El nuevo borrador de la Constitución chilena, aprobado esta semana por el Consejo Constitucional, “está plagado de programas políticos de la derecha”, dijeron analistas a Télam, que consideran que, al igual que el anterior proceso liderado por la izquierda, no logró un consenso entre los sectores políticos, sino que “uno se impone a otro”, por lo que ven difícil que sea respaldado por la ciudadanía en el plebiscito del 17 de diciembre.
La propuesta presentada por la derecha chilena “agudiza los problemas que ya exhibe el texto vigente”, consideró el abogado constitucionalista Javier Couso, académico de la Universidad Diego Portales, que aseguró que “está plagada de programas políticos de la derecha”.
El texto fue aprobado el lunes con 33 votos a favor y 17 en contra en el Consejo Constitucional, un órgano derivado del segundo proceso constituyente en el país, y donde el ultraderechista Partido Republicano se quedó con 22 de 50 bancas en las elecciones de mayo para elegir su conformación.
Este segundo proceso generó distintos roces entre el oficialismo y oposición, debido a la aprobación de varias enmiendas polémicas, que para el Gobierno de Gabriel Boric significan retrocesos en distintas materias.
Una de las enmiendas más discutidas por el oficialismo fue la que protege “la vida de quien está por nacer”, reemplazando la actual que protege “la vida del que está por nacer”.
Si bien la diferencia en la redacción de la enmienda es mínima, puede significar un cambio de interpretación, y el Gobierno sostiene que podría chocar con la actual ley de aborto, que permite la interrupción del embarazo en tres causales, debido a que la nueva norma protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
La ley de aborto vigente en Chile permite la interrupción del embarazo cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando hay inviabilidad del feto y cuando el embarazo fue por una violación, mientras uno de los objetivos del Partido Republicano es la abolición de esta norma.
También hubo polémica por las enmiendas que hablan de la “expulsión inmediata de extranjeros” que ingresan de manera irregular al país o la de “reclusión domiciliaria a reos mayores de 75 años que padezcan enfermedades terminales”, que favorece a reclusos de Punta Peuco, condenados por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).
Para Nerea Palma, académica de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales, la polémica de la Constitución de Pinochet gira en torno a su origen, en el que “no hubo posibilidad de acuerdo entre todos los partidos políticos”, siendo un texto “impuesto”.
“Ahora teníamos la posibilidad, tanto en el proceso anterior (Convención Constitucional) como el actual (Consejo Constitucional), de generar una Constitución en democracia, que desafortunadamente también ha tenido características que un sector político se impone a otro sector político”, señaló Palma a Télam.
La especialista consideró que el error del Partido Republicano fue que “pensaron que el voto que se les fue entregado en mayo de este año fue 100% programático, es decir, que los electores votaron por ellos porque están de acuerdo con sus ideas políticas”.
Couso coincidió en que el nuevo texto refleja la dificultad que tuvo Chile “para aprender de los errores del pasado”, en referencia al primer proceso a manos de la Convención Constitucional, donde la izquierda encabezó el proceso y fue rechazado por la ciudadanía.
“Con otras ideologías (esta vez de derechas) se incurre en el mismo problema: la inexistencia de un genuino pacto constitucional con el cual la abrumadora mayoría del país pueda vivir”, afirmó el abogado constitucionalista.
Este nuevo proceso constituyente, que comenzó el pasado 7 de junio, se originó luego del fracaso del intento anterior, que surgió de las protestas ciudadanas tras el estallido de octubre de 2019 y tras un plebiscito que por 80% de los votos apoyó un cambio de la actual Constitución de la época de Pinochet.
El anterior y fallido proyecto de Constitución, redactado en su mayoría por convencionales constituyentes de izquierda e independientes, fue rechazado por el 61% de los chilenos el 4 de septiembre de 2022.
Las encuestas dan como favorito al “En Contra” de la nueva propuesta, lo que podría llevar a un nuevo fracaso para cambiar la Constitución, aunque el “A favor” ha ido acortando margen en las últimas semanas.
A diferencia del proceso anterior, el Gobierno de Boric ha tomado en este caso una postura de mesura, pese a los pedidos de la derecha para que el mandatario se pronuncie, y ha afirmado que se dedicará a trabajar en que el proceso funcione y cumplir con la comunicación y divulgación de la propuesta de carta magna.
Boric fue un gran protagonista en la campaña de respaldo al proyecto anterior, lo que para los medios chilenos significó un problema, ya que el Gobierno no gozaba de buena aprobación ciudadana, lo que se estima que llevó a que el rechazo al texto escrito por la Convención Constitucional fuera tomado como un voto en contra del Gobierno.
Couso dijo que en este segundo proceso el “A Favor” o “En Contra” va “más allá de lo que ocurra en el Gobierno”, pero que sería “sensato” que Boric “no se entrometa con un debate” sobre la propuesta presentada por la derecha.
“Tenemos un Gobierno que no tiene una aprobación positiva por la mayoría de la ciudadanía y estratégicamente al Gobierno no le conviene mucho salir a abanderarse por alguna de las dos opciones”, agregó Palma.
Para Couso, es difícil que Chile deje atrás la Constitución de la dictadura, pero llamó a no hacer pronósticos debido a la “volatilidad electoral”, más aún debido a que es un electorado “relativamente nuevo”.
Por su parte, Palma consideró que será difícil que Chile tenga una nueva Constitución, pero que aún falta la campaña, el factor voto obligatorio, y la última semana de personas indecisas.
En caso de un rechazo a la propuesta de la derecha, ambos expertos coincidieron en lo poco viable de un tercer proceso constitucional, debido a un “cansancio constituyente” y el factor elecciones municipales que habrá en Chile el próximo año.
No veo ninguna fuerza política intentando pujar por un tercer proceso en el corto y mediano plazo”, dice Palma.
Por su parte, Couso fue tajante al decir que, tras cuatro años de intentos, de fracasar el nuevo proceso, la ciudadanía no soportaría un año más de discusiones en torno a la Constitución y que vislumbra solo “enmiendas puntuales” en los próximos años.