Desde Sevilla
Apenas 24 horas después de que la derecha española sacara a la calle a cientos de miles de manifestantes para protestar contra las cesiones de Pedro Sánchez al nacionalismo catalán, el PSOE ha dado el último paso para asegurarse la reelección de su líder. Los socialistas registraron este lunes en el Congreso la ley de amnistía que garantizará la inmunidad de los nacionalistas catalanes que participaron en la frustrada declaración de independencia de 2017. Los 14 votos de las dos fuerzas separatistas representadas en el Congreso de los Diputados –Esquerra Republicana (izquierda) y Junts (conservadores)- son imprescindibles para que Sánchez pueda seguir en el Palacio de La Moncloa.
Pese a quedar por debajo del Partido Popular en las elecciones del pasado 23 de julio, Pedro Sánchez ha conseguido reunir los apoyos que le aseguran los votos necesarios en el Congreso de los Diputados para ser elegido para un nuevo mandato de cuatro años. Además de los 121 diputados socialistas, el secretario general del PSOE ha recabado los 31 de Sumar (coalición de izquierda que incluye a Izquierda Unida, Podemos y otras fuerzas menores), los 6 de EH Bildu (izquierda independentista vasca que integra al antiguo brazo político de ETA con otras formaciones afines), los 5 del Partido Nacionalista Vasco (conservadores), el Bloque Nacionalista Galego (un diputado) y Coalición Canaria (un diputado).
Para llegar a los 176 votos con los que se alcanza la mayoría absoluta, Sánchez necesitaba sumar los siete votos de Esquerra y los siete de Junts y para ello ha llevado adelante una negociación de 112 días que ha puesto en pie de guerra a todo el espectro de la derecha política y también a los principales poderes fácticos españoles, que consideran a estas concesiones una ruptura del orden constitucional y del principio de igualdad ante la ley.
La amnistía pactada para los participantes en el frustrado proceso de independencia catalana –se estima que hay unas 400 personas con procesos judiciales pendientes por esos hechos- no sólo ha movilizado a la contra al Partido Popular y a Vox, sino también a la mayor parte de la judicatura, las asociaciones de fiscales, colegios profesionales, sindicatos policiales y de trabajadores de prisiones y las asociaciones empresariales. También han protestado la mayoría de los presidentes de las comunidades autónomas, gobernadas por el PP, que temen acabar pagando la factura de las concesiones económicas que Sánchez ha comprometido con los nacionalistas catalanes. El socialista Emiliano García Page, presidente de la comunidad de Castilla La Mancha y principal dirigente socialista con poder territorial, también ha mostrado su disconformidad.
Durante los últimos días se han sucedido protestas ante las sedes del PSOE, en las que participaron destacadamente activistas de extrema derecha, y varios locales fueron objeto de vandalismo y pintadas amenazantes. Un conocido dirigente socialista llegó a comparar el señalamiento que sufren sus militantes con la persecución de los judíos en la Alemania nazi.
Este lunes, al día siguiente de las multitudinarias protestas convocadas por el PP, a las que se sumó Vox y que consiguieron reunir a cientos de miles de manifestantes en las 52 capitales de provincia españolas, el PSOE registró el proyecto de ley de amnistía. En principio, los socialistas tenían la intención de que el texto fuera firmado por todas las fuerzas que comprometieron su apoyo a Sánchez, pero finalmente lo hizo en solitario. Al parecer, Esquerra se negó a firmarlo porque el perdón no incluirá a los procesados por delitos de terrorismo, calificación con la que algunos jueces imputaron a los autores de sabotajes a ferrocarriles y otros servicios públicos como parte de las movilizaciones independentistas.
Los socialistas aspiran a que la ley sea tramitada por el procedimiento de urgencia, lo que permitiría su aprobación en 20 días, aunque se expone al último recurso al que prevé recurrir el Partido Popular. El partido conservador, con mayoría en el Senado, tiene previsto impulsar una reforma en el reglamento de esa Cámara que no alcanzaría para rechazar la ley, pero sí para retrasar su aprobación. En España, el Senado es una cámara de segunda lectura cuya aprobación no es necesaria para que las normas legislativas salgan adelante.
Uno de los principales motivos por los que la derecha reprocha a Sánchez el impulso de la amnistía es que durante años defendió su inconstitucionalidad y sólo cambió de opinión cuando necesitó de los votos de los nacionalistas para continuar en el poder. Desde las filas socialistas se asegura que el perdón contribuirá a apaciguar el conflicto político catalán.
En todo caso, una legislatura nacida bajo la impronta de esta polémica está llamada a transitar por un sendero de crispación pocas veces vivido por la democracia española desde la Transición. Además de controlar el Senado y de ser la principal fuerza política en el Congreso, el Partido Popular gobierna en 11 de las 17 comunidades autónomas y en las principales ciudades, con la única excepción de Barcelona. Para sacar adelante leyes y presupuestos, Sánchez se verá obligado a mantener la variopinta coalición que ha conseguido formar para su investidura y tendrá enfrente al PP (137 escaños) y Vox (33).
Pero antes, deberá conseguir ser reelegido presidente tras una sesión de investidura que se prolongará dos días, el miércoles y jueves de esta semana.