Sin dudas, la inflación es uno de los temas cruciales de la campaña electoral, el gran latiguillo de los candidatos de la oposición para desgastar a Sergio Massa, quien no ha logrado hasta ahora controlar este flagelo. La pregunta es si se podría haber hecho otra cosa más efectiva con las restricciones actuales, es decir, la pandemia, la sequía y la guerra en Ucrania, y si esa otra cosa podía implicar abandonar otros objetivos, como el nivel de actividad económica y el de empleo.

Para eso es importante analizar a fondo este fenómeno poco frecuente en el resto del mundo. Se trata de entender mejor en qué consiste la denominada inflación crónica para dilucidar cuáles son las alternativas reales para atacarla, bajo qué condiciones y en qué plazos y también qué costos económicos y sociales implican las propuestas tradicionales alternativas, de ajuste fiscal y restricción monetaria, tantas veces fallidas en el pasado.

Multicausa

Lo primero que hay que tener en cuenta es que en Argentina la inflación es crónica porque tiene varias causas que la provocan, varias de las cuales interactúan y se retroalimentan entre sí. Las más importantes son:

* La inestabilidad cambiaria provocada por la insuficiencia de divisas, que hace que periódicamente haya aumentos espasmódicos del tipo de cambio que se trasladan a los precios internos de distinta manera y por diversos motivos.

* La puja entre distintos sectores económicos que tratan de no perder posiciones relativas aumentando los precios por encima de los demás, según el poder de mercado que tengan.

* La lucha de los asalariados a través de sus sindicatos en paritarias para evitar que sus ingresos se deterioren en términos reales por el aumento de los precios de la canasta básica.

* Los shocks exógenos que generan incrementos inesperados en ciertos productos o insumos básicos, como los que se derivaron de la sequía de 2022 y la guerra en Ucrania, en la energía y varios insumos agropecuarios.

* La expectativa de que la inflación siga creciendo, que provoca una remarcación preventiva de precios o una anticipación de los aumentos de costo de producción.

* La dolarización creciente de la economía, que lleva a que las unidades productivas de todos los tamaños traten de valorizar sus utilidades en divisas, previendo que el precio del dólar siga creciendo.

La única causa que en nuestro país no tiene relevancia y que es la más referida en los enfoques económicos tradicionales es la denominada inflación de demanda, que sólo puede verificarse si la economía está cerca del pleno empleo y no puede responder a un aumento repentino de la demanda. Si hay algo que no sucede en nuestra economía desde hace años es que estemos cerca del pleno empleo, ni de mano de obra ni de capacidad productiva instalada.

Dólar

De todas las causas de la inflación crónica, la más determinante es la inestabilidad cambiaria en una economía bimonetaria, como la argentina. Esto no significa que sólo con estabilidad cambiaria se logre controlar este proceso inflacionario, pero sí implica que sin esa condición básica no hay plan antiinflacionario que pueda tener éxito. Como solemos decir los economistas, la estabilidad cambiaria es una condición necesaria pero no suficiente para controlar la inflación.

Veamos entonces qué requisitos deben verificarse para cumplir con esta condición absolutamente necesaria. La más importante es que el Banco Central pueda incrementar y recomponer su stock de reservas de divisas, especialmente las de libre disponibilidad, que es donde ponen el foco analistas y operadores financieros, locales y externos, eufemísitica y depersonalizadamente caracterizados como “el mercado”. Sólo con suficiente cantidad de reservas el Banco Central puede intervenir en la oferta y demanda de divisas para que su cotización sea más o menos estable.

Esto implica descartar de plano la liberación total del mercado de cambios, como postula el pensamiento ortodoxo, porque ya quedó demostrado en las experiencias previas que lo único que provoca esa variante es el ingreso de capitales especulativos que no sólo desestabiliza las cotizaciones sino que además termina en fuga, ya no sólo de los especulativos sino de una buena parte de los capitales reales acumulados en el proceso productivo interno, sobre todo a través de la eliminación de la obligación de liquidar las divisas por exportaciones en el país.

Y como si eso fuera poco, en la última experiencia de liberación total esa fuga masiva fue financiada con el mayor endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional de que se tenga memoria en el país y en el mundo, que ahora complica aún más la disponibilidad de divisas por el impacto del cronograma de devolución del préstamo y sus intereses.

¿Cuáles son las posibilidades de recomponer estas reservas? Es bastante probable que esto suceda durante el año próximo por la desaparición del efecto sequía en las exportaciones y por la puesta en valor del yacimiento Vaca Muerta y del gasoducto Néstor Kirchner, entre otros factores. De esta forma se podría estabilizar el mercado cambiario y también reducir la elevada brecha entre el tipo de cambio oficial (comercial) y los financieros alternativos que operan en el mercado bursátil.

