¿Tendrá el Estado británico, y por tanto sus conciudadanos, meterse la mano en el bolsillo para proteger al Príncipe Harry cuando permanezca en el Reino Unido? Ésta es la pregunta que debe responder el Tribunal Superior de Londres, donde el martes se abrió la demanda interpuesta por el duque de Sussex contra el Ministerio del Interior de Gran Bretaña.
Cuando el hijo menor del rey Carlos III y su esposa, Meghan Markle, decidieron renunciar como miembros de alto rango de la familia real, efectivamente renunciaron a ciertos beneficios. En particular, el nivel de seguridad, que se ha revisado a la baja. De hecho, el Comité ejecutivo para la protección de la realeza y de los personajes públicos (Ravec) ha dictaminado que el Estado concederá al príncipe un nivel de seguridad evaluado en función del riesgo percibido durante sus visitas al Reino Unido. Corresponde, por tanto, a la pareja liquidar la diferencia si desea ser protegido como miembro activo al servicio de la corona durante sus viajes por el país.
“Menos favorablemente que los demás”
Este es el punto que denuncia quien ahora vive en Estados Unidos. Su abogada, Shaheed Fatima KC, explicó en un escrito presentado el martes ante el Tribunal Superior de Londres que su cliente había “recibido un trato menos favorable que otros miembros de la familia real”. La defensa del príncipe Harry también cree que hubo una falta de transparencia con respecto a la decisión.
“Ravec debería haber considerado el 'impacto' que tendría un ataque exitoso contra el denunciante, teniendo en cuenta su estatus, antecedentes y perfil dentro de la familia real, en la que nació, que perdurará por el resto de su vida, como así como su labor caritativa y de servicio al público”, se puede leer en el documento difundido por el bbc.
Se espera que las audiencias duren tres días y se desarrollen principalmente a puerta cerrada. La sentencia se dictará más adelante. El príncipe Harry, contrariamente a la demanda que está interponiendo contra el editor de Correo diariono debe moverse.