El Gobierno envió este martes a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que crea el Consejo Económico y Social para el Desarrollo como organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, informaron fuentes parlamentarias.
El organismo tendrá autarquía económica financiera y el fin de “promover la búsqueda de consensos en procura de lograr una concertación social entre los sectores políticos, económicos y gremiales del país”, se indicó.
El Consejo fue creado por decreto en 2021, pero la intención del Poder Ejecutivo es institucionalizar ese organismo a través de una ley del Congreso para que tenga personería jurídica propia y capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado.
En los fundamentos, el Gobierno señaló en el decreto de febrero de 2021 la obligación del Consejo de “formular y elevar al Poder Ejecutivo Nacional dentro de los 1.000 días corridos contados a partir de su dictado un anteproyecto de ley que proponga la estructura jurídica y presupuestaria definitiva del Consejo, reparando en los proyectos de ley presentados, la experiencia internacional comparada y las lecciones aprendidas durante su funcionamiento.
Recordó que “desde su creación el Consejo Económico y Social estuvo conformado por representantes de distintos sectores del quehacer económico y social (agrupaciones empresariales, organizaciones sindicales y organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico y científico), considerando criterios de pluralidad, diversidad, visión federal y equidad de géneros.
Destacó que el proyecto de ley enviado al Congreso “incorpora el trabajo colectivo de los actuales integrantes del referido Consejo y recoge las lecciones aprendidas a partir de su vigencia, entre ellas la necesidad de profundizar criterios de federalismo y equidad de géneros en la composición del Consejo, además de considerar otros aspectos para su mayor efectividad y mejor participación, obtenidos a partir del conocimiento del contexto histórico en el que se gestaron experiencias similares; de antecedentes nacionales e internacionales de organismos de similar naturaleza, así como de proyectos de ley presentados ante ese Honorable Congreso de la Nación por representantes de las diversas fuerzas políticas”.
El proyecto elevado a Diputados fue firmado por el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.
De acuerdo a esa iniciativa, el Consejo “es el ámbito de participación y consulta de los actores de las actividades económicas y sociales de la comunidad, con la finalidad de fortalecer la convivencia democrática, promover el debate, la búsqueda de consensos y la concertación social, sobre las prioridades estratégicas para un desarrollo sustentable e inclusivo del país”.
Los objetivos de esa ley serán, entre otros, asistir al Presidente o a la Presidenta de la Nación efectuando el análisis y las recomendaciones que se le requieran sobre programas de gobierno, políticas públicas y proyectos de leyes de importancia estratégica; articular espacios de diálogo y cooperación entre los diversos actores económicos y sociales de la comunidad, y la generación de consensos amplios sobre prioridades estratégicas para la promoción del desarrollo nacional.
Cómo funcionará, según el proyecto
El Consejo será integrado por un Presidente o Presidenta con rango de Secretario de Estado, un Vicepresidente o Vicepresidenta con jerarquía de Subsecretario de Estado, uno o una Secretaria Ejecutiva con jerarquía de un Director de la Administración Pública, quienes serán designados o designadas por el Poder Ejecutivo y que durarán en sus cargos cuatro años.
También conforma el Consejo la Asamblea Plenaria que contará con 41 consejeros o consejeras en representación de los distintos sectores o estamentos sociales, de los cuales 12 pertenecerán a las organizaciones de trabajadores, 12 a las entidades empresarias, tres de entidades de la actividad cooperativa, ocho a los movimientos sociales, organizaciones de la economía popular y de los consumidores, y seis de miembros del ámbito académico y científico.
El Consejo deberá deliberar entre febrero y noviembre con la presencia de al menos 21 miembros en la primera convocatoria y de 14 en la segunda convocatoria, debiendo contar con la asistencia de al menos un miembro de cada sector social o empresario.
También se fija que los consejeros o consejeras desarrollarán sus funciones “ad honorem” pero el Consejo atenderá los gastos de movilidad, hospedaje, alojamiento y traslados en los casos que resulte necesario.
Ese organismo se solventará con recursos provenientes de las partidas que anualmente le asigne la ley de Presupuesto o donaciones que acepte el organismo.