Con la confirmación de que este lunes, en la Legislatura porteña, se realizará un acto de homenaje a “las víctimas del terrorismo” encabezado por la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel, nuevos sectores se sumaron a la movilización de repudio convocada para las 16.30 frente al edificio de Perú 160. La semana pasada, legisladores de Unión x la Patria y de la izquierda, así como Hijos y otros organismos de derechos humanos habían solicitado a Juntos por el Cambio que no abriera a las puertas de un ámbito institucional como la Legislatura a un acto negacionista; sin embargo, las autoridades legislativas del PRO argumentaron que no se le puede impedir a un legislador realizar una actividad. No sólo eso. Referentes de Cambiemos –como el exsecretario de Derechos Humanos macrista– salieron a respaldar públicamente el acto.
Así, organismos de derechos humanos, agrupaciones de abogados querellantes en los juicios de lesa humanidad y un importante número de sindicatos confirmaron que se manifestarán contra el negacionismo, en la calle, desde media hora antes de que comience el acto en el interior de la Legislatura, que está previsto para las 17.00. Al mediodía, por otra parte, habrá una conferencia de prensa del Espacio Memoria, Verdad y Justicia, que por la tarde se sumará a la manifestación.
Avruj, como con el 2×1
En medio de la polémica que generó el homenaje -la convocatoria de LLA tiene mucho de provocación-, hubo nuevas repercusiones. Claudio Avruj, el exsecretario de derechos humanos de Mauricio Macri, hizo una publicación en sus redes en las que aseguró que el homenaje no es negacionista sino parte “del derecho al recuerdo”. Su postura no es una sorpresa, ya que Avruj apoyó el fallo de la Corte Suprema que benefició con la aplicación del 2×1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad, fallo en el que la Corte luego dio marcha atrás a raíz de una masiva protesta en contra de la impunidad.
“Yo participé de homenajes a los soldados del R29 en Formosa, del Gral Larrabure en la Facultad de Ingeniería del Ejército y no me considero negacionista. Esos asesinatos ocurrieron como muchos más que se quieren ignorar. No se puede negar el derecho al recuerdo”, escribió Avruj.
Otro respaldo público fue el del nacionalista Alberto Assef, que tuiteó defendiendo “la verdad completa”, el conocido eufemismo en favor de reimplantar la teoría de los dos demonios, junto con una foto en la que el diputado posa junto a Patricia Bullrich. Tampoco debería llamar la atención: en marzo, Asseff intentó presentar en la Biblioteca del Congreso el libro “La estafa con los desaparecidos – Mentiras y Millones”, pero los trabajadores del Congreso (Asociación del Personal Legislativo) intervinieron por entender que era parte de la campaña negacionista.
El panel
Sobre por qué se permite el uso de la Legislatura para este acto hay versiones. La principal señala que las autoridades legislativas -Juntos por el Cambio- no están de acuerdo pero carecen de herramientas para impedirlo: quien solicitó el uso del Salón Dorado es Lucía Montenegro, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el espacio de Javier Milei y en su condición de legisladora no le pueden negar el uso del lugar. “Carecemos de una ley contra el negacionismo”, indica este argumento.
El flyer con el que el acto fue difundido en las redes lleva el sello del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), centro creado en 2006 como una reacción a la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Villarruel fue una de sus fundadoras. La compañera de fórmula de Milei, de conocido perfil negacionista -dice que los 30 mil desaparecidos son “una mitología” y que el 24 de marzo sólo se recuerda “una parte de la historia”-, se ha enfocado, más que en defender abiertamente a la dictadura, en mostrar a las víctimas civiles de las organizaciones armadas de los ‘70. La principal apuesta del Celtyv es la reapertura de la causa por el secuestro del coronel Argentino del Valle Larrabure, por cuya muerte buscan responsabilizar a exintegrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Arturo Larrabure, hijo del coronel, es uno de los disertantes anunciados para esta tarde. Lorenza Ferrari y Graciela Saraspe completan el panel.
Por una ley contra el negacionismo
Victoria Montenegro es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura y una de las legisladoras porteñas que presentó un pedido para que se suspendiera el homenaje. “Lo que debe interpelarnos es la representación institucional que logró el negacionismo, porque a este acto lo hacen expresándose a través de sus diputados”, dijo a Página/12. “Tenemos que volver a enfrentar el negacionismo con estrategia, con militancia activa. Claramente hay un porcentaje de la población que acompaña el discurso negacionista, y un rol muy activo de los medios de comunicación. Hay un escenario que comenzó con Mauricio Macri y expresiones como ´el curro de los derechos humanos´, que siguió con el 2×1… y eso habilitó el escenario actual, porque hasta 2015 no era necesaria una ley de Negacionismo. Había un sector, eso sí, estaban Cecilia Pando y Victoria Villarruel, que impugnaban las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, pero había un Estado que avanzaba con los juicios y una sociedad que lo acompañaba. La crítica de Mauricio Macri, que continúan hoy Milei y Villarruel, apunta a borrar ese avance”.
Agrega que “lo que está en disputa es quién escribe la historia, cómo se reescribe la historia de los años de la dictadura, con un objetivo clarísimo, que es no avanzar sobre la complicidad civil con la dictadura. Porque no hubo ‘papás del corazón’, hubo apropiación de bebés; no hubo una guerra sino un Estado terrorista que secuestró, torturó, asesinó, desapareció, tiró personas al río. Están las pruebas, los testigos, los juicios y están las sentencias, entonces uno se pregunta ¿por qué estamos discutiendo esto? Bueno, porque hay una sector de aquella dictadura, los civiles que se escondieron detrás de los tanques y de las botas, que son los mismos que hoy financian las campañas de Milei y Villarruel, que necesitan que no se avance en investigar su rol durante la dictadura pero principalmente que se pueda reescribir la historia como ellos quieren, porque si linkeás aquella historia con este presente, son los mismos que hoy condicionan la mesa de los argentinos”.
En la Legislatura, a las 16.30
Al repudio frente a la Legislatura convocaron Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la APDH La Matanza, la Comisión Zona Norte, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) y la Asociación Buena Memoria. También la Asociación de ExDetenidos Desaparecidos, la Asociación Víctor Basterra de sobrevivientes y testigos de la Esma. Desde HIJOS Capital manifestaron: “Los genocidas robaron bebés y se apropiaron de ellos. A quien le abren las puertas de la Legislatura porteña este lunes lo niega y quiere gobernar el país”.
Entre los gremios que se sumarán están la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, los docentes de Ctera y Ademys, los metrodelegados, el Sipreba.
“No podemos construir un país mejor si no partimos de la verdad y la justicia. La llegada al poder de defensores de genocidas pone en peligro la base misma del sistema democrático”, advirtió ATE Capital. También los trabajadores de cooperativas de trabajo nucleados en FACTA confirmaron que van a movilizarse.
Repudio federal
Los secretarios de derechos humanos de quince provincias dieron a conocer un comunicado consensuado. “A los genocidas no se los homenajea, sino que se los juzga dentro del Estado de derecho y se los condena”, plantearon.
Agregaron que la teoría de los demonios es un argumento falaz, “que busca legitimar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, enmarcándolos en una guerra que no existió.
“Lo que sí existió fue un plan sistemático de exterminio, un genocidio ideado y ejecutado por el Estado dictatorial.”
“El pacto democrático se asiente en este consenso que es la base innegociable de la democracia”, agrega la declaración firmada por las autoridades de derechos humanos de Santa Cruz, La Rioja, Río Negro, Tucumán, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, Tierra del Fuego, Chubut, San Juan, Chaco, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y Catamarca.