El acuerdo entre el jefe del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, el independentista Pere Aragonès, encarrila la investidura en España al tiempo que levanta duras críticas en las formaciones de derecha. El pacto incluye aprobar una ley de amnistía para los políticos catalanes condenados por el intento secesionista de 2017, algo que también exige el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, quien desde entonces reside en Bélgica amparado por la inmunidad que le otorga su condición de parlamentario europeo.
El acuerdo amplía además la amnistía a asociaciones civiles independentistas catalanas investigadas por supuestos delitos de terrorismo, lo que este miércoles despertó el rechazo de la derecha. El coordinador del Partido Popular (PP), Elías Bendodo, aseguró que el independentismo “vende sus votos al precio que le da la gana porque Sánchez los va a comprar a cambio de conseguir su investidura”. 8 vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial solicitaron que se celebre un pleno extraordinario para abordar la amnistía, que consideran una “medida de abolición del Estado de derecho”.
En los comicios de julio pasado en España, el partido más votado fue el conservador PP con 137 escaños, una mayoría insuficiente para formar gobierno. Ante la falta de apoyos de otros grupos más allá del ultraderechista Vox, Sánchez trata de reeditar el actual Ejecutivo de coalición con fuerzas de izquierda. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con 121 escaños, precisa el voto de 176 diputados de un Congreso de 350 para configurar un gobierno, algo que ahora parece más cerca.
Según confirmaron el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en un comunicado conjunto, Sánchez y Aragonès “desbloquearon los últimos detalles” de la futura ley de amnistía y de un acuerdo para la investidura que también contendrá “cuestiones políticas y económicas” a desarrollar durante la legislatura. Sánchez, presidente del gobierno desde 2018, tiene tiempo hasta el 27 de este mes para acudir a la investidura. En caso de no lograr los votos necesarios se celebrarían nuevas elecciones generales el 14 de enero.