Ningún funcionario o funcionara del gobierno entrante se puso en contacto con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para hacer la transición. Aunque, se sabe, será una de las carteras que se eliminen, sus políticas públicas deberían ser absorbidas en otras áreas. Desde el Consejo Federal del Ministerio –conformado por representantes de 24 jurisdicciones del país–, y el Consejo Asesor Ad Honorem del Ministerio, que integran reconocidas expertas en la temática, alzaron la voz en un documento consensuado en el advierten que “en los 40 años de Democracia ininterrumpida del país, todos los gobiernos desplegaron políticas de género para promover la igualdad y atender y prevenir las violencias por razones de género, en cumplimiento de leyes nacionales y compromisos internacionales de rango constitucional asumidos por el Estado Argentino”.
Aunque el presidente electo Javier Milei niegue la violencia y la desigualdad por razones de género, en el documento le responden que se trata de “un problema estructural en todo el mundo”.
La abogada Nelly Minyersky, experta en Derecho de Familia; la doctora en Psicología y fundadora de la cátedra de “Introducción a los estudios de género” de la Facultad de Psicología de la UBA, Ana María Fernández; la primera titular del entonces Consejo Nacional de la Mujer, creado en 1992, y directora del Observatorio de Género y Pobreza con sede en la Universidad Nacional de San Martín, Virginia Franganillo; la socióloga y doctora en ciencias sociales Eleonor Faur; la doctora en Filosofía Diana Maffía; y la abogada y directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género Natalia Gherardi, son algunas de las miembros de ese órgano asesor.
“Es imprescindible tener un Ministerio para poder ejecutar los avances legislativos y también promover otros nuevos”, dijo a Página 12 Minyersky.
En el documento se destaca que:
· Según la encuesta de prevalencia e incidencia de violencia, 1 de cada 2 mujeres atraviesa alguna de las formas de violencia en el ámbito doméstico.
· Cada año, más de 500.000 denuncias se reciben en comisarías de todo el país por violencia de género e intrafamiliar.
· Se trata de la principal causa de muerte violenta de mujeres: 2 de cada 3 mujeres asesinadas en Argentina lo son por razones de género.
“La respuesta a esta problemática no puede recaer sólo en el sistema de justicia. Son necesarias políticas de abordaje integral que incluyan la prevención, el fortalecimiento de la autonomía económica, el acompañamiento psicosocial a víctimas de violencias y familiares, el acceso a la justicia y la reparación”, alertan las especialistas ante la inminente eliminación del Ministerio, creado en 2019, con la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia.
Como informó este diario, en la plataforma de La Libertad Avanza se vuelve a colocar el problema de la violencia por razones de género dentro del paraguas de la “Seguridad Nacional”, es decir, un planteo que apunta a concentrarse sólo en la atención de la emergencia –en el mejor de los casos– y no además en la modificación de las condiciones estructurales que afectan a las personas –fundamentalmente mujeres– que sufren violencia machista.
Este jueves es el último día en sus funciones de la ministra Ayelén Mazzina y de secretarias y subsecretarias, es decir, las máximas autoridades de la cartera terminan su gestión. Según pudo saber este diario, se van a quedar a cargo de la transición directoras y subdirectoras, es decir, funcionaras de tercera y cuarta línea.
¿Qué va a pasar con la Línea 144? Es una política que se fue consolidando –este año cumplió diez años— y ya sobrevivió a dos transiciones de gobierno. Nunca dejó de funcionar. Es clave para brindar las 24 horas, los 365 días del año, información, asesoramiento, y contención a mujeres y otras personas que atraviesan situaciones de violencia por razones de género o a sus familiares o amigos. En promedio recibe unas 340 comunicaciones diarias. Desde septiembre, además, brinda respuesta en cinco lenguas indígenas, en cinco idiomas extranjeros y, a través de videollamada, a personas sordas e hipoacúsicas. Sus 120 operadoras seguirán atendiendo en turnos rotativos. El funcionamiento de la línea gratuita 144 está previsto en la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, aprobada por el Congreso en 2009.
Integrantes del Consejo Federal y del Consejo Asesor del Ministerio a su vez destacaron que “es importante trabajar en políticas de Estado que aborden la desigualdad estructural que sustenta la violencia por motivos de género”. Y precisó algunos datos para mostrar la magnitud del problema:
· Las mujeres dedican el doble de tiempo que los varones a tareas de cuidado.
· Una de cada 2 mujeres en edad productiva está fuera del mercado laboral formal.
· Existen en Argentina 1.600.000 mil mujeres que crían solas a 3 millones de niños y niñas.
“Sostener políticas públicas tendientes a reducir brechas de desigualdad en materia de participación económica, representación política, acceso a la educación, a la salud y a la justicia, son importantes; garantizar vidas libres de violencias, es urgente”, señalaron las especialistas.
Una de las políticas clave de esta gestión ha sido el Programa Acompañar, por el cual mujeres y diversidades en situación de violencia de género reciben el equivalente al salario mínimo vital y móvil por seis meses para ayudarlas a sostener una autonomía económica que les permita salir de relaciones de maltrato.
Desde su creación, el Acompañar brindó apoyo económico y psicosocial a 352.385 mujeres y LGTBI+ en situación de violencia de género, informaron desde el Ministerio, y se constituyeron 859 unidades de acompañamientos en todo el país. A octubre de 2023 había 48.195 personas dentro del programa. Es una política de impacto federal que permite a provincias y municipios dar una respuesta concreta ante la violencia.
Algunas de los tratados internacionales que obligan al Estado argentino a abordar el problema de la violencia y la desigualdad por razones de género son la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (conocida como Belém Do Pará) y la Convención para la eliminación de la disciminación contra las mujeres (CEDAW). En el plano nacional, la Ley 26.485 de Prevención, Sanción y Erradicación de las Violencias hacia las Mujeres, la Ley 27.499 para la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes (Ley Micaela); la Ley 26.743 de Identidad de Género, la Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero, entre otras normas.
“Es necesario seguir construyendo igualdad con una perspectiva federal”, consideraron desde los consejos Federal y Asesor del Ministerio. “La convivencia democrática sólo es posible en una sociedad sin miedo y sin violencias, donde las mujeres y LGBTIQ+ podamos alcanzar igualdad de trato y oportunidades para vivir en libertad”, concluyeron.