La jueza Loretta Preska, que lleva adelante la causa por la
expropiación de YPF en 2012, accedió al pedido de la defensa Argentina de extender hasta el 10 de enero el plazo para depositar una garantía y evitar embargos. Quedará en manos del gobierno de Javier Milei negociar la indemnización que le exigen en el juicio, y también definir si sigue con la apelación.
La fecha original dispuesta por la justicia estadounidense era el 5 de diciembre, días antes del recambio presidencial. Dado el escenario de cambio de gobierno la defensa argentina había pedido que lo extiendan hasta el 10 de enero de 2024 para darle a la nueva administración un mínimo de treinta días para evaluar las condiciones. Preska aceptó el pedido.
Mientras se espera una sentencia firme para el fallo que obliga a la República a pagar 16.100 millones de dólares al fondo buitre Burford Capital por la forma en que se nacionalizó la compañía en 2012, Presa accedió a eximir el pago de una fianza por el monto total del juicio (así se estila en Estados Unidos), que era imposible de pagar por el país. A cambio, sugirió que aporte otros activos.
Entre los activos que sugirieron los buitres como alternativa al bono de 16.100 millones de dólares de fianza, se encuentra el 26 por ciento de la participación accionaria que tiene el Estado Nacional ( el 25 restante es propiedad de las provincias) en la compañía y un crédito a cobrar por parte del gobierno de Paraguay en la construcción de la represa generadora de energía binacional de Yacyretá. También intentaron con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que la jueza omitió porque la ley argentina exige que los fondos de pensiones “sólo podrán destinarse al pago de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino”.
Antes de enviarle la carta a Preska, los abogados de la República habían consultado la posibilidad de prórroga a los abogados demandantes, que se opusieron a menos que la República acepte un “calendario acelerado para la apelación”.
Es que el juicio tiene una sentencia en primera instancia en contra de la República Argentina, pero se encuentra en proceso de apelación. El calendario para presentar los escritos con los argumentos de la apelación empieza el año que viene, pero Preska le pidió al país que acepte un calendario para acelerar el proceso. “La República no puede aceptar esta condición porque privaría a la nueva administración de la capacidad de evaluar la totalidad de la Orden del Tribunal”, aseguró la defensa Argentina.