La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) advirtió que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del gobierno de Javier Milei “atenta gravemente contra la salud de la población” y convierte a la farmacia argentina en “mero comercio” ya que el medicamento deja de “ser un bien social para pasar a ser un objeto de consumo, al que algunos argentinos puedan acceder y otros no”.
“La situación es altamente preocupante: esta regulación está haciendo entrega de todo el ejercicio profesional a grupos concentrados económicos. En ningún momento creemos que cambios en la legislación que tienen que ver con el ejercicio profesional farmacéutico tiene que tener un carácter de necesidad y urgencia”, dijo esta mañana a Télam Ricardo Pesenti, presidente de COFA.
EL DNU 70/23 ATENTA GRAVEMENTE CONTRA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, LA PROFESIÓN FARMACÉUTICA, EL MODELO DE FARMACIA PROFESIONAL pic.twitter.com/BBU3eS0TDQ
— COFA (@COFAorgar) December 21, 2023
El DNU 70/2023, mediante la modificación de la Ley 17.565, elimina la exigencia de que “los medicamentos denominados de venta libre y de especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de expendio, sólo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la Nación, en farmacias habilitadas”.
También deja afuera el texto que especificaba que “los medicamentos denominados de venta libre deberán ser dispensados personalmente en mostrador por farmacéuticos o personas autorizadas para el expendio”.
A su vez, el DNU deja sin efecto lo que establecía la ley, que determinaba que “la venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia y, sin perjuicio de las sanciones establecidas por la ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código Penal”.
Ante estas medidas, la COFA, que reúne a “decenas de miles de profesionales y de farmacias en todo el país”, difundió un comunicado en el que asegura que el DNU “atenta gravemente contra la salud de la población, la profesión farmacéutica y el modelo de farmacia” y busca volver a “un modelo probadamente fallido” con un “avasallamiento a la profesión como ocurrió en la década del ’90.
“La posibilidad de que haya una farmacia abierta sin farmacéutico la vemos como algo aberrante. Que cualquiera pueda ser propietario de una farmacia -con los riesgos que eso conlleva- es romper con un modelo de farmacia sanitario que va a pasar a ser de ‘farma-shopping’, concentrado solamente en los centros comerciales y no ya en cada barrio y cercano a cada uno de nuestros pacientes”, explicó Pesenti.
Droguerías
Además consideró que “permitirle a las droguerías que puedan despachar recetas es abrir otra vez la posibilidad a que ocurran ilícitos, adulteraciones”, mientras enfatizó: “Cada vez que tuvimos problemas desde la mafia de los medicamentos, todo ingresó a partir de romper esta cadena virtuosa que tenemos de farmacia, droguería y laboratorio”.
También, recordó que “la farmacia argentina está catalogada como una de las mejores de la zona y dentro de las primeras también del mundo, reconocida por la Federación Internacional de Farmacias” y advirtió que “todo eso se estaría rompiendo si prospera este decreto”.
“Este DNU 70/2023 pretende convertirla en un mero comercio, al servicio de la voracidad económica de unos pocos, y que el medicamento deje de ser un bien social para pasar a ser un objeto de consumo, al que algunos argentinos puedan acceder y otros no”, concluyó el comunicado.
También el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires manifestó su preocupación por el contenido del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 del presidente Javier Milei y pidió “que prime el sentido sanitarista y no un criterio mercantilista puro.
“Los farmacéuticos bonaerenses escuchamos con preocupación el anuncio presidencial y el contenido de su decreto de necesidad y urgencia, donde se refieren a cuestiones sanitarias que serán modificadas con criterios que, en nuestra opinión, hieren gravemente la normativa que regulaba el ejercicio profesional de los farmacéuticos argentinos”, expresaron en un comunicado que lleva la firma de la presidenta de la entidad, Alejandra Gómez.
Desde el Colegio se recordó que “en lo referente a la salud, la provincia de Buenos Aires no ha delegado el poder al Gobierno federal y tiene la facultad de elegir las leyes que se puedan aplicar en este territorio, por lo tanto los anuncios no tendrán un efecto inmediato en nuestra provincia”.
Sin embargo, aclararon que ya comenzaron a trabajar “para prevenir posibles distorsiones y el accionar de intereses que pretendan modificar la normativa bonaerense que regula el ejercicio profesional y, por ende, afectar el futuro de farmacéuticos y farmacias, en el sector público y privado, en la distribución y producción de medicamentos, productos médicos, incluso en lo que se refiere al tránsito interjurisdiccional, la cadena de pagos y comercialización de medicamentos”.
“Junto a las autoridades sanitarias de la provincia, otras entidades profesionales y organizaciones sociales, revisaremos lo anunciado y coordinaremos acciones para evitar los efectos nocivos que pudieran tener los anuncios en las incumbencias profesionales y el servicio farmacéutico a millones de bonaerenses, que podrían ver afectado su acceso al medicamento”, puntualizaron.
Recordaron que en la provincia rige la Ley 10.606 “que es sumamente clara cuando establece que es criterio de los suscriptos mantener el sentido sanitarista que posee la legislación vigente, evitando introducir, en aspectos tan importantes para la salud de todos los bonaerenses, un criterio mercantilista puro que desnaturalice el fin de la norma”.