De acuerdo a estimaciones privadas, el ajuste del gasto primario debería alcanzar 4,4 por ciento del PBI en 2024 para alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas. Las promesas de campaña del presidente electo, Javier Milei, van mucho má allá: aspira a un ajuste del gasto público en una magnitud del 15 por ciento del PBI. La consultora LCG realizó un pormenorizado análisis de las distintas partidas del gasto público para determinar en qué medida sería factible, para el próximo gobierno, alcanzar esa meta.
Según señalan, el gasto público consolidado (es decir de Nación, provincias y municipios) cerrará 2023 en torno al 38 por ciento del PBI. Los especialistas proponen revisar algunos gastos “enquistados” en la estructura del Estado. “Casi 20 puntos del PBI, de esos 38, corresponden exclusivamente a gasto nacional”, que se redujo este año, sostiene LCG. El recorte fue de dos puntos según sus cálculos, con lo cual recuperó “los niveles que había dejado la administración Cambiemos, pero a su vez esos niveles “todavía superan en más de 10 puntos el promedio de la década del noventa” de modo que sugieren mirar ciertos gastos “enquistados”.
Radiografía del gasto
“Nada menos que 40 por ciento del gasto (7,7 por ciento del PBI) corresponde a seguridad social (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y AUH, entre otros). Estas partidas cuentan con ajuste automático a través de la fórmula de movilidad, por lo que cuentan con inercia propia”, señala la consultora.
“La obra pública, los giros a las provincias y las transferencias a empresas públicas serán, según el discurso del presidente electo, las principales variables de ajuste del gasto. En conjunto representan 17 por ciento del total (equivalente a 3,3 por ciento del PBI). Aun cuando se avance en su completa eliminación, no será suficiente para la dimensión del ajuste propuesto”, continúan.
En detalle, el gasto total en salarios equivale a 2,6 por ciento del PBI y “en 2018 y 2019 Mauricio Macri ajustó 0,6 puntos del PBI, pero desde niveles más elevados que los actuales”, sostienen.
En segundo orden de relevancia se ubican los subsidios a la energía y el transporte que representan 2 por ciento del PBI luego de la reducción implementada este año con la segmentación tarifaria, de modo que “eliminar por completo esta partida tendrá como correlato un aumento de tarifas fundamentalmente en los hogares de menores ingresos”, analizan.
Por su parte, los programas o beneficios sociales (como el Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentar, Becas Progresar, etc.) se llevan otro 2 por ciento del PBI y en principio Milei dijo que no los tocaría.
La obra pública cerrará el 2023 en 1,5 por ciento del PBI (luego de tocar máximos de 3 puntos en 2009 y 2014) “e incluye tanto las obras directamente ejecutadas por Nación como por las provincias con fondos nacionales”, aclaran desde LCG.
Las transferencias corrientes a las provincias equivalen a 1,1 por ciento del PBI, calcula la consultora, y son giros “por fuera del reparto de recursos que genera la coparticipación de impuestos, pero que en muchos casos cuentan con una Ley (además de la Ley de Presupuesto) que exige el giro de esos fondos”.
Se considera allí el Fondo de Incentivo Docente, por ejemplo, que se reparte entre todas las provincias y también los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Por último, el proyecto de ley del Presupuesto 2024 contempla un superávit de parte de las empresas públicas equivalente a 0,13 por ciento del PBI. Sin embargo, parte de este resultado se logra con giros del Tesoro para cubrir una parte de los gastos: “en total esas transferencias a empresas públicas suman 0,6 por ciento del PBI”.
Y otra mención cabe para el “gasto tributario”, incluido en la separata del Presupuesto 2024 y que refiere a las exenciones impositivas y otros regímenes de gravámenes especiales, por los que el fisco se pierde de recaudar un 2,3 por ciento del PBI según estimaciones oficiales.
Son todas las partidas que analiza en detalle la consultora LCG, porque de allí deben salir esos 4,4 puntos del PBI que permitan alcanzar el ansiado equilibrio de las cuentas públicas, “si [el ajuste] se realizara con solvencia y conocimiento de los resortes legales, debería ser el puntapié para estabilizar la economía y sentar las bases de un crecimiento sostenible”, concluyen.