El Gobierno español anunció este martes que desclasificó, a pedido de la justicia, documentos relativos al espionaje al presidente regional catalán, Pere Aragonès, con el programa informático Pegasus.
“El Gobierno, a petición de un juez, ha hecho una desclasificación parcial para este caso en concreto”, explicó la portavoz del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.
“Esta desclasificación en ningún caso afecta a la seguridad nacional”, añadió Alegría y agregó que el Ejecutivo es “el primer interesado en que se resuelva este asunto”.
Aragonès demandó al servicio secreto español (Centro Nacional de Inteligencia, CNI) por el espionaje del que fue objeto con el programa israelí Pegasus, que infecta teléfonos móviles para extraerles información.
Según él, el espionaje tuvo lugar entre 2018 y 2020 y, por lo tanto, empezó al año siguiente de la fallida proclamación de independencia de Cataluña y cuando era vicepresidente del gobierno regional.
El caso está en manos de un juzgado de Barcelona, ante el que Aragonès declaró el 13 de diciembre.
Fue entonces cuando dijo que el Gobierno de Sánchez tenía la “obligación ética y moral” de desclasificar los documentos.
El partido político de Aragonès, ERC (Izquierda Republicana de Cataluña), cuenta con siete diputados en el Congreso español, sin cuyo apoyo Sánchez no podría gobernar.
Escuchas
El juez de Barcelona que lleva el caso imputó a la directora del CNI de la época, Paz Esteban, que, en una comparecencia bajo secreto en una comisión parlamentaria, admitió que su organización había espiado a 18 dirigentes independentistas catalanes, entre ellos Aragonès, según se filtró a la prensa.
Esteban alegó que las escuchas se habían llevado a cabo con orden judicial. La desclasificación de los documentos permitirá que Esteban comparezca ante el juez, después de un aplazamiento en diciembre, porque ahora ya puede hablar de su contenido.
Con 7,8 millones de habitantes, Cataluña lleva una década marcada por el auge del separatismo, que en octubre de 2017 impulsó un referendo -rechazado por el poder central de Madrid y marcado por la represión policial- y proclamó una fallida república independiente.
Los principales dirigentes regionales se marcharon al extranjero, como el entonces presidente y ahora eurodiputado en Bruselas Carles Puigdemont, o fueron encarcelados provisionalmente y luego condenados en octubre de 2019 a penas de entre 9 y 13 años de cárcel.
La llegada al poder de Pedro Sánchez en junio de 2018, con una moción de censura contra el conservador Mariano Rajoy que fue apoyada por los partidos separatistas, suavizó las relaciones y propició un acercamiento entre Madrid y Barcelona.
La mayoría independentista del Parlamento catalán eligió en mayo de 2021 al dirigente de ERC, Aragonès, que representó al sector moderado del movimiento, como nuevo presidente de esta región del noreste de España, escenario de un intento de secesión en 2017.
Aragonès se convirtió así en el Presidente número 132 de la Generalitat de Catalunya.