Como parte del campo popular sabemos diferenciar entre una propuesta con un contrato social inhumano, basado en el individualismo, el sálvese quien pueda y el mercado como regulador de las relaciones económicas. Frente a otro que pone en el centro la justicia social, la construcción desde el amor, la solidaridad y el estado como regulador de las desigualdades que atravesamos como sociedad. La crisis social y económica que vive la Argentina requiere un accionar colectivo, de la comunidad organizada, que está representado en el Estado, a pesar de sus falencias en muchas políticas públicas, en particular en términos de soberanía alimentaria.
En estas elecciones hay dos modelos en disputa: uno de imposible discusión. El de Milei. Y otro, el de Massa, donde podremos continuar la batalla de hacer entender al alimento como un derecho para quienes producen y consumen.
Hoy es Massa la única opción concreta para nuestro pueblo, más allá de la histórica ausencia de la discusión del modelo agroalimentario en todas las propuestas de campaña.
El alimento como derecho
Apenas asumió el actual gobierno, desde el sector de pequeños y medianos productores de alimento (que cubren el 60% de esta necesidad), presentamos nuestras propuestas en una articulación con diferentes organizaciones que hoy se nucléan en la Mesa Agroalimentaria Argentina, el campo que alimenta. Tuvimos la oportunidad de ser parte de la gestión del Mercado Central, implementando novedosas y exitosas políticas a nivel micro pero incapaces de incidir en políticas macroeconómicas, lo que derivó en mi renuncia.
Con la marcha atrás de la expropiación de Vicentín y la posibilidad de la creación de una Empresa Pública de Alimentos (que además hubiera servido de control para la evasión fiscal en el sector agroexportador) comenzó un declive del actual gobierno de Alberto Fernández, que culminó con la contratación como asesor presidencial de Antonio Aracre, representante del agronegocio y con quién sostuve un debate televisivo acerca de si el alimento era una mercancía o un derecho.
Reforzando el planteo histórico de nuestro sector, hay una falta de lectura en la dirigencia política de un modelo agrario que vea al campo no solo en función de la exportación y la acumulación de divisas, sino también desde su función primaria, urgente y necesaria, que es la producción de alimento para su posible acceso en la mesa de los argentinos y argentinas.
Se trata de roles que pueden ser complementarios, pero en un modelo político y tecnológico de soberanía alimentaria.
No es posible el desarrollo de una industria exportadora en un país donde el mito de la producción de alimento para 400 millones de personas se contradice con el aumento descontrolado de los precios de estos alimentos a nivel local y el hambre de buena parte de los argentinos y argentinas.
Un camino abierto
Los pequeños y medianos productores que hoy tienen su representación gremial en la Mesa Agroalimentaria Argentina han demostrado la capacidad, no solo de producir alimento sano y barato, sino también de agregarles valor y comercializarlos a través de miles de ferias, almacenes y mercados de cercanía que los acercan a los consumidores, generando un esquema federal y de trabajo digno, y sorteando la estructura claramente inflacionaria que produce la concentración económica y geográfica.
Los índices del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) vienen demostrando la efectividad de la Economía Social, Solidaria y Popular a la hora de reducir los índices de inflación en comparación con las estructuras económicas concentradas. Desde la UTT también hemos avanzado en la articulación con municipios de la provincia de Buenos Aires en ese sentido. Esta estructura de menor inflación tiene que ver con los avances que desde las organizaciones se han implementado en términos de logística y articulación, pero también con entender el alimento como un derecho y no solo un negocio.
Incluso la Mesa Agroalimentaria Nacional cuenta con organizaciones que exportan alimento, donde el sector cooperativo y de pymes del campo que alimenta han incrementado notablemente sus ventas al exterior. Profundizar este sistema virtuoso a través del Estado es de vital importancia a la hora de reducir los índices de inflación y generar trabajo digno con alimento sano y barato para las familias argentinas.
Parte de un acuerdo nacional
Entendemos que un gobierno de acuerdo nacional no puede dejar de lado las contradicciones primarias que hay en los distintos modelos de desarrollo económico, destacando que tanto el FMI como el agronegocio son contrarios directamente a la posibilidad de soberanía alimentaria, de bienestar y justicia social. Ya es hora que la dirigencia política entienda que la agenda del modelo agroalimentario es urgente y necesaria para poder dar transformaciones reales para el pueblo argentino.
Frente al debate de las próximas elecciones, nosotros fomentamos un estado presente y activo, un modelo de inclusión, acuerdo nacional y justicia social.
Desde la UTT y la Mesa Agroalimentaria Argentina venimos llevando adelante estas políticas en los territorios y ya hemos presentado al gobierno un Programa Agrario para el Alimento con una serie de medidas, muchas de las cuales ya son proyecto de ley.
No debe plantearse ni entenderse como contradictorio la necesidad de recaudar dólares, escasos debido a la deuda ilegítima con el FMI y la sequía, con las acciones concretas para construir una agenda de soberanía alimentaria, en la que prime garantizar el acceso a los alimentos. Para esto deben desarrollarse políticas públicas activas, partiendo de lo ya construido, y sin miedo a ir por más.
Porque frente a la necesidad, como siempre, el alimento es un derecho.
*Coordinador Nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y referente de la Mesa Agroalimentaria Argentina.