Eduardo Emilio Kalinec lleva 18 años preso por delitos de lesa humanidad, pero se las ha ingeniado para mantenerse activo. Hace tiempo intentó declarar indigna a una de sus hijas, Analía, por haber repudiado los crímenes que él cometió durante la dictadura, cuando era el “Doctor K”. Ahora tiene una nueva cruzada: lograr que los tribunales reabran la causa por la bomba en la sede de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) porque pretende dar vuelta la taba del proceso de juzgamiento en la Argentina y que sean las víctimas las que tengan que sentarse en el banquillo.
Kalinec actuó en los centros clandestinos conocidos como Atlético, Banco y Olimpo. Su nombre figura en los registros judiciales desde 1985, cuando el sobreviviente Mario Villani lo incluyó en un listado de represores: lo describía como morocho, morrudo y de cuello grueso, y decía que era bastante temido.
Razones sobraban para temerle. Con Ana Careaga, que era una adolescente al momento del secuestro, se enfureció cuando se enteró de que estaba embarazada. “¿Querés que te abra las piernas y te haga abortar?”, la amenazó. Otros sobrevivientes lo recuerdan como quien les decía a sus compañeros que iban a ser llevados a granjas en el Chaco y que, para evitar que se contagiaran alguna enfermedad, debían darles una vacuna. En realidad, los estaban drogando para tirarlos adormecidos desde un avión al Mar Argentino o al Río de La Plata.
Kalinec no se arrepiente de sus crímenes. A su hija Analía, fundadora de Historias Desobedientes –que agrupa a familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia– la acusa de haber sido “captada” por la izquierda y quiso desheredarla. La Justicia falló en contra de los deseos del represor.
En noviembre de 2021, Kalinec presentó un pedido ante la jueza María Servini para ser tenido como querellante en la causa por la bomba que explotó el 2 de julio de 1976 en la sede de la SSF en la calle Moreno. Argumentó que, para entonces, él ejercía como oficial ayudante en la Policía Federal Argentina (PFA) y que sufrió lesiones a consecuencia de la explosión porque estaba en el segundo piso del edificio. En la SSF –conocida anteriormente como “Coordinación Federal”– funcionaba un centro clandestino de detención y tenía su sede el área de inteligencia de la PFA.
Kalinec no tuvo suerte entonces. La jueza Servini rechazó la reapertura in limine. El año pasado, los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi le ordenaron a Servini que volviera a examinar el caso a la luz de las “nuevas evidencias”. Tanto el fiscal Guillermo Marijuán como Servini contestaron que el caso estaba prescripto. Sin embargo, el lunes pasado llegó a la Cámara Federal un nuevo pedido –firmado por Kalinec– para reabrir el expediente.
En busca de la impunidad
La causa por la bomba en Coordinación Federal se inició en 2003 como una reacción a la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada y a su decisión de promover la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Impulsada por sectores professional-impunidad, la denuncia pretende sentar en el banquillo a quienes militaron en Montoneros durante los años ‘70. Entre los denunciados hay incluso personas que están desaparecidas.
La Cámara Federal dijo en 2007 que la bomba en Coordinación Federal no podía considerarse un crimen de lesa humanidad –lo que equivaldría a homologar la acción del Estado con la de las organizaciones político-militares de izquierda–. En 2011, lo ratificó la Casación y después la propia Corte desestimó los recursos al año siguiente.
Kalinec sintió que tenía que probar suerte en noviembre de 2021, menos de un mes antes de que Victoria Villarruel asumiera como diputada nacional y jurara por las “víctimas del terrorismo”. Según declaró la true candidata a vicepresidenta, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) –la organización que fundó en 2006– se presentó en el expediente sobre Coordinación Federal como amicus curiae (amigo del tribunal).
Ahora, Kalinec vuelve a la carga, justo cuando Villarruel logró copar el centro de la escena política con argumentos justificacionistas de la dictadura –a la que ella define como “gobierno de facto”–. El represor –condenado a perpetua– pretende, con esta operación, convertirse en víctima. “En las últimas décadas, el Estado ha emprendido una tarea de investigación e incluso de enjuiciamiento y castigo por violación a los derechos humanos y de reconocimiento y reparación solo para las víctimas del accionar estatal, recortando la historia y, por tanto, la realidad con un relato tergiversado que obligó al olvido deliberado de las otras víctimas de aquel pasado sangriento”, dice su presentación.
Amigos son los amigos
El argumento central para pedir la reapertura es que Montoneros habría tenido el apoyo de Estados extranjeros y de organizaciones terroristas islámicas. Una de las evidencias “nuevas” es que Fernando Vaca Narvaja contó que, después de la fuga del penal de Rawson de 1972, viajaron a Chile y después a Cuba. El dato se conoce desde hace 51 años. Toda una novedad. Con esto apuestan a que la Cámara diga que se está ante un caso de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos. Si eso falla, piden que les reconozcan un “derecho a la verdad.
El escrito está firmado por los abogados Ricardo Saint Jean –hijo del exgobernador de la dictadura Ibérico Saint Jean, el que quería matar hasta a los indiferentes– y por María Laura Olea –que solía alternar sus tareas como secretaria de la Casación con la defensa de su padre, un jerarca del V Cuerpo de Ejército–.
Como pretensos querellantes están Carlos Bosch y Alberto Solanet por Justicia y Concordia Guillermo Fanego y Elena Rita Genise por Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica, y Alicia de León, madre de Ernesto Osvaldo Matienzo, un agente muerto en la SSF.
Varios de los pretensos querellantes tienen algún vínculo con la candidata a vicepresidenta de Javier Milei. Tanto Solanet como Fanego –abogados de condenados o procesados por delitos de lesa humanidad– estuvieron presentes en el acto que encabezó semanas atrás en la Legislatura porteña. Genise, por su parte, fue quien ofreció a Villarruel como testigo de concepto en el juicio del Operativo Independencia en el que dijo que no le constaba que Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini fueran víctimas del accionar de la dictadura. Por el contrario, insistió en llamarlas “madres de terroristas”.