El próximo martes 24 de octubre, el Gobierno nacional concretará, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la subasta de las bandas de frecuencias para el despliegue, desarrollo y prestación del servicio de quinta generación (5G), a partir de la cual se esperan recaudar, por lo menos, 1050 millones de dólares. Será en el Centro Cultural Kirchner (CCK).
Al proceso de licitación se presentaron tres empresas prestadoras – Claro, Telecom y Telefónica-, que ya presentaron las garantías de ofertas y fueron precalificadas como oferentes, por lo que el mecanismo de asignación está “muy avanzado”, aseguran desde el Enacom.
El proceso licitatorio fija la atribución de la banda de frecuencias comprendida entre 3.300 y 3.600 MHz al servicio móvil terrestre con categoría primaria. En este llamado, se someterán al procedimiento de subasta un total de 300 MHz, en tres lotes de 100 MHz cada uno.
Tanto el proceso de licitación como el precio base de 350 millones de dólares por lote “se encuentran alineados con experiencias internacionales de licitaciones de espectro que han resultado exitosas para los Estados nacionales y guardan relación con procedimientos anteriores establecidos en el país para adjudicaciones de espectro radioeléctrico”, indicaron fuentes oficiales.
La aclaración del organismo es una respuesta a las críticas formuladas por referentes identificados con la oposición que cuestionaron que el pliego priorizaba lo recaudatorio. Fue durante las 33mas Jornadas Internacionales, organizadas por la Asociación Argentina de Tics, Video y Conectividad (ATVC) y la Cámara Argentina de Productores y Programadores (Cappsa), que referentes políticos del Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza criticaron la licitación de 5G.
Rodolfo Bianchi (LLA), Silvana Giudice (JxC) y Andres Ibarra (JxC), coincidieron en cuestionar que el Gobierno encare acciones como la subasta en el último tramo de su gestión. En lo que respecta al plano legal, la Justicia rechazó un pedido del candidato a presidente de la La Libertad Avanza, Javier Milei, para frenar la licitación de 5G.
El titular del Enacom, Claudio Ambrosini, dijo no entender “que un candidato que brega por la libertad, pida una cautelar para frenar un avance”, en referencia al pedido del postulante a la presidencia por La Libertad Avanza para que la justicia frene la licitación de 5G.
En cuanto al rol del Estado en el sector de las telecomunicaciones, donde la prestación de los servicios está en manos del sector privado, el titular del Enacom insistió en la necesidad de contar con una política articulada con el sector privado para implementar programas que lleven la conectividad a todos los habitantes. En ese sentido destacó programas como Mi Pueblo Conectado que llevó conectividad a localidades de menos de 500 habitantes.
En diálogo con diferentes medios subrayó que en el sector de las comunicaciones “el crecimiento va de la mano de los privados pero con un Estado presente, un Estado fuerte, no bobo, que acompañe y no invada”, señaló .
Inicialmente, el mismo argumento fue planteado por las empresas a través la Mesa de la Industria TIC, al comparar el proceso que se lleva adelante en Argentina con el realizado en Brasil, pese a que en el país sólo se licitan frecuencias para 5G, mientras que en el vecino la subasta incluyó coberturas de 4G.
Cuando se anunció la convocatoria, el Enacom explicó que con la nueva tecnología se podrán “conectar varios dispositivos inalámbricos a la vez para brindarles acceso a servicios de Internet y telefonía con características de velocidad y latencia muy superiores” al sistema actual. “El 5G implica un mayor ancho de banda y capacidad de datos, con un importante flujo de información, que genera una latencia, de entre 5 a 1 milisegundos, casi tiempo real”, se explicó oficialmente. “El despliegue de 5G constituye una política de Estado de mediano y largo plazo que requiere la colaboración virtuosa entre el sector público y el sector privado, entre inversiones para la renovación de la infraestructura de redes que realizarán las empresas y el Gobierno para permitir su comercialización con una competencia justa y precios accesibles para las y los usuarios”, definió el Enacom.