El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó la política de Estados Unidos contra las drogas, en el marco del cierre de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas en Cali, al tiempo que su gobierno anunció un plan nacional con un enfoque no punitivista para abordar la problemática.
Consenso regional
“Nos da miedo decir que ustedes, que tienen la mayor parte de consumidores de esas drogas, están equivocados”, alegó Petro, insistiendo en la idea de que la guerra tradicional contra las drogas que impuso a finales del siglo pasado Estados Unidos provocó la muerte de un millón de personas en el continente. “Nuestro silencio estos 50 años fue cómplice en un genocidio en nuestro países porque eso es lo que provocó la política oficial de guerra contra la drogas en nuestra América Latina”, aseguró, por lo que hizo un llamamiento los países de la región a tomar unas posiciones “sin miedo y
sin temor” y no repetir “los discursos del poder mundial”.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también participó en el cierre de la Conferencia, en el que consideró que para enfrentar “el flagelo de la drogadicción y la violencia” se deben atender, principalmente, “las causas con un nuevo criterio, no pensar solo en medidas coercitivas”. Y remarcó: “Tenemos que
poner por delante el criterio de que la paz es fruto de la justicia, tenemos
que luchar primero contra la pobreza, contra la desigualdad. Para enfrentar el
problema de la violencia hay que ofrecer empleos, buenos salarios, atender a
los jóvenes, garantizarles la oportunidad de estudio, de trabajo”.
Colombia y México, junto a otros 17 países latinoamericanos, pactaron una “hoja de ruta” en la que se comprometieron a un consenso regional en el problema mundial de las drogas. Se trata de un documento de 10 puntos donde, entre otros asuntos, se habla de la necesidad de llegar a la cumbre internacional de drogas de 2025 con una visión común que reconozca el fracaso de la guerra contra las drogas, con perspectivas de salud pública, prevención y descriminalización de
los campesinos.
Un nuevo plan nacional
El Gobierno colombiano publicó este sábado un documento de 83 páginas, en donde presentó su nueva política nacional
de drogas llamada “Sembrando vida desterramos el narcotráfico”. Se trata de una política que proyecta reducir la producción de cocaína en un 40 % hasta
900 toneladas al año y que está diseñada para una duración de 10 años, explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en una entrevista con la agencia EFE. Tiene ejes diferentes a lo que tradicionalmente se ha hecho: va a concentrar el esfuerzo penal del Estado en la persecución de las mafias de narcotraficantes, del lavado de activos, la persecución de la cocaína y del dinero de la cocaína”, resumió.
Antes se perseguía “de un modo casi que igual a una estructura criminal muy potente y a una pequeño narcotraficante o un cultivador” y al final la diferencia de penas entre alguien detenido por llevar 20 kilos de hoja de coca y otro con 20 kilos de cocaína “no es mucha”, indicó Osuna. La idea es atacar a las estructuras criminales y a la vez ofrecerles penas reducidas: “si aceptan entregar información, reparar a las víctimas, devolver sus bienes, el Estado les ofrece una rebaja de penas y que puedan conservar alguna parte de su dinero”, añadió, aunque la ley que pueda permitir eso aún no está aprobada.
Y de la otra mano, la apuesta es “dejar de perseguir penalmente a los campesinos cultivadores de hoja de coca, que en su gran mayoría son pobres”. “A ellos lo que les vamos a ofrecer es un abanico de posibilidades para el tránsito de economías ilegales a economías legales”, alegó el ministro. Esto va desde apoyar negocios y otros cultivos a ofrecer terrenos de la reforma agraria comprados por el Estado, a pago por servicios ambientales para que “una vez arranquen la mata de coca, se dediquen a ser guardabosques” o al uso de hoja de coca para fines no narcóticos como fumigantes, comida y textiles, entre otros.
El último punto del plan es el que aborda problemas de drogodependencia, aunque “Colombia no tiene un problema de consumo excesivamente grave”, comentó Osuna. Para las personas con un consumo problemático se plantea un enfoque preventivo y de salud pública “incluso con el suministro controlado de estupefacientes”, lo que ya se realiza en otros países y que Colombia ahora quiere abordar desde la salud pública.
Dejar el prohibicionismo
A esta nueva política de drogas se le criticó que no despenalizaba algunas sustancias como la marihuana o incluso la cocaína. La ley que regulaba el cannabis de uso recreativo se cayó por unos pocos votos en el Congreso en la legislatura y ahora el Gobierno la quiere reimpulsar, pero no hay iniciativas para otras drogas.
El ministro de Justicia se amparó en que la legislación internacional aún no avanza hacia la regulación y el Código Penal colombiano no permite obrar en ese sentido. “El mundo seguramente transitará hacia una regulación diferente al prohibicionismo; no sé cuándo, ojalá lo alcancemos a ver”, reflexionó.
Además aseguró que “Colombia está apostándole a liderar ese cambio del prohibicionismo a una regulación sensata y responsable, regulación que necesariamente es internacional”. “Mientras esa regulación (internacional) no cambie, pues Colombia cumple sus compromisos internacionales dentro de los cuales está penalizar el narcotráfico y seguirá estando penalizado (el consumo de drogas)”, insistió Osuna.