“Se confirma lo que venimos diciendo hace muchos años: las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) creadas en el gobierno de Mauricio Macri no tienen nada que ver con los emprendedores sino que, por el contrario, son vehículos utilizados para la evasión fiscal y el lavado de dinero. Pero este caso es el colmo, ya que es la primera vez que una SAS opera de manera conjunta con una empresa offshore”.
Así describen en la Inspección General de Justicia (IGJ) los resultados preliminares de una investigación que encaró esa dependencia sobre una sociedad inscripta en Mendoza en febrero pasado con apenas un socio y un capital de 200 mil pesos, que adquirió luego de un par de meses de constituida una serie de inmuebles en Puerto Madero por 5,6 millones de dólares con el dinero proveniente de una offshore que se constituyó en Panamá en el mes de enero.
“Es un caso paradigmático, que refleja cómo las SAS están muy lejos de servirle al emprendedor y en cambio son un mecanismo ideal para planificar las maniobras fraudulentas. Y en particular, es un ideal nicho de negocios para los abogados que se dedican al tema“, dicen en la IGJ.
Las SAS fueron creadas en 2017 por la ley 27.349, denominada “Ley de Apoyo al Capital Emprendedor”. Se trata de una sociedad por acciones sin capital, con objeto múltiple y sin intervención del Estado en su constitución y funcionamiento. El gobierno de Mauricio Macri las promocionó en aquel momento como un instrumento adecuado para que los emprendedores desarrollen sus nuevas actividades comerciales o industriales, en un contexto de supuesto apoyo al capital privado.
Sin embargo, “las SAS se han convertido en un medio idóneo para concretar cualquier tipo de tropelías, desde el lavado de dinero, la usina de facturas falsas y hasta la generación de negocios espurios de un solo día, para desaparecer de inmediato, como lo demostró su utilización para concretar sus turbios negocios ligados al narcotráfico”, detalla la IGJ.
Cosa de abogados
Una reciente investigación de la IGJ se posó sobre una sociedad por acciones simplificada denominada “N-BA SAS”, constituida en la Ciudad de Mendoza el 13 de febrero de 2023. Comparte domicilio con el estudio Jurídico del abogado Fernando Pérez Hualde, promotor de las SAS. El único socio de la mencionada empresa es el abogado Francisco Guillermo Tazelaar y su capital social inicial fue de 200 mil pesos.
Resulta que apenas tres meses después de su conformación, la SAS, representada por su único administrador, el abogado Facundo Fernández de Oliveira, con domicilio en Vicente López, adquirió a la sociedad denominada RAGHSA SA, propietaria de varios departamentos ubicados en Puerto Madero. La operación se cerró en nada menos que 5,6 millones de dólares. El precio fue abonado en efectivo mediante la transferencia bancaria proveniente de una cuenta del extranjero de titularidad de la SAS.
De entrada, la IGJ define a la operación como un posible fraude interjurisdiccional, es decir, “la inscripción de una falsa sociedad extranjera en un registro mercantil totalmente desconectado del lugar donde dicha falsa entidad pretende celebrar sus negocios, que es lo que aconteció en el caso, actuando la autoridad de control de Mendoza como una ‘Delaware Argentina’. Esta forma de actuar es muy promocionada en las provincias de Córdoba y Mendoza”.
Adicionalmente, Facundo Fernández de Olivera informó que “el beneficiario final de dicha SAS es la Sra. Angeliki Frangou, con domicilio en Montecarlo, Mónaco, de nacionalidad griega, de 58 años de edad, de profesión ingeniera y participación indirecta del 100 por ciento en la sociedad N BA SAS”, que es la actual y única accionista de la referida SAS.
Para terminar de comprender esta historia corresponde retrotraerse al mes previo de la inscripción de la SAS mendocina y viajar a Panamá, un viejo y conocido paraíso fiscal, en donde el 16 de enero de este año fue creada la sociedad “N LATAM VENTURE SA“ e inscripta dos días después en el Registro Público de ese país.
De acuerdo a la aprobación de su directorio, dicha empresa se “instaló” en Argentina, en el mismo domicilio mendocino que N-BA SAS y a traves de la intervención profesional del mismo estudio jurídico. De modo que a través de una SAS local insolvente, la sociedad panameña fue la verdadera compradora del inmueble en Puerto Madero.
“Nos encontramos ante una insólita actuación societaria y una no menos sospechosa aunque millonaria operación inmobiliaria, perpetrada mediante un entramado de sociedades de escasa credibilidad, como lo es una SAS, quien actuó en fraude jurisdiccional y una sociedad constituida en una guarida fiscal, como Panamá, e inscripta en una jurisdicción totalmente extraña al lugar donde se concretó la única operación inmobiliaria de aquella, cuya sensación de presencia de una maniobra de lavado de dinero resulta indisimulable”, concluye la IGJ. Desde dicha entidad adelantaron que se iniciarán acciones penales y se dará paso a la acción de parte de la AFIP y de la Unidad de Información Financiera (UIF).