Faltan pocos días para que los ciudadanos argentinos elijan al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, es decir al Presidente. Esta característica constitucional que está entre las atribuciones del primer mandatario no está muchas veces tan presente en las preocupaciones de los votantes. Elegir al Comandante en Jefe es designar al máximo jefe militar de la Nación, el único que llega al mando por esta vía. Esta condición esta presente en todos los textos constitucionales argentinos desde 1853 hasta el presente y nunca fue jurídicamente cuestionada. Sin embargo, como nuestra historia política lo consigna la violación de ese principio dio paso a las dictaduras militares conservadoras o a gobiernos civiles nacidos del fraude o la proscripción que fueron dominados por las Fuerzas que debían conducir.
Por cierto, esas FFAA rebeladas contra el poder civil, poder popular, fueron a su turno instrumento de los poderes económicos, políticos y culturales de las clases dominantes.
Ahora que, desde 1983, la ciudadanía ha recuperado el poder de designar sin proscripciones ni fraudes al Comandante en Jefe, está presente la política que éste va a desarrollar en la materia de Defensa.
Los sectores conservadores, en perfil civil o en su momento en fase dictatorial, plantean la reversión del curso que con dificultades se planteó desde Alfonsín recibiera la banda y el bastón en diciembre de 1983. Son 40 años continuos de gobierno constitucional y 33 años sin ningún intento de golpe de Estado. Los dos recorridos temporales más largos en la materia en la historia política argentina.
Sin embargo, el debate sobre la Defensa está presente en los próximos comicios donde el candidato peronista lleva como vice a quién ocupara en dos ocasiones la cartera de Defensa y el candidato ultra-liberal es acompañado por una mujer que según aquél sería la encargada de manejar en un eventual gobierno suyo los temas de Defensa y Seguridad.
Las gestiones de Agustín Rossi indicaron su compromiso con el orden constitucional, la reforma de las FFAA, la subordinación de éstas al poder civil, su modernizacióm, la separación de las tareas de Seguridad y Defensa. Fue la política inaugurada en esa misma posición institucional por Nilda Garré y, en la actualidad, por Jorge Taiana.
Por su parte Victoria Villaruel, emparenta con familias militares ha defendido abiertamente a quienes fueran condenados por violar los derechos humanos durante la represión dictatorial. Propone unificar las acciones de Defensa y Seguridad, reformar las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia e indultar o amnistiar a los genocidas de la dictadura de la dictadura del proceso.
Una política se propone continuar con el rumbo que ha reformado la instrucción de oficiales y suboficiales, impulsando la reflexión y el conocimiento sobre la subordinación institucional militar y los derechos humanos; insistir con el proyecto del Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF). El otro proyecto quiere volcar a los militares a las tareas de seguridad para que se involucren, por ejemplo, en las tareas de represión al narcotráfico.
La coalición liderada por el peronismo realiza una fuerte reivindicación de la soberanía argentina en las Malvinas y las otras islas del Atlántico Sur ocupadas por Gran Bretaña. En la candidatura opositora voces muy fuertes realizaron una manifestación frívola acerca del destino soberano de las Islas.
Muchos argentinos se pregunten acerca de la fuerza en la sociedad de teorías negacionistas acerca de la última dictadura. Es posible que se pregunten acerca de la vigencia de éstas en las propias FFAA. Quizás, algunos o muchos de los votantes de la oposición tomen distancia de las posiciones más virulentas adoptadas en esta materia por sus candidatos.
La reflexión que resulta imprescindible hacer es la profundidad de la vigencia de las teorías reversionistas. Una sociedad no cambiar drásticamente de un día para el otro, en términos culturales, ni aún en procesos considerados como revolucionarios. En momentos en que en el mundo se verifican fuertes apariciones de movimientos de ultra derecha, resulta difícil esperar que la Argentina viva aislada de fenómenos que, como todos los sociales y culturales en esta época, se trasladan con velocidad a todas partes del mundo.
La Argentina debate, implícita o explícitamente, que objetivos fija a la política de Defensa y a las instituciones que constituyen el instrumento militar de la misma.
Las FFAA han ganado en estos años con la presencia creciente de la mujer en todas Fuerzas, Armas y niveles. Han ganado con la nueva perspectiva de la Justicia y la disciplina militares. Fue derogado el injusto Código de Justicia Militar que, de una parte, rodeaba corporativamente a los uniformados y – al mismo tiempo – los despojaba de un auténtico derecho a su defensa. Las FFAA han intervenido en los últimos 40 años en operaciones internacionales de paz en el marco de las Naciones Unidas (los Cascos Azules), incrementaron su accionar supletorio al actuar en apoyo a la población en inundaciones y en grandes operativos sanitarios como los Belgrano I y II en la pandemia del Covid 19.
Si las FFAA gozan hoy de prestigio a diferencia de lo que sucedía en 1983, es porque han realizado estas tareas y no han producido intervenciones en la vida civil que les competían y para las que están preparadas, ni deben estarlo, porque su función primaria y esencial la constituye la defensa del conjunto de la soberanía nacional. Porque no han pretendido ser tutoras de la sociedad y porque están subordinadas en sus jefaturas y ascensos a lo que prescribe la Constitución y la ley: el Ejecutivo y el Legislativo y en su caso, el Judicial.
Fueron los tribunales y la Corte Supremas los que dictaron y confirmaron el fallo clave del juicio a los comandantes de la dictadura (que recordó en estos días la película “Argentina 1985”), y anularon los indultos de Menem que pretendía abolir los efectos de aquél.
Lo que se enfrenta, también, en estas opciones acerca de la Defensa es como dotar de armas y equipos a las FFAA preservando la soberanía nacional y no subordinándose a los gobiernos de la OTAN que sostienen, vía Gran Bretaña, una poderosa base en pleno territorio nacional a menos de 600 kilómetros de la Argentina continental.
En el despliegue del proyecto de la Argentina Bicontinental, en la preservación de la soberanía y en el respeto de los derechos humanos soberanos, se presenta en estos días una parte fundamental del debate electoral.