Pacto social

La siguiente causa crucial a encarar para un programa antiinflacionario, que preserve la actividad económica y el nivel de empleo, es la puja distributiva entre sectores que buscan conservar o incrementar su posición relativa en el reparto de la torta económica. Con esto debe quedar claro que la inflación crónica multicausal no es sólo responsabilidad del Estado y sus políticas sino también una consecuencia de las decisiones y reacciones del sector privado.

Esta puja tiene un efecto duradero y es contraproducente de la estabilidad cambiaria, porque haría que los precios internos sigan aumentando frente a un tipo de cambio estabilizado. Para ello surgen dos alternativas: o se deja deteriorar el tipo de cambio estabilizado en términos reales frente a la inflación remanente, afectando a las exportaciones, estimulando importaciones y reduciendo por eso la obtención de divisas, o se acompaña con aumentos del tipo de cambio el aumento remanente de precios, con lo cual la inflación sigue reciclándose de manera crónica.

La única forma efectiva para contener la puja distributiva es el acuerdo entre los actores económicos y el Estado que detenga las remarcaciones y los reajustes salariales, congelando una estructura distributiva que no tiene por qué ser definitiva sino revisada a medida que baja este componente inercial de la inflación.

Este acuerdo, conocido en la jerga política como pacto social, debe ser más efectivo que las medidas unilaterales asociadas a los controles de precios de dudosa eficacia, previendo un esquema acordado de sanciones para su incumplimiento.

Pero este acuerdo no puede consistir en un congelamiento repentino de precios y salarios porque los perjudicados serían los trabajadores, que dejarían de obtener la compensación por la desintegración salarial provocada por la inflación pasada desde el último reajuste paritario.

Por eso, el acuerdo inicial debería basarse en una de dos variantes: un congelamiento de precios con ajuste salarial compensador o un congelamiento de salarios con reducción de precios, siendo la primera variante más viable que la segunda.

Otra de las condiciones suficientes para el programa antiinflacionario debería ser el compromiso del Estado, en el marco del acuerdo multisectorial, de una política fiscal y monetaria consistente con el objetivo estabilizador.

Esa política, contrariamente a la convicción ortodoxa, no implica necesariamente equilibrio fiscal pleno y no emisión monetaria adicional. El resultado fiscal debería ser consistente con el sostenimiento del nivel de actividad hasta que el sector privado dé muestras de dejar de tener un comportamiento recesivo por falta de inversión productiva, mientras la emisión monetaria total debe acompañar el aumento nominal del producto interno bruto para no ser un factor recesivo.

Y la última condición suficiente, la de las expectativas y el aumento de precios por las dudas, quedaría neutralizado en gran medida por la credibilidad que debería inspirar todo el resto del paquete de medidas mencionado.

Ajuste recesivo

Si el exceso de demanda con pleno empleo no es una causa básica de nuestra inflación tampoco puede serlo el déficit fiscal, que en realidad viene a sostener un nivel de actividad económica que de otro modo sería menor y que provocaría un desempleo mayor.

En cuanto a la emisión monetaria, el problema no es el que plantea la teoría ortodoxa de un exceso de dinero circulante con respecto al nivel de transacciones económicas reales. En Argentina, el problema es que la inestabilidad de precios induce a la compra de dólares en una economía bimonetaria, cosa que presiona sobre el valor del tipo de cambio, exacerbando la inflación cambiaria.

Quienes plantean que la única solución de la inflación es el equilibrio fiscal con restricción monetaria, además de no entender cuál es la génesis de la inflación en nuestro país, lo que están proponiendo es la típica solución recesiva, con reducción drástica de la actividad económica y caída del nivel de empleo, que además persigue el objetivo de equilibrar el comercio exterior por caída de importaciones e incrementar la competitividad de las exportaciones por caída del salario real en dólares, todo esto potenciado por la liberación cambiaria que, como en 2016, implicaría en la actualidad una devaluación de casi el 100 por ciento.

Hay dos conclusiones fundamentales en este análisis. La primera es que la inflación crónica en Argentina es más un problema político que económico, por la falta de acuerdo sobre cómo distribuir el producto de la actividad económica entre sectores; la segunda es que, por ese motivo, no es una responsabilidad exclusiva del Estado sino de todos los actores económicos.

La tercera conclusión es que no hay manera de terminar con la inflación de un día para otro si se quiere conservar el nivel de actividad y de empleo: será un proceso que llevará varios meses y quizás un par de años. A menos que se opte por la otra alternativa que, antes que en estabilidad, terminaría en un estallido social peor que el de 2001.

* Docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Coordinador de la Licenciatura en Economía – @novak_daniel



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