El Gobierno identificó financiamiento de obras por unos 4.000 millones de dólares otorgado por organismos multilaterales, partidas “sub ejecutadas o ralentizadas”, por lo que se pondrá el foco en su normalización, aseguró este viernes el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro.
Asimismo, el funcionario reiteró que está garantizada la continuidad de las obras que ya están en ejecución pero aclaró que se dejarán sin efecto los nuevos proyectos que estaban licitados o planeados pero aún no arrancaron.
Por otra parte, Ferraro destacó que el propósito del Estado nacional será retirarse de la discusión de las tarifas de transporte de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y anunció que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) vuelve a ser un ente técnico bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y ratificó que se buscará lograr “un recorte importante” en las distintas empresas estatales.
En declaraciones a la radio El Observador, Ferraro criticó a la administración de Alberto Fernández al sostener que “han tenido una óptica de hacer muchas obras pequeñas, chicas, que tranquilamente podrían haber sido realizadas por los municipios”.
En esa línea, afirmó que “las obras de las que estamos hablando y que están hoy ralentizadas son muy pequeñas, en cantidad alrededor de 2.000, y vamos a tratar de terminar aquellas que valgan la pena”.
El funcionario sugirió que las iniciativas que no prosiga el Gobierno nacional “de alguna manera las pueden continuar los municipios o las provincias”.
En su cuestionamiento al gobierno anterior, remarcó que “obras importantes no se ven en el país desde hace muchos años, no hay nuevos accesos a Buenos Aires, puertos nuevos, trenes de carga, etcétera”.
El flamante ministro adelantó que se trabaja en un nuevo marco normativo modificatorio de la ley de Obras Públicas 17.520, que buscará generar incentivos para que el sector privado presente proyectos y lleve adelante las obras de infraestructura.
“No vamos por el camino de los PPP, tenemos incluso un juicio crítico de cuando se aplicaron, porque ya había fracasos en el mundo en esta materia; vamos por un concepto que ya existía en Argentina, y en Chile fue más efectivo, que es el de la iniciativa privada”, precisó Ferraro.
Y agregó: “Básicamente se trata de que el sector público o el privado puedan llamar a presentar un proyecto y si parece atinado lo declaramos de interés y sobre esa base convocamos a licitación para que puedan concursar otros privados”.
El ministro indicó que ese modelo “en Chile funcionó muy bien: todos los accesos a Santiago, el Aeropuerto, puertos, se han hecho bajo esta modalidad”.
En otro orden, Ferraro destacó que en la cuestión de la discusión de las tarifas de transporte de colectivos del área metropolitana, “nuestra intención es retirar al Estado nacional de todo lo que tenga que ver con el AMBA porque son la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires los que tienen que ver” en esa jurisdicción, como ocurre en el resto del país.
Respecto de la tarifa de pasajeros, aclaró que desde el Gobierno nacional “tenemos incumbencia en el AMBA solamente porque en las provincias cada una determina su tarifa en su transporte automotor interjurisdiccional”.
Y, apuntó que otro tema vinculado son los subsidios que el Estado nacional le da al transporte al señalar que “hoy las tarifas están congeladas (en el transporte de colectivos) y al mismo tiempo los subsidios no están actualizados entonces ahí hay un estrangulamiento” que provoca “que si uno quiere quitar el subsidio a las empresas tiene que aumentar las tarifas de los pasajeros”.
En ese sentido, manifestó que por el “impacto inflacionario en la tarifa de pasajeros en esa cuestión estamos coordinando con Hacienda, con el Ministerio de Economía ambas cosas, el monto de los subsidios y al mismo tiempo el monto de las tarifas”.
Además, sostuvo que la decisión de la tarifa la decide el Gobierno junto al ministerio que depende de él en consonancia con la política anti inflacionaria del ministro de Economía, Luis Caputo.
Por otra parte, adelantó que el Enacom volverá a ser un ente “muy profesional, muy técnico” que orbitará en la Jefatura de Gabinete.
“Volvimos a una organización más tradicional”, indicó Ferraro y resaltó que bajo su ministerio también funcionará la “Secretaría de Comunicaciones, que como siempre será la encargada de fijar políticas, controles y demás”.
Así funcionaba desde la década del 90 cuando tras la privatización de Entel se mantuvo una Secretaría de Comunicaciones en la órbita presidencial con rango de Ministerio y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) como ente regulador técnico, luego intervenida por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.
Ferraro recordó que “ya en la administración del 2016, al principio hubo un ministerio (de Comunicaciones) y un ente que estaba en la Jefatura de Gabiente. Después hubo una reforma de Ministerio y ahí se juntó política más contenido, mas regulación y control”.
En 2016, el Gobierno de Mauricio Macri modificó las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual, y Argentina Digital que tenían por reguladores a la Afsca (exComfer) y Aftic (ex CNC) respectivamente.
A través del decreto 267, el gobierno creó el Enacom para que actúe como “autoridad de aplicación de las leyes 26.522 (la de servicios de comunicación audiovisual) y 27.078 (la de Argentina Digital).
Ferraro señaló que ahora quedó “una mezcla de fijación de políticas y regulación de contenido y el rol de contralor” y remarcó que “se fijó un directorio político con participación de la oposición, o sea se terminó de politizar lo que era un ente que iba a ser muy profesional, muy técnico”.
“El Enacom queda en la Jefatura de Gabinete para reducirlo a lo que era originalmente, un organismo técnico y de control”, indicó Ferraro.
Asimismo, reveló que, desde su asunción, “se han recortado 130 puestos de trabajo sobre 3.000 sólo por pedidos de renuncias, pero antes de fin de mes, cuando terminan los contratos, el porcentaje va a crecer a un nivel de 30% del personal” en el ámbito de Infraestructura.
“Eso es en la administración central, después nos quedan las empresas públicas que solamente en ferrocarriles en total hay 35.000 personas. En empresas públicas no tenemos aún un número definitivo pero vamos a ir por un recorte importante”, completó.