La continuidad y reactivación del programa de Facilidades Extendidas del FMI que anunció el Gobierno ayer, y a través del cual se reestructura la deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri, despertó aplausos algo exagerados entre economistas cercanos al gobierno y reservas desde el campo de la heterodoxia.
Martín Burgos, coordinador del Departamento de Economía Política del Centro cultural de la Cooperación, señaló que “Hay cierta justicia poética en que el ministro de Economía, Luis Caputo, venga a intentar resolver los problemas que él mismo dejó en 2018” cuando fue ministro de Economía del gobierno que tomó el préstamo millonario que el país todavía está pagando.
Consultado sobre la veracidad de las nuevas metas del acuerdo, Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central, indicó que “la meta fiscal depende de que el Gobierno esté dispuesto a consensuar con la oposición las medidas fiscales, porque tanto aquellas vinculadas con los ingresos como con los gastos deben pasar por el Congreso. Por otro lado, el esquema económico profundizará la recesión, y esto debilita siempre los ingresos tributarios, lo cual dificultará también el cumplimiento de la meta anual”.
En igual dirección se manifestó Burgos: “Se propuso al FMI un plan de ajuste muy fuerte, que es el que ya anunció el Gobierno y que presupone la aprobación de la ley ómnibus y del DNU en el Congreso, porque allí se contiene una parte importante del paquete de ajuste, como las privatizaciones y el cambio en la movilidad jubilatoria. Pero es posible que aun con el ajuste aprobado no se llegue a cumplir la meta por la fuerte recesión que afectará a la recaudación tributaria”.
“Es peligroso poner una hipótesis tan agresiva de baja del déficit, que ni siquiera el Fondo la estaba pidiendo”, agregó Sergio Chouza, director de la consultora Sarandí, para quien “el recorte del gasto será muy fuerte, y eso en un año recesivo profundizará la magnitud de la crisis”. “Más temprano que tarde esto se traduce en la destrucción de puestos de trabajo en la economía”, agregó.
Respecto de la meta de acumulación de reservas, Vanoli señaló que “es más relajada de lo que se pensaba pero requerirá un cambio en la política cambiaria: la devaluación del 2 por ciento programada en enero y febrero, con una inflación del 25 por ciento en diciembre y valores similares o más altos en enero y febrero, forzarán una nueva corrección del tipo de cambio a partir de marzo, sobre todo para que liquiden los exportadores. El blanqueo de capitales podrá ayudar pero también dependerá de las negociaciones en el Congreso”.
En tanto, Mariano Kestelboim, ex embajador ante el Mercosur y ALADI, fue optimista con respecto a que la acumulación de reservas de 10.000 millones de dólares tiene “alta probabilidad de cumplimiento, debido al enorme movimiento del tipo de cambio y las políticas de aumento de precio de los combustibles y las tarifas de servicios públicos, que provocarán una fuerte caída en el poder adquisitivo de los salarios, lo cual contribuirá a contraer las importaciones por la merma del consumo interno”.
“Además –agregó–, las exportaciones crecerán dada una cosecha que se estima será muy buena y por la capacidad de desarrollo energético del país. El saldo exportable de carnes y granos también será mayor que en años anteriores por el deterior del consumo interno”.
En cambio, Chouza sostuvo que “la meta de acumulación de reservas es un número ambicioso. No veo con claridad que pese a tener superávit en la balanza comercial sea sencillo lograr ese resultado”. Y especificó: “Hay importantes pagos de intereses especialmente en la segunda mitad del año, también es probable que se abran algunos componentes de la Cuenta Corriente que estaban sellados como el giro de utilidades y dividendos al exterior, y habrá que ver cómo cierra la Balanza de Servicios en el marco de una economía más desregulada. Hay cuestiones que desafían la meta, pese a que la buena cosecha generará un plafón”.