Sin demasiadas estridencias, y con el peso de lo que se asegura como una realidad inexorable, el gobierno de Estados Unidos anunció el 19 de diciembre de 2023 que su superficie se ampliará casi en un millón de kilómetros cuadrados, al incorporar un área dos veces superior al tamaño de California, o prácticamente igual al de la Patagonia.
A partir de una fundamentación científica, comercial y política, y con enormes implicaciones estratégicas y, sobre todo, geopolíticas, el Departamento de Estado dio a conocer su ambición por ampliar su dominio sobre la “plataforma continental extendida” (“Extended Continental Shelf”-ECS), el amplio territorio del lecho marino que se extiende desde las 200 millas náuticas, límite de la Zona Económica Exclusiva, a las 350 millas náuticas.
Estados Unidos se une así al creciente grupo integrado por cerca de ochenta naciones, que han intentado definir sus nuevos límites bajo el criterio de la ECS. Sin embargo, este nuevo reclamo de soberanía contiene una particularidad que puede alterar las futuras demandas.
Hasta ahora todos los gobiernos interesados en demostrar que su margen continental se extiende naturalmente más allá del límite de las 200 millas presentaron sus propuestas ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), órgano técnico creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), con sede en las Naciones Unidas. Argentina llevó a cabo su demanda formal en 2009, la que se resolvió favorablemente en 2017.
Sin embargo, Washington avanzó en su nueva pretensión territorial sin contemplar los canales institucionales que invariablemente han seguido los restantes gobiernos. Lo de Estados Unidos sería así más un acto de fuerza que espera su convalidación en los hechos por parte de aquellas naciones que, en principio, se verían afectadas en sus propios reclamos territoriales.
En este sentido, y pese a que en su presentación la Casa Blanca se refirió al Artículo 76 de la CONVEMAR para validar su propuesta, lo cierto es que Estados Unidos no forma parte de esta Convención, al rechazar la existencia de una autoridad colegiada responsable de regular las actividades comerciales, científicas, etc. en mares y océanos.
Sin mediaciones institucionales, la expansión estadounidense será en todas direcciones. Buscará una mayor presencia en los océanos Ártico, Atlántico y Pacífico, así como también en el Golfo de México y en el Estrecho de Bering. Pero una buena parte de la ampliación geográfica se dará sobre territorios que también son pretendidos por otro gobiernos y países.
El avance estadounidense se superpone parcialmente con reclamos de Canadá y de las Bahamas, mientras que sus pretensiones en el Pacífico, coinciden con la demanda establecida por Japón. Pero lo que más impacto generó es que más de la mitad del área reclamada se encuentra en el Ártico (foto).
Cerca del Polo Norte, y bajo el lecho marino, Estados Unidos podrá explotar yacimientos de hidrocarburos teniendo en cuenta que, según un informe de 2008 del Servicio Geológico, existiría el equivalente a 90 mil millones de barriles de petróleo. Asimismo, no se descartan la extracción de gas y de minerales raros, cada vez más codiciados por la industria tecnológica.
Pero el territorio ambicionado por Estados Unidos resulta estratégico en varios sentidos. La plataforma continental extendida podría usarse para colocar conexiones de fibra óptica de larga distancia e incluso, a futuro, podrá controlar una de las principales rutas comerciales favorecida por la disminución del nivel de hielo debido al calentamiento global.
Uno de los países más afectados por esta política expansiva será Rusia, que desde hace años invierte buena parte de sus recursos en el montaje de su propia infraestructura en el Ártico y en el aumento del número de rompehielos, pese a tener ya la principal flota a nivel mundial.
Las críticas no se hicieron esperar. Desde Moscú la iniciativa fue recibida con escepticismo y hostilidad. Desde la Duma se anunció que la ampliación unilateral de las fronteras en el Ártico es considerada como una medida “inaceptable” y como un innecesario “aumento de las tensiones”.
De igual modo, se planteó que, una vez más, se intenta prevalecer el excepcionalismo estadounidense ya que la expansión de las fronteras no se procesa a través de los conductos institucionales sino porque se trata de una decisión de la principal potencia. Mientras tanto, la Casa Blanca ya anunció que se reserva el derecho a ampliar sus reclamos territoriales dependiendo de nuevos avances en sus investigaciones sobre el lecho marino.
Como si se tratara de la adaptación del Destino Manifiesto al siglo XXI, una pretendida inevitabilidad motiva así un renovado expansionismo formulado sin consultas ni, muchos menos, consensos respecto a aquellas naciones que, pese a todo, pretenden mantener con vida un sistema multilateral que se encuentra asediado por decisiones unilaterales y por voluntades autonómicas.