justicia en sus distintas dimensiones fue uno de los pilares de la transición a la democracia. Es algo que debemos recordar aunque esa Justicia esté hoy en tan baja estima por parte de la sociedad.
Por supuesto, aún están entre nosotros quienes reivindican la dictadura, que han vivido aquellas condenas de 1985 como una derrota. Desde entonces insisten en revisar aquellas sentencias, pidiendo lo que ellos llaman la “memoria completa”. Buscan sostener la idea de que aquella matanza fue una guerra, y equiparar los hechos violentos de la guerrilla al terrorismo de Estado. Hoy sabemos que no fue así.
Lo sabemos por la acción judicial y por incontables aportes académicos, educativos y culturales que mantienen vivo el recuerdo que convoca el 24 de marzo, hoy feriado nacional.
Sin embargo, lo que hace que las calles se llenen cada aniversario -a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, en la década de 1990- es que el sentido original de la fecha se ha ido actualizando. Ya no se conmemora “solamente” el comienzo de la dictadura y se marcha en repudio a sus crímenes, sino que “el 24” es sinónimo de la necesaria vigilancia y cuidado de los derechos, que a la vez son vistos como conquistas sociales.
Lo que sucedió el 24 de marzo de 1976 es un hecho concreto, pero el recuerdo sobre el proceso que abrió el golpe de estado es dinámico: ha cambiado a lo largo del tiempo como han cambiado los contextos históricos de cada conmemoración.
Por eso la crítica a la politización de la memoria es tramposa: es imposible que las memorias no sean políticas, ya que expresan sensibilidades, intereses y proyectos políticos. A uno y otro lado del símbolo (una fecha, un objeto, un monumento) hay distintas ideas de la sociedad que queremos ser.
De allí que es imprescindible asociar el recuerdo del golpe de Estado al dato central de que los argentinos sostuvieron con su voto y con sus marchas la necesidad del juzgamiento.
“No hay democracia sin justicia”, podría ser la consigna. Por extensión, “no hay democracia en la que los derechos estén amenazados”. Y son los poderes del estado, sostenidos por la voluntad popular, los mejores garantes de que esto sea así. Esto no debería ser perdido de vista, sobre todo ahora que a nivel mundial campea el negacionismo, el revisionismo empujado por sectores reaccionarios que ven en la defensa de cada derecho una amenaza a la libertad.
El ejercicio democrático de la memoria solo es posible con instituciones y medios que garanticen la libre circulación de ideas. Con la certeza de que socialmente hemos construido consensos que no debemos revisar cada vez.
Por ejemplo, aquello que la Justicia probó en 1985: que un sector de la sociedad, en función de sus intereses, apoyó que las Fuerzas Armadas volvieran las armas contra el mismo pueblo que se las había encomendado, y que eso es un delito incomparable al de que ciudadanos se alcen en armas contra el estado, que tiene los medios legales para enfrentarlos, juzgarlos y condenarlos.
Que hoy haya que volver a escribirlo es porque es evidente que en el mundo soplan vientos reaccionarios.
Mientras los basamentos de la democracia estén bajo amenaza, el aniversario del 24 de marzo será una fecha que no sólo convoca a la reflexión sobre el pasado sino que alerta ante las amenazas del presente.
Federico Lorenz es historiador.