El rechazo de muchas cámaras empresariales a la “suma fija” que el gobierno anunció para intentar paliar los efectos de la devaluación post PASO que le impuso el FMI implica un desembolso de alrededor de 218 mil millones de pesos para las empresas medias y grandes que no recibirán ayuda estatal. El monto equivale al 1,2 por ciento de las transferencias de ingresos del
trabajo al capital que tuvieron lugar durante los últimos años. En tanto el impacto para los trabajadores registrados
en el sector privado será reducido.
Desde el punto de vista económico, el resultado de las elecciones primarias del 13 de agosto tienen relación directa con la crisis de ingresos que impacta en la economía argentina desde fines del gobierno de Mauricio Macri. El último informe de coyuntura del Centro de Investigación y Formación de la CTA (Cifra) cuantifica en 70 mil millones de dólares de transferencia de ingresos del trabajo al capital durante el gobierno del Frente de Todos, que
asciende a 101 mil millones si se incorporan los resultados de la gestión de Macri.
El informe resalta además la “fuerte
tendencia a la elevación de la rentabilidad de las grandes empresas oligopólicas y, en especial, las que detentan la
estrategia de la conglomeración empresarial, en base a su capacidad de imponerse en la carrera de precios” que se pone de manifiesto al advertir que, entre 2016 y el primer semestre de 2023, los precios de las ramas
altamente concentradas ascendieron 15 por ciento por encima de los precios al consumidor y los de las ramas
concentradas con predominio de grupos económicos lo hicieron 26 por ciento por encima, cuando sus costos salariales
cayeron 24 y 33 por ciento, respectivamente.
Toma el caso particular de algunas firmas en
sus estados contables de la primera parte de 2023: Ternium tuvo un 30,3 por ciento de rentabilidad sobre ventas, Aeropuertos Argentina 2000
(28,3 por ciento), Arcor (12,8 por ciento) , Molinos Río de la Plata (9,6 por ciento). “Se trata de grupos económicos que en su
mayoría integran la Unión Industrial Argentina que fue una de las cámaras empresariales que rechazó la suma
fija” que el gobierno anunció para moderar el impacto de la devaluación de casi el 20 por ciento del tipo de cambio oficial el día después de las PASO.
Suma fija
Las medidas de ingreso que se establecieron a fines de agosto para paliar las consecuencias de la devaluación implican, de concentrarse, volcar más de 943.579 millones de pesos a la economía. Cifra calculó que el total de recursos es equivalente al 0,53 por ciento del PIB y el costo fiscal a 0,4 por ciento. La mitad de los recursos totales y el 66,7 por ciento del costo fiscal se orientan a financiar el refuerzo del bono a los jubilados que cobran la mínima y de la devolución del IVA a las compras con tarjeta de débito.En tanto la suma fija de 60.000 pesos por única vez, en dos cuotas y absorbible por las paritarias, para los asalariados registrados del
sector privado también constituyen una importante masa de recursos si se concretan sus pagos.
Son 5,5
millones de trabajadores con salarios netos menores a 400.000 pesos, que absorben el 35 por ciento de los recursos totales del
programa de medidas y el 15,5 por ciento del esfuerzo fiscal, ya que el Estado asume el costo de un porcentaje del pago para las micro y pequeñas empresas que emplean a 2,5
millones de trabajadores. Así, el 33,7 por ciento del total de recursos orientados a los asalariados del sector privado
son financiados con recursos públicos. Las empresas medianas y grandes deben afrontar 218.640 millones de
pesos.
“El monto que las grandes empresas rechazan desembolsar es drásticamente menor a la abultada transferencia de ingresos del trabajo al capital que tuvo lugar en los últimos años. Representa apenas el 1,2 por ciento de las transferencias de ingresos del trabajo al capital”, asegura CIFRA.
Desde el punto de vista de los trabajadores, Cifra asegura que el pago de
30.000 pesos en dos tramos, y absorbibles en
futuras negociaciones paritarias, “no tienen como
objetivo impulsar un “shock distributivo” que
permita recomponer la reducción salarial, sino
que apunta simplemente a mitigar el impacto de
la devaluación post PASO. Es decir que se trata
de una medida de corto plazo, cuyos efectos
limitados se agotan en noviembre”.
“Si se considera una inflación mensual del 10 por ciento en
septiembre y una recomposición salarial de 7,5 por ciento mensual (que es el promedio de aumento del
segundo trimestre), el salario promedio
registraría en septiembre un incremento del 4 por ciento interanual y el mismo porcentaje respecto a
junio.
Para el caso del sector público nacional el esfuerzo fiscal es del 3,3 por ciento del total ya que abarca a 390 mil empleados de la
administración central. La mayoría de los gobiernos provinciales no se pliegan a esta iniciativa.