El gobierno de Estados Unidos liberó al empresario colombiano Alex Saab, un aliado clave del presidente venezolano Nicolás Maduro que enfrentaba cargos de lavado de dinero en Florida, a cambio de la libertad de 10 estadounidenses y 20 venezolanos detenidos en su territorio. Entre los presos intercambiados se encontraba Leonard Glenn Francis –más conocido como “Fat Leonard”–, un empresario malasio que se declaró culpable en el mayor escándalo de corrupción en la historia de la Marina norteamericana.
“Un fugitivo llamado Leonard Francis, quien huyó de Estados Unidos antes de que pudiera ser condenado por su papel principal en un descarado caso de soborno y corrupción, fue arrestado y devuelto al país desde Venezuela para que enfrente a la justicia por los delitos que cometió contra el Gobierno y el pueblo estadounidense”, señaló el presidente demócrata Joe Biden en un comunicado difundido por la Casa Blanca. Francis fue enviado a una cárcel de Miami, según un portavoz de la Agencia Federal de Prisiones citado por The Washington Post. Se espera que en los próximos días sea trasladado a San Diego para que finalmente enfrente los cargos federales en su contra.
Un contratista intocable
Francis dirigía el negocio de servicios navales de su familia: Glenn Defense Marine Asia Ltd. (GDMA), empresa con sede en Singapur que proporcionaba alimentos, agua y combustible a buques. Durante más de dos décadas, se desempeñó como un contacto clave para los barcos de la Armada estadounidense en puertos de Asia. En ese tiempo se ganó el favor de oficiales navales obsequiándoles carne kobe, habanos, entradas para conciertos y fiestas sexuales en hoteles de lujo. A cambio, ellos ocultaban que el contratista cobraba de más por el suministro a los barcos o que recibía pagos por servicios falsos en los puertos que controlaba en el sudeste asiático. Además, le compartían información clasificada e incluso redirigían buques militares a puertos que eran lucrativos para su empresa, lo que le dio ventaja sobre sus competidores en el rubro.
Aun así, no todos los soldados quisieron formar parte de la trama de corrupción que creció con el pasó de los años. En 2004, Glenn Defense envió a David Schaus, un teniente asignado a la Oficina de Apoyo a Buques de la Marina en Hong Kong, una enorme factura por el bombeo de 100.000 galones –aproximadamente unos 378.541 litros– de aguas residuales de un destructor que pasó cuatro días en puerto. Esa cantidad resultaba imposible porque los tanques del barco contenían sólo 12.000 galones y recibían mantenimiento una vez al día. Schaus habló con Francis para pedirle una explicación, pero este último se puso furioso al ser llamado mentiroso. “Los tenientes no me dicen qué hacer”, aseveró el malasio, ante la negativa del soldado a pagar la cuenta.
Dos años más tarde, Schaus denunció ante el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS) que la empresa de “Fat Leonard” cobró a la Marina 68.000 dólares de más por bombear aguas residuales del portaaviones USS Ronald Reagan durante una visita de tres días a un puerto en Asia. No obstante, el caso no avanzó y el teniente renunció a su trabajo a los pocos meses. Lo mismo ocurrió con otras 27 investigaciones del NCIS, todas cerradas a partir de la colaboración de agentes que respondían al contratista a cambio de sobornos.
El derrumbe
Todo fue color de rosas para Francis por varios años hasta que los funcionarios de la Marina finalmente se dieron cuenta de que se había infiltrado en el NCIS. En julio de 2013, subieron intencionalmente informes falsos a su base de datos, indicando que otras investigaciones contra la empresa estaban cerradas, con la intención de que el malasio se confiara de su inmunidad. Su despreocupación fue tal que, dos meses después, cayó en la trampa que le habían preparado: viajó desde Singapur hasta San Diego para reunirse con dos almirantes de la Armada, ante la posibilidad de conseguir nuevos contratos, pero fue arrestado en el hotel Marriott Marquis donde se alojaba.
En una entrevista con The Washington Post, funcionarios del NCIS mencionaron varias razones por las que Glenn Defense logró evadir las investigaciones durante tanto tiempo. La más importante, según dijeron, fue que el NCIS restó importancia a las investigaciones de fraude y corrupción después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando el contraterrorismo se convirtió en la misión principal de la agencia. Antes de eso, el NCIS tenía 140 agentes especiales en todo el mundo asignados a delitos económicos, mientras que en 2002 sólo eran ocho. Hasta 2008 no hubo un solo agente encargado de este tema en Asia. “Realmente no había una sola persona supervisando todas esas quejas”, sostuvo uno de los funcionarios.
“Fat Leonard” se declaró culpable en 2015, admitiendo haber ofrecido más de 500.000 dólares en sobornos en efectivo a funcionarios de la Marina. Los fiscales afirmaron que estafó a la Armada por al menos 35 millones de dólares. Aunque estaba expuesto a una posible sentencia de 25 años de cárcel, su condena se postergó varias veces debido a su papel como testigo clave. Es decir, como parte de su acuerdo de culpabilidad, colaboró con la investigación que condujo a la condena de varios oficiales.
En 2018 el tribunal le concedió la prisión domiciliaria debido a un cáncer de riñón. Tres semanas antes de su sentencia programada, el 4 de septiembre de 2022, rompió su tobillera electrónica con una tijera para cortar metales y se dio a la fuga. Las autoridades estadounidenses emitieron una “notificación roja”, una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega. Además ofrecieron una recompensa de 40.000 dólares a cualquier persona que diera información que condujera al paradero del contratista.
Fue detenido días después en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en las afueras de Caracas. Como parte de su ruta de escape, primero pasó por México y Cuba, hasta llegar a Venezuela, desde donde tenía previsto viajar hasta Rusia, según informó la delegación venezolana de Interpol a través de una publicación en redes sociales.
Moneda de cambio
Desde entonces, pese a estar preso, Francis tenía la intención de que las autoridades venezolanas le otorgaran asilo político. Sin embargo, todas sus esperanzas se desvanecieron el 20 de diciembre cuando lo trasladaron a San Vicente y las Granadinas como parte del intercambio de prisioneros acordado entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela. Posteriormente, fue llevado a una cárcel de Miami, donde se encuentra actualmente, a la espera de ser trasladado a San Diego para que cumpla su condena.
“Yo sospechaba que algo iba a suceder ya que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia nunca respondió a ninguna de mis solicitudes, ni siquiera en cuanto la atención de las dolencias físicas de Leonard. Es un señor que viene de ser operado en EE.UU. por un cáncer de riñón. Yo me encargué de llevarle personalmente su medicina, pero nunca tuve una respuesta positiva en cuanto a trasladarlo a una clínica o un hospital para ser evaluado”, explicó a PáginaI12 Marco Antonio Rodríguez-Acosta, el abogado del malasio en Venezuela.
También afirmó que, desde el momento en que su cliente fue detenido en 2022, según la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), EE.UU. tenía un plazo de 60 días para formalizar la solicitud de extradición con toda la documentación y pruebas necesarias, lo cual no realizó. Además, el máximo órgano del sistema judicial venezolano tampoco emitió un falló durante los 11 meses posteriores al vencimiento de dicho periodo. En ese sentido, Rodríguez-Acosta argumentó que la reciente extradición de Francis fue una medida arbitraria por parte de los gobiernos estadounidense y venezolano, al saltarse el procedimiento judicial y al no respetar el derecho a la defensa del contratista. “Este hecho representa un duro golpe para quienes aún confían en la independencia de poderes en ambos países”, remarcó.
Informe: Axel Schwarzfeld