La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco, querellante en la causa de Cecilia Strzyzowski, confirmó que sostendrá el pedido de prisión preventiva para todos los imputados por el femicidio el próximo 3 de octubre, cuando la Cámara de Apelaciones citó a una audiencia para definir la situación de Fabiana González, detenida por encubrimiento agravado del crimen cometido, según las acusaciones, por César Sena, esposo de Cecilia, junto a sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña.
“Vamos a continuar con la línea que venimos sosteniendo desde un principio, que es que estos siete imputados deben permanecer privados de libertad en la órbita tanto de la Policía de la Provincia como del Servicio Penitenciario”, sostuvo la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, Nahir Barud, durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno provincial junto al portavoz oficial del Gobierno provincial, Juan Manuel Chapo.
“Desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros nos oponemos, como lo hicimos desde un principio, como lo hacemos en las 59 querellas que llevamos adelante por casos de violencias por motivos de géneros desde el año 2019”, destacó Barud, que lleva adelante la representación de la Secretaría y se constituyó como querellante en la causa por el femicidio de la joven de 28 años.
Los otros detenidos por encubrimiento agravado son Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, colaboraores del clan Sena. Los tres ya plantearon un recurso de Casación contra las prisiones preventivas, que fueron confirmados en segunda instancia. “Esto significa que el Superior Tribunal de la Provincia del Chaco deberá resolver esta cuestión”, explicó Barud.
La excarcelación de Césa Sena y sus padres, acusados de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas, fue rechazada a fines de agosto, dando por válido el pedido de prisión preventiva para los siete acusados hecho por el Equipo Fiscal Especial (EFE), integrado por los fiscales Jorge Gómez, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez, a fines de junio.
El EFE junto a las querellas del gobierno chaqueño y la familia de Cecilia también rechazaron la presentación del Comité de Prevención contra la Tortura, que consideró que César Sena debería tener el derecho a verse con sus padres, a pesar de permanecer en prisión. Esto fue rechazado la semana pasada por todas las querellas.
Barud sostuvo que los encuentros entre los principales imputados podría “entorpecer la investigación” y subrayó: “Además, habilitar la comunicación entre los imputados, a tan poco de lo que estaría faltando para el requerimiento de elevación a juicio, podría generar una nueva serie de hechos delictivos en relación con estas tres personas”.
Hasta el momento, el EFE tiene probado que Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso, en compañía de su marido César Sena, a la casa de sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia.
Según la resolución de los fiscales, la joven fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 en una de las habitaciones de la casa, aparentemente por estrangulamiento, en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña.
De acuerdo con la causa, el cuerpo de la víctima habría sido trasladado por Obregón -colaborador de la familia Sena- y César Sena, envuelto en una frazada a bordo de una camioneta Toyota Hilux hasta la chanchería propiedad de los principales imputados, donde habría sido calcinada. Finalmente, sus restos habrían sido esparcidos en distintos sectores, entre ellos junto a una de las márgenes del Río Tragadero, que linda con la chanchería de los Sena.
En esa márgenes del río, se halló un crucifijo que la familia de Cecilia reconoció como perteneciente a la joven de 28 años desaparecida. Lo que no pudo cotajerse fue el ADN de Cecilia con los restos óseos encontrados en el cauce. “A nivel nacional ya hay mucha jurisprudencia, fallos y condenas en causas similares donde tampoco se halló un cuerpo. Un ejemplo es el caso de Érica Soriano: ahí la Corte bonaerense condenó al asesino, Daniel Lagostena, a 22 años de prisión”, sostuvo la fiscal Nelia Velázquez en una reciente entrevista al portal Infobae